Año nuevo, marco fiscal nuevo. Si 2016 arrancó con la segunda parte de la reforma fiscal, que incluía una bajada del Impuesto de Sociedades, 2017 empezará, paradójicamente, con una subida del mismo impuesto. Y es que el Gobierno ha vuelto a tirar de este tributo para alcanzar el objetivo de déficit fijado por Bruselas (3,1%). Además, unos 2.500 ayuntamientos aplicarán las revisiones catastrales, lo que implicará una subida del Impuesto de Bienes Inmubles (IBI) a partir del 1 de enero.
El Gobierno ya tiró de Sociedades en 2016 para cuadrar el déficit con la recuperación del mínimo obligatorio de los pagos fraccionados para recaudar 9.000 millones. Y ahora ha vuelto a hacerlo limitando algunas deducciones para recaudar otros 4.650 millones. En realidad, los últimos cambios ya están en vigor, pero las empresas tendrán que cumplir con estas nuevas obligaciones en el primer pago de 2017, que tendrá lugar en abril.
¿En qué consisten los cambios? Es cierto que las medidas no modifican los tipos en sí, sino que limitan ciertas deducciones: la exención por dividendos, la reversión de los deterioros de valor den participaciones y la limitación de la compensación de bases imponibles negativas. Lo más controvertido es que algunas medidas tienen carácter retroactivo, lo que ha levantado muchas ampollas entre las organizaciones empresariales y los economistas, que han puesto incluso en duda la constitucionalidad de los cambios.
Es lo que pasa, por ejemplo, con la obligación de revertir a Hacienda las bases imponibles negativas generadas en Sociedades por pérdidas en el valor de sus participaciones en otras compañías hasta 2013. Esto significa que tendrán que devolver lo que se anotaron en bases fiscales negativas durante los primeros años de la crisis. Tendrán cinco años para hacerlo a razón de un 20% al año. Esta es una de las medidas que más ha enfadado a las empresas, que no entienden que se cambien las reglas del juego en el último momento.
También mejorará la recaudación gracias a los Impuestos Especiales, Patrimonio y el IBI
Pero lo cierto es que el Gobierno no solo ha recurrido a Sociedades para cuadrar el déficit de 2017, también ha subido algunos Impuestos Especiales, como el del tabaco y el del alcohol. Estos cambios también entraron en vigor a principios de diciembre y su impacto se empezará a notar ya en la recaudación del último mes de 2016. Además, se comprometió a crear una nueva figura para gravar las bebidas azucaradas que se tendrá que detallar en los Presupuestos, que ya se están negociando con los grupos parlamentarios.
También prometió a Bruselas una reforma de la fiscalidad medioambiental para equipararla con el nivel de otros países europeos. Y probablemente verá la luz este nuevo año. Hacienda no ha detallado aún en que va a consistir la reforma, pero sí ha dicho que permitirá recaudar otros 500 millones y que tendrá un doble objetivo: asegurar el cumplimiento de los objetivos nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero y hacer que la tributación medioambiental española converja con la europea.
Y en el primer plan presupuestario que envió a Bruselas a mediados de octubre, cuando el Gobierno aún estaba en funciones, incluyó ya la nueva prórroga del Impuesto de Patrimonio, que aportará a las comunidades autónomas unos 1.300 millones, y la revisión de los valores catastrales en unos 2.500 ayuntamientos, que supone una subida del IBI. Estas medidas también permitirán mejorar la recaudación de 2017.
Tocar o no tocar el IVA
Con todas estas iniciativas fiscales, el Gobierno espera que los ingresos remonten y permitan dejar el déficit en el 3,1% pactado con Bruselas. Además, intentará mejorar los resultados de la lucha contra el fraude y realizará una auditoría del gasto para reducir gastos supérfluos, aunque son muchos los expertos que avisan de que la vía del gasto ya está agotada. Y otros tantos creen que las medidas fiscales no serán suficientes y que el Gobierno acabará tocando el IVA el año que viene.
Esta es, de hecho, una de las medidas que viene reclamando la Comisión Europea desde hace años. No pide que el Gobierno suba los tipos generales, pero sí que revise la lista de productos que actualmente tributan al tipo suprerreducido (4%) y reducido (10%) para pasar algunos al tipo general (21%). El Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos españoles como Funcas o el IEE también piden una medida de este tipo. El Gobierno, de momento, se niega, veremos según avance el año.