La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se suma a la oleada de revisiones a la baja y calcula que la economía española crecerá un 4,1% este año, 1,4 puntos menos de lo que esperaba hace seis meses. Esta es la segunda estimación más pesimista realizada hasta ahora, sólo por detrás de la Comisión Europea, que prevé un crecimiento de apenas el 4% en España en 2022. El Gobierno y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) son algo más optimistas y esperan que el Producto Interior Bruto (PIB) repunte un 4,3%.

La OCDE argumenta que esta "desaceleración" en el crecimiento al 4,1% en 2022 y al 2,2% en 2023 (retrasando aún más la recuperación total de la economía española, que ya se esperaba para 2023, siendo la última en volver a los niveles de 2019), debido al "aumento de la incertidumbre, la alta inflación y la desaceleración de la demanda externa". Sobre el segundo asunto, uno de los más preocupantes para la mayor parte de los economistas, la organización también alerta de que si bien la inflación se moderará en 2023 gracias a la "holgura" del mercado laboral y el "moderado traspaso" a los salarios, "seguirá siendo alta" por el impacto del embargo petrolero de la UE a Rusia.

Concretamente, la OCDE prevé que la inflación media en España alcance el 8,1% este año (el nivel más alto desde 1986) y en 2023 se mantenga en el 4,8%, un nivel elevado si se compara con años anteriores y con las previsiones de otros organismos económicos (el Banco de España ha avanzado que este viernes revisará a la baja la inflación media de este año, que en abril situó en el 7,5%). El año pasado, cuando los precios energéticos empezaron a inflar el índice a partir de verano, se cerró con una variación media del 3,1%, retrocediendo a niveles de 2011. Pero para encontrar una tasa superior al 4,8%, hay que remontarse a 1992 (sin contar el 2022).

Sitúa la subyacente en el 4,5% este año y el próximo

Además, alerta de que "existe el riesgo de que una mayor inflación se consolide si se producen más perturbaciones en el mercado de la energía o una mayor transmisión a los precios y salarios finales". De momento, las estadísticas de convenios colectivos que difunde mensualmente el Ministerio de Trabajo reflejan unas subidas salariales moderadas, del entorno del 2,4% hasta abril.

Sin embargo, la inflación subyacente (que excluye los precios de la energía y de los productos frescos y, por tanto, es menos volátil y más representativa desde el punto de vista de la dinámica económica) se situó en mayo en el 4,9%, un nivel no visto desde hace 27 años. Varios economistas han reconocido su preocupación ante el riesgo de que esta tasa se enquiste. Ahora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico calcula que la inflación subyacente media se situará en el 4,5% tanto este año como el próximo.

La inflación frena el consumo de los hogares

La OCDE explica que la elevada inflación y la incertidumbre tendrán un impacto negativo sobre uno de los principales motores de la economía, el consumo de los hogares, que apenas crecerá un 0,1% este año, según sus cálculos. También advierte que los cuellos de botella en el suministro de semiconductores limitarán la inversión privada y las exportaciones de mercancías.

No obstante, confía en que la demanda interna se vea impulsada por el ahorro acumulado durante la pandemia, el paquete fiscal para mitigar los efectos de la guerra, la continua recuperación del empleo y los fondos Next Generation EU. En este sentido, la demanda doméstica crecerá un 1,9% este año. Asimismo, "la recuperación en curso del turismo también apoyará el crecimiento", añade.

Existe el riesgo de que una mayor inflación se consolide si se producen más perturbaciones en el mercado de la energía o una mayor transmisión a los precios y salarios finales. La escalada de la guerra en Ucrania o nuevos brotes de COVID-19 crean riesgos a la baja para el crecimiento, mientras que un uso de los fondos de la UE superior al supuesto y su impacto en la actividad económica podrían impulsar aún más el crecimiento.

Pide una estrategia fiscal a medio plazo

Finalmente, la OCDE recuerda que "la política fiscal seguirá siendo favorable en 2022 y 2023, pero pide al Gobierno "una estrategia de consolidación a medio plazo basada en revisiones del gasto para empezar a reducir gradualmente el déficit fiscal y la relación deuda pública/PIB". Esta se situará en el 115,6% al cierre de este año y en el 113,1% en 2023; mientras que el déficit se reducirá al 5% en 2022 y al 4,2% en 2023, según sus previsiones.

En este sentido, en el informe publicado este miércoles destaca que el plan del Gobierno para hacer frente a la crisis energética, con ayudas a hogares y empresas vulnerables valoradas en 6.000 millones de euros y que se pretenden prorrogar más allá de este mes, "debe estar bien focalizado y ser temporal". Asimismo, advierte de que la indexación de las pensiones al IPC aumentará los ingresos de los hogares, pero también el gasto público. En informes previos, la OCDE ya había advertido de que la reforma deberá combinarse con otras medidas para que sea sostenible a largo plazo.

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