Los caminos de OHL y el fiscal anticorrupción Juan Pavía vuelven a cruzarse, tres años después de que éste llevase a cabo una investigación sobre presuntas irregularidades de la compañía en México, donde había estallado un escándalo por la difusión a través de internet de conversaciones telefónicas entre directivos de la filial azteca del grupo en las que se hablaba de estas prácticas. Aquella investigación, en la que llegó a requerirse la colaboración de la Fiscalía mexicana, terminó sin resultados.
El 'caso Lezo', que investiga la presunta corrupción en torno a adjudicaciones de contratos públicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, le ha vuelto a dar un disgusto a OHL. Según adelantaban los diarios El Confidencial y El Independiente, una nueva pieza de la instrucción, sobre la que acaba de levantarse el secreto de sumario, ha desencadenado otra investigación sobre el presunto pago de comisiones por parte de OHL a cambio de adjudicaciones en diversas Comunidades Autónomas, entre ellas Madrid, Valencia y Canarias.
La Fiscalía Anticorrupción interviene en esta investigación a través de los fiscales Ana Cuenca y Juan Pavía. Para este último, OHL no es un asunto desconocido. En otoño de 2015, a raíz de una denuncia dirigida a la Fiscalía, inició una investigación en busca de presuntas prácticas de corrupción en México.
En mayo de aquel año estalló un escándalo en el país azteca como consecuencia de la difusión de unas conversaciones entre directivos de OHL México en las que se hablaba de presuntas irregularidades contables en determinados negocios de concesiones de la compañía.
Escándalo político
El asunto llegó incluso al Parlamento mexicano, toda vez que se ponía en el centro de la diana al entonces presidente mexicano Peña Nieto, al que acusaban de ser condescendiente con la compañía y no perseguir sus presuntas actuaciones ilícitas. Algunos diputados deslizaron la información de que la Procuraduría General de la República (PGR), equivalente a la Fiscalía española, había recibido una petición de colaboración por parte de la Fiscalía Anticorrupción de España en referencia a este caso.
Finalmente, la PGR plasmó en un documento oficial la existencia de un requerimiento de información por parte del organismo español acerca de la compañía. La solicitud de asistencia jurídica internacional llevada a cabo por Anticorrupción se registró a comienzos del mes de octubre de aquel año 2015.
A instancias de la denuncia presentada en Anticorrupción, el organismo español trató de corroborar la veracidad de las presuntas malas prácticas que se insinuaban en las grabaciones publicadas de forma anónima en internet, en alguna de las cuales aparecía incluso la voz del propio Juan Miguel Villar Mir, ex presidente y primer accionista de OHL.
Venta del negocio
Por su parte, el grupo español de construcción y servicios denunció ante la PGR la grabación de estas conversaciones al considerar que se había realizado de forma ilegal e incluso que el contenido de las mismas había sido intencionadamente manipulado. Las acusaciones de OHL México fueron dirigidas contra la empresa auditora de tráfico en concesiones Infraiber, con la que mantenía diversos litigios judiciales en el país azteca.
Finalmente, tras un considerable retraso por parte de la PGR en atender la petición de la Fiscalía Anticorrupción, la investigación concluyó sin resultados concretos.
Posteriormente, OHL se deshizo de sus negocios concesionales en México al vender al fondo australiano IFM la compañía que agrupaba estos activos en todo el mundo, OHL Concesiones.
