El 70% de los pasajeros de autobús de carretera están pagando alrededor de un 30% de sobreprecio por cada kilómetro de recorrido interurbano en un contexto de mercado "oligopólico" con Alsa, Samar y Avanza como principales beneficiarios, según estiman desde la Organización de Consumidores y Usuarios.
El problema tiene su meollo en que cerca de la mitad de las licencias de las 82 rutas nacionales reguladas por el ministerio de Fomento llevan años caducadas en el marco de un sector que la organización de los consumidores define, sin tapujos, como "oligopolio". Existe además una gran "opacidad" sobre la decena de licencias y empresas autonómicas, denuncian también a Vozpópuli fuentes de la OCU.
Según inciden desde la entidad, el hecho de que las empresas con las concesiones de rutas nacionales, principalmente Alsa (que transporta al 46% de los viajeros en rutas nacionales), Samar (17%) y Avanza (12%), acumulen años sin que sus licencias pasen por un concurso público - algunas llevan desde 2012 sin renovarse - tiene un impacto en el precio que pagan los consumidores, además de en la calidad del servicio y de los propios autobuses.
Las concesiones caducadas de Alsa, Avanza y Samar son ya un 30% más caras que las renovadas
Así, las concesiones caducadas fundamentalmente de Alsa, Avanza y Samar afectan al 70% de los viajeros interurbanos cada año, y son un 26,6% más caras de media para los pasajeros en trayectos de corta distancia, un 16,9% en los de media, un 48,7% en los de larga y un 33% en los trayectos transversales (aquellas que superan los 750 km de extensión y que atraviesan la Península de un extremo al otro). "Un viaje de 1.000 kilómetros puede costarte 75 euros en una ruta operada con licencia caducada, mientras que si se ha renovado, el precio baja hasta los 58€, ejemplifican desde la OCU.
Oligopolio y litigiosidad
El origen de las deficiencias del sector está, inciden desde la entidad de los consumidores, en que "la mayoría de las rutas se crearon y concedieron hace muchas décadas y nunca han vuelto a ser licitadas, dado que su plazo de concesión era muy largo o se ha ido prorrogando sucesivamente. En este tiempo, el proceso de concentración de empresas ha acabado creando los grandes grupos oligopolistas que tenemos ahora".
En la década del 2000, la Administración empieza a intensificar sus controles dadas, sobre todo, las presiones que llegaban desde Bruselas. Hasta el año 2014, sin embargo, no hizo sino priorizar en los concursos la permanencia de los trabajadores o las condiciones técnicas de la flota por encima del precio o la frecuencia de paso, lo que favoreció durante años y de forma sistemática a las empresas más asentadas.
Desde entonces, en cualquier caso, se produjo un cambio en las condiciones en favor del precio que no ha se terminado de volcar al mercado por la enorme judicialización de los contratos o procesos adjudicatarios que se ha desatado entre las empresas disconformes y la administración por los cambios y las diferentes condiciones de los pliegos lo que lleva a que haya licencias con muchos años sin renovar, explican fuentes del sector.
El sector tiene como usuarios a alrededor de 700 millones de viajeros interurbanos cada año
"Nosotros estamos a favor de que las licencias caducadas se renueven, que salgan a concurso, creemos que es lo que tiene que pasar", afirma a este medio Jaime Rodríguez, director de Confebus, la patronal del autobús.
"El tema es que para que eso sea posible tienen que poner de su parte tanto las empresas como la Administración y, sobre todo, resolver los tribunales, ya que cada vez que se recurre una contratación, el proceso de renovación se paraliza", remarca Rodríguez. Así ha sucedido en los últimos meses después de que la Federación Castellano Leonesa de Transporte en Autocar protestara al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (dependiente de Hacienda) por las condiciones de los pliegos de dos concursos que fueron así paralizados.
El negocio
En medio de esta paralización burocrática/jurídica se mueve, por lo pronto, un negocio multimillonario. El sector, estiman desde Confebus, mueve en conjunto en torno a 6.000 millones de euros anuales y transporta al 50,3% de los pasajeros de viajes interurbanos.
A preguntas de Vozpópuli, la OCU rehuye trazar una relación entre su estudio sobre los sobreprecios y las cifras que dan consultoras y/o la propia patronal del autobús sobre los ingresos del sector a nivel global y, concretamente, los vinculados a las rutas nacionales reguladas por Fomento (esta última cifra, atendiendo a fuentes de Confebus, rondaría aparentemente los 350-400 millones anuales).
Desde la entidad defensora de los consumidores, por contra, se limitan a recordar que, según las últimas cifras de Fomento, las empresas de transporte interurbano (corta, media y larga distancia) dan servicio a alrededor de 700 millones de viajeros cada año, y que, según sus propias estimaciones, las licencias caducadas acaparan al 70% de esos viajeros.
