La batalla judicial que enfrenta desde mediados de 2019 a Andrea Orcel con Santander, ha terminado este año -a la espera de que continúe con los recursos- con una sentencia a favor del banquero italiano que nadie en Boadilla del Monte preveía en sus peores sueños.
El Juez Javier Sánchez Beltrán, del Juzgado de Primera Instancia de Madrid, declara en su sentencia, conocida el pasado día 10 de diciembre, la perfección del contrato entre Santander y Orcel, y condena a banco presidido por Ana Botín a abonar al actual consejero delegado de Unicredit 68 millones de euros. Como ha publicado Vozpópuli, la indemnización total previsiblemente se reducirá en seis millones, al haber un error material en la valoración del importe de uno de los pagos reclamados.
"El contrato fue resuelto de manera unilateral e injustificada por parte de Banco Santander", dice en la sentencia el Juez, que será recurrida por el banco español.
El enfrentamiento con Orcel ha sometido a la entidad y a su presidenta a un desgaste que debía haberse evitado
El caso trasciende el elevado importe que tendrá que provisionar este año Santander por el no fichaje más caro de la historia. El enfrentamiento con Orcel ha sometido a la entidad y a su presidenta, Ana Botín, a un desgaste que, desde luego a la luz de la sentencia, debía haberse evitado. El italiano acompañó su demanda con grabaciones con Botín, y se han aireado conversaciones y prácticas internas del primer banco español cuanto menos incómodas.
Santander comunicó el 25 de septiembre de 2018 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a los medios de comunicación el fichaje del banquero italiano como consejero delegado, y durante el proceso ha defendido la existencia de "una carta oferta", y no de un contrato formal.
El BCE quiere que los bancos de la eurozona cuenten con una separación efectiva entre el presidente y el primer ejecutivo
El 15 de enero de 2019 Santander informó a través de un hecho relevante publicado en la CNMV que su consejo de administración había acordado, "a propuesta de las comisiones de nombramientos y retribuciones, dejar sin efecto el nombramiento de Orcel como consejero delegado".
El banco indicó que la decisión era consecuencia "de la modificación, tras las negociaciones mantenidas, de las bases sobre las cuales el consejo adoptó la decisión de designar al Sr. Orcel y la imposibilidad de que los costes de compensar a éste por sus remuneraciones pasadas excediesen los tenidos en cuenta al acordar el nombramiento".
Orcel presentó demanda contra Santander el 27 de mayo de 2019, admitida a trámite el 25 de junio de ese mismo año.
Durante el juicio, en el que se han celebrado dos sesiones -el 19 de mayo y el pasado 20 de octubre- han declarado como testigos Ana Botín; el exresponsable de Recursos Humanos de Santander, Roberto di Bernardini; y el Secretario del Consejo de Administración del banco, Jaime Pérez Renovales.
Andrea Orcel, nombrado consejero delegado de Unicredit el pasado mes de abril, ha asistido como público a las dos sesiones del juicio, en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.
El coste de un no fichaje
La derrota de Santander por este caso tiene mayor alcance que el pago millonario que afronta ahora la entidad por la indemnización a Orcel, cuando precisamente fue supuestamente el elevado importe que suponía su contratación lo que acabó con el fichaje.
El caso Orcel cuestiona la gobernanza del mayor banco español, por el proceso de selección de su consejero delegado, en el que tanto se implicó la presidenta Ana Botín.
El Banco Central Europeo insiste en su deseo de que los bancos de la eurozona cuenten con una separación efectiva entre la figura del presidente y la del primer ejecutivo o consejero delegado, y el caso Orcel ha mostrado el fuerte poder de decisión ejecutiva que ostenta Ana Botín.
Santander ha iniciado ahora otra batalla contra otro consejero delegado de armas tomar, Ismael Clemente, de Merlin
También deja en el aire la cuestión de por qué el banco se propuso designar un nuevo consejero delegado hace dos años. José Antonio Álvarez se ha mantenido desde entonces en ese mismo puesto. ¿Necesitaba en 2019 un nuevo consejero delegado el Santander? ¿No lo requiere ahora?
Y cuestiona la estrategia que ha seguido la entidad en este caso, permitiendo que llegara a los tribunales en lugar de haber tratado de pactar un acuerdo. Ofrecer a Orcel la presidencia de una inmobiliaria española, como se deduce de las conversaciones grabadas que acompañaron la demanda, no era suficiente.
Por estas razones, entre otras, el coste del caso Orcel para Santander es algo más que los 62 millones de euros de indemnización.
A partir de ahora se abre la incógnita de si el banco español va a batallar en los Juzgados hasta llegar al Tribunal Supremo contra el italiano, o si va reconsiderar su posición y tratar de alcanzar un acuerdo que apague los focos sobre su presidenta y la política de Gobierno Corporativo de la entidad.
Santander tendrá que decidir sobre la cuestión al tiempo que ha iniciado otra batalla contra otro consejero delegado de armas tomar, Ismael Clemente, primer ejecutivo de la mayor inmobiliaria española, Merlin Properties.
