Pedro Sánchez ha configurado un Gobierno de coalición con el récord de 23 miembros, a los que se sumarán una pléyade histórica de altos cargos y asesores. Mientras, las comunidades autónomas han aumentado el número de consejerías y cargos para complacer las exigencias de los pactos de gobierno, y algo similar ha sucedido en muchos municipios. Y, pese a la advertencia de Bruselas al Estado español para que no aumente el gasto público estructural, sigue sin control también lo que los partidos políticos tildan de Administraciones paralelas cuando están en la oposición pero que nunca ponen freno cuando alcanzan el poder.
Se trata de un puzle de miles de entes, consorcios, fundaciones, organismos autónomos, comerciales y administrativos, agencias, instituciones sin ánimo de lucro, sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales, incluso universidades. A ellos se suman patronatos, emisoras de radio y televisión, cementerios, centros de empleo, sociedades de gestión urbanística o de promoción industrial, además de escuelas taurinas o de artes escénicas y música, festivales de todo tipo, ferias, empresas de jardines, sociedades en el exterior, museos de toda clase, entidades de suelo y de desarrollo, estadios deportivos y hasta talleres y hoteles.
Incluyendo las unidades públicas denominadas de mercado (que según Bruselas deben ingresar por sus servicios al menos el 50% de su gasto) y los entes con control mayoritario así como en gran medida el minoritario de las distintas Administraciones, a mediados de 2019 (último dato disponible) había 19.675 organismos públicos en España colgados del Estado, Autonomías, Ayuntamientos y Diputaciones. Lo que significa que en España existe un organismo por cada 2.380 habitantes. Esta inflación de organismos es consecuencia de la existencia de al menos 451 entidades por parte del Estado; 1.921 en las autonomías; y 17.285 en los ayuntamientos, incluyendo las administraciones generales. Lo que es evidente es que sobra sector público para cumplir el objetivo de déficit o para destinar este ingente gasto público a otras partidas que generen actividad económica.
Estas administraciones satélite han servido, sobre todo en los años de la crisis, para que los partidos coloquen a los suyos y dar cobijo laboral y salarial a una masa ingente de enchufados
Las Administraciones han venido creando esta amalgama de unidades públicas sin que en muchos casos se sepa cuál en su función, si tienen o no actividad, y, por si fuera poco, para ejercer actividades que en muchos casos podrían realizar sus propios servicios generales o que deberían desempeñar las empresas privadas. Por ejemplo, habría que preguntarse qué sentido tiene que la sociedad pública Correos se dedique a enviar paquetes a los clientes de Amazon. Estas Administraciones satélite han servido, sobre todo en los años de la crisis, para que los partidos coloquen a los suyos y dar cobijo laboral y salarial a una masa ingente de enchufados, descatalogados de la política y de los sindicatos, amigos y en muchos casos hasta familiares. Para ello, cuentan con una dotación presupuestaria de personal, gastos corrientes y financieros.
Repuntan tras la crisis
Aunque también hay nuevas altas, la Intervención General del Estado ha ido depurando su número en los últimos años, sobre todo de entes que ya estaban en fase de liquidación. Al comienzo de la crisis la cifra llegó a los 21.307 y en los años posteriores aumento su número si bien se ha ido reduciendo lentamente su número, en particular en los ayuntamientos, pero es evidente que las Administraciones están sobredimensionadas (tanto generales como paralelas) y que todavía queda mucho por hacer para atender las exigencias de la UE de reducir el gasto público estructural y la necesidad de bajar el déficit público y la deuda. Lo más curioso, pese a los intentos de transparencia, es que Hacienda facilita información de sus datos generales y postales, así como de sus actividades, recursos o régimen presupuestario, pero no de quienes dirigen estos entes ni quienes componen su consejo de administración o sus sueldos.
Presionado por el ajuste exigido por la UE, el PP inició a partir de 2012 un extenso programa de reducción de estos entes. Pero, su resultado se ha circunscrito sobre todo en el Estado (Administración Central) a meras fusiones de entidades fantasmas o inactivas y de liquidaciones de entidades que deberían haberse extinguido hace muchos años (por ejemplo, los que se crearon para la Expo y las Olimpiada de 1992, entre otros).
Cuando empezó la crisis, el Estado tenía 485 unidades institucionales. Tras la reducción practicada por el PP ese número bajó a 413 en 2017, pero en 2018 repuntó a 453 y volvió a subir hasta 451 en 2019.
Las autonomías disparan la cifra
El boom se ha producido sobre todo en las comunidades autónomas que se apuntan: 19 administraciones generales, incluyendo Ceuta y Melilla; 92 organismos administrativos; 13 organismos comerciales; 48 organismos autónomos; 48 entidades públicas empresariales; 150 entes públicos; 16 agencias; 445 consorcios; 546 fundaciones; 35 instituciones sin ánimo de lucro; 461 sociedades mercantiles y 48 universidades hasta sumar esos 1.921 organismos que superan los 1.753 existentes en el inicio de la crisis.
En 2019 se incluyen por primera vez los 151 entes del País Vasco. Las que más han engordado el número de unidades públicas desde el inicio de la crisis han sido Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana y, sobre todo Cataluña que, según el inventario de Hacienda, ha pasado de tener poco más de 260 en 2007 a 392 en 2019. En el último año, la Generalitat catalana contaba con 141 consorcios; 101 fundaciones; 62 sociedades mercantiles; 51 entes públicos; 21 organismos administrativos y, por ejemplo, 7 universidades.
Por su parte, las administraciones locales tienen 12.984 entidades principales y otros 4.301 entes dependientes.
Reforma pendiente
De esta inflación de unidades públicas no hablan los partidos, menos aún en sus pactos de Gobierno, ni figura en los programas electorales. Siguen utilizando estos entes como agencias de auto colocación. No hay que olvidar que el dinero público parece no tener dueño, ni nadie pide explicaciones.
Es la reforma pendiente de las administraciones públicas que ningún Gobierno se atreve a acometer, que mida la eficiencia o ineficiencia de este ingente gasto (por ejemplo, sólo la comunidad andaluza dedica 1.200 millones anuales). La última reforma que hizo el PP en 2014, de Racionalización y Modernización de las Administraciones Públicas, sólo ha servido para que el contribuyente y administrado interactúe por vía telemática con las administraciones y realice parte del trabajo que antes hacían los empleados públicos mientras, curiosamente, crece el número de efectivos a pesar de la fuerte inversión digital realizada.
Lo que es evidente es que España tiene un aparato administrativo público excesivo y atomizado, con duplicidades y triplicidades de servicios y Administraciones, ajeno a la competitividad exigida en una economía libre de mercado.
