El Gobierno de República Dominicana ha frenado la construcción de un complejo turístico por parte de Be Live, la marca hotelera del grupo Globalia, en Guaraguao-Punta Catuano, área protegida y de recreo limítrofe al Parque Nacional Cotubanamá. El presidente de la compañía, Juan José Hidalgo, compró los terrenos hace 20 años "de buena fe y al precio de mercado de aquella época, con la certificación de la Dirección de Parques Nacionales y la autorización del Gobierno de Hipólito Mejía", asegura Globalia.
Sin embargo, el actual presidente de República Dominicana, Danilo Medina, ha decidido suspender temporalmente la construcción del proyecto Leaf Bayahibe -tanto del alojamiento como de un área de recreo que se donará al Ministerio de Medio Ambiente, según Globalia- para formar una Comisión que lleve a cabo un estudio del marco legal y los compromisos medioambientales de la zona protegida y realice un informe público con recomendaciones y directrices.
Varias organizaciones ecologistas nacionales han denunciado que el plan del grupo de Pepe Hidalgo "es ilegal" y viola todas las leyes ambientales que prohíben específicamente la construcción de hoteles en áreas protegidas. El lobby asegura que la compañía ya ha comenzado el desmonte dentro de parque y ha interpuesto un recurso de oposición ante el Ministerio de Medio Ambiente dominicano para que no le otorgue el permiso de construcción.
Según figura en un documento al que ha tenido acceso Vozpópuli, en agosto del año 2000 el entonces presidente del Gobierno Hipólito Mejía estableció por decreto que esa zona de 24 hectáreas que dos meses más tarde compró Globalia quedaba "excluida de la declaratoria de utilidad pública e interés social". Así, desde Globalia aseguran a este medio que "cuando Hidalgo compró el terreno tenía documentación que atestiguaba que la parcela estaba fuera del parque".
Sobre esta cuestión, el ambientalista Adolfo López ha acusado al fundador y presidente de Globalia de "gastarse un dinerito" para conseguir que "sacaran del Parque Nacional la zona donde está su terreno y la convirtieran en área de recreo y así poder construir el hotel". Por su parte, Juan José Hidalgo "se reserva el derecho de emprender acciones legales por difamación e injurias", informa la compañía en un comunicado.
Un complejo de 96 cabañas
El grupo fundado por Pepe Hidalgo explica que no se trata de un hotel, sino de un proyecto "revolucionario, ecológico y sostenible" compuesto por 96 cabañas con un "impacto mínimo sobre el entorno en la construcción y explotación". "Juan José Hidalgo nunca habría comprado dichos terrenos de no contar con autorización del Gobierno para construir en ellos, o si hubiese pensado que formaban parte de un área protegida", asegura.
En cuanto al inicio del "desmonte", el grupo turístico detalla que la construcción del Leaf Bayahíbe "no ha comenzado y las obras sólo tienen que ver con las nuevas instalaciones que serán donadas al Ministerio de Medio Ambiente y que incluirán un centro de visitantes, zona de exposiciones, instalaciones para el personal de vigilancia y seguridad del parque Cotubanamá y áreas de parque y caminos pedestres para puntos de interés".
Juan José Hidalgo es ciudadano dominicano además de español y, según datos proporcionados por la empresa, ha invertido más de 500 millones de dólares en el país caribeño, emplea a cerca de 3.500 personas y ayuda a traer al país a 400.000 pasajeros al año. "Con siete hoteles y distintas inversiones inmobiliarias, ha contribuido de forma significativa al desarrollo económico y social", argumenta Globalia.
De esta forma, la compañía está convencida de que "cualquier decisión técnica sobre este proyecto hará que pueda salir adelante" y argumenta que "generará más empleo y riqueza, con cerca de 300 empleos directos y la llegada de turistas con mayor valor adquisitivo, lo que aumentará el gasto promedio". La clave está, entonces, en si los terrenos que compró Globalia están o no protegidos y si es lícita la construcción del proyecto Leaf Bayahibe.
En una carta a la que también ha tenido acceso este medio, la dirección jurídica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana asegura que "no es correcto pensar que la declaratoria de área protegida es sinónimo de declaratoria de utilidad pública y de inutilidad e indisponibilidad del inmueble", pues "cada categorías de áreas protegidas contiene unos usos predeterminados por la norma y en este caso permite la realización de un proyecto de esta naturaleza".
