El Gobierno intenta resucitar el pacto de rentas y sólo cosecha escepticismo entre los agentes sociales y le llueven los retos. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, lanza uno a Pedro Sánchez en forma de petición aclaratoria: que cuantifique ya cuánto va a subir el sueldo de los funcionarios, que no lo deje para finales de año. Y apunta con ironía que el Estado es el primer empleador y debe ser una referencia. Todo ello, cuando el Ejecutivo no prevé subidas de más del 2% a los empleados públicos el año que viene, la misma cifra que impuso sin negociar para 2022, y trata de no abrir la mesa de negociación hasta el otoño para no abrir el debate.

Así lo planteó el líder de la patronal en la Asamblea General de CEOE y así lo viene trasladando, cuando Sánchez ha pasado de recomendar moderación salarial a empresas y sindicatos para que la subida de salarios no incremente aún más los precios a reclamar subidas intensas a los empresarios, en el giro a la izquierda que está imprimiendo a su discurso tras el fiasco de las elecciones en Andalucía.

Este escenario ha unido a CEOE y a los funcionarios, que reclaman a Sánchez que se hable del sueldo del Sector Público. "Coincidimos en esta petición", trasladan a Vozpópuli desde CSIF, que precisamente ha mandado una carta a Sánchez este miércoles en este sentido.

"En ningún caso hemos dicho que no haya subidas salariales", ha destacado este miércoles Garamendi en Onda Cero, simplemente ha advertido de que "hay que tener mucho cuidado con indexar a la inflación esa subida porque volveríamos a una inflación de segunda ronda". La patronal estaba dispuesta a subidas del 3,5% -cerca de un 8% en tres años- pero nunca a indexarlas al IPC.

Para Garamendi, además de los funcionarios, es fundamental también hablar sobre las pensiones, por los costes que implica también para el Estado. "Cada punto de pensiones son 1.700 millones y en la reposición del próximo año del baby-boom son 4.000 millones de euros más. Podemos estar hablando de 17.700 millones más de coste en pensiones", ha subrayado.

"Todos queremos que los pensionistas cobren y los salarios suban, pero lo que no queremos es que quiebre el sistema", ha indicado Garamendi, que ha denunciado que el Estado "está influyendo también para que la inflación se dispare", pues está recaudando más de 20.000 millones de euros gracias a ella y debería dedicar parte a atender las necesidades básicas de los ciudadanos.

En relación a una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) este año como la que apoya la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Garamendi considera que "los mensajes de la vicepresidenta son en pura clave electoral" y cree que "no es realista" lo que plantea.

En cualquier caso, el momento elegido por el Gobierno no es el mejor en su relación con la patronal. La vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció este lunes que el miércoles iba a haber reunión con patronal y sindicatos sobre el pacto de rentas, un anuncio del que patronal y sindicatos se enteraron por los medios y que ha causado malestar, al tratarse en principio de una reunión sobre el Plan de Recuperación.

Y este encuentro, en el que no ha habido avances, se ha producido además después de que Sánchez cargara la semana pasada en La Sexta contra Garamendi y su crítica al impuesto a las energéticas: "Me pareció bastante lamentable la declaración del director de la CEOE comparando el nazismo con el impuesto a las energéticas. Los españoles están dispuestos a ajustarse el cinturón, pero sabiendo que hay un reparto justo. Este Gobierno legisla para una mayoría dispuesta a solidarizarse pero que quiere ver a sus Ejecutivos arremangándose para proteger su prosperidad y calidad de vida", dijo.

Estas declaraciones vienen precedidas además por otras tantas en las que el presidente del Gobierno ha empezado a señalar a "terminales" mediáticas, políticas y económicas empeñadas en acabar con el Ejecutivo de coalición. Y preguntado por qué poderes fácticos denuncia, habla de "dinero" y de "cenáculos" donde se "fuman puros". En este sentido, Garamendi ha criticado que ahora se quiera descalificar a los empresarios por su posición en este asunto."Hemos firmado 15 acuerdos (con el Gobierno y los sindicatos), lo digo porque parece que ahora nos fumamos puros. Hemos pasado de ser Obi Wan Kenobi a Darth Vader", ha lamentado.

Lo que piden los sindicatos

Los sindicatos de la Función Pública no salen de su asombro con las declaraciones de Pedro Sánchez sobre el salario de los funcionarios. Si en abril apuntaba a no actualizar su salario con la inflación en aras de la contención de la inflación y lo vendía como una novedad, cuando el Gobierno les sacó del IPC en los Presupuestos de 2022, ahora asegura que Hacienda está negociando con ellos su subida salarial.

CSIF recuerda que los empleados públicos llevan aportando a la contención salarial desde hace 12 años, cuando el Gobierno les rebajó el sueldo, y arrastran una pérdida de poder adquisitivo superior al 15% por la inflación.

En este sentido, el sindicato reclama al presidente que desbloquee la negociación con el Ministerio de Hacienda sobre las condiciones laborales en las Administraciones Públicas.

La carta recoge que la negociación a la que Sánchez se refirió en una reciente entrevista "no se ha producido ni se está produciendo", y subraya que la negociación colectiva del conjunto de empleados y empleadas públicos "está bloqueada por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública" a pesar del compromiso firmado hace un año de fijar un calendario. Además, Miguel Borra -firmante de la carta- denuncia que tampoco se ha iniciado ninguna negociación después de que Hacienda haya dado la orden para comenzar a elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Si el Gobierno continúa dando la espalda a estas reivindicaciones, CSIF anuncia nuevas movilizaciones en las calles de toda España a partir de septiembre en lo que será un otoño caliente en defensa de la dignidad y calidad de los servicios de las y los empleadas y empleados públicos.

Los funcionarios reclaman un aumento salarial de al menos el 4,5% este año con efectos retroactivos a 1 de enero, el doble de lo previsto; y del 3,5% en 2023 más una cláusula de revisión conforme al IPC en la modalidad que se pactara con el Ejecutivo, según explicó a Vozpópuli Humberto Muñoz, portavoz del Área Pública de CCOO. En total, una subida de en torno a un 8% en dos años.

Si CEOE reclama al Gobierno que cuantifique la subida salarial de los funcionarios, los sindicatos exigen ahora más subidas de impuestos, una vez que el Ejecutivo ha anunciado que prepara un impuesto a las energéticas, ante los beneficios, a su juicio, desorbitados de las empresas. Consideran que las empresas "se están forrando" y reclaman un alza del Impuesto sobre Sociedades.