El IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), el único impuesto cuya recaudación no había dejado de crecer incluso en los peores años de la crisis económica, ha perdido ingresos en 2020 en el primer año de la pandemia. Es la primera vez que sucede desde su creación en 1990. Se trata de un impuesto anticíclico, que ha sobrevivido a todas las burbujas inmobiliarias y las crisis, porque grava la mera tenencia de los inmuebles; y que se ha convertido en la principal fuente de financiación de los ayuntamientos ya que en algunas localidades costeras alcanza el 70% de los tributos locales.
Este impuesto ha conseguido que las corporaciones locales hayan ingresado más de lo que gastan en los últimos años practicando subidas ininterrumpidas de los tipos aplicables según sus necesidades y sin tener en cuenta la situación económica. La mayoría de los ayuntamientos pidió a Hacienda la actualización de los valores catastrales (sobre los que se aplican los tipos) durante el 'boom' inmobiliario (en particular de los terrenos), pero no se han acordado de solicitar una nueva revisión durante la crisis cuando han bajado los valores reales de mercado.
El ministerio de Hacienda ha cuidado con esmero su crecimiento, incluso ha facilitado subidas en los peores momentos de la segunda recesión, con el objetivo de procurar más ingresos ‘invisibles’ para que las corporaciones tuvieran superávit y así reducir el déficit consolidado del conjunto de las Administraciones Públicas. Por ejemplo, el Gobierno del PP aprobó en 2012 una medida, en plena segunda recesión, que establecía un incremento entre el 4% y el 10%. Iba a durar dos años y, sin embargo, aún se mantiene.
Se trata de un impuesto anticíclico, que ha sobrevivido a todas las burbujas inmobiliarias y las crisis, porque grava la mera tenencia de los inmuebles
Según los datos de Contabilidad Nacional, los ayuntamientos ingresaron 12.845 millones de euros por IBI en 2020 frente a los 13.893 millones del año anterior. Es decir, se ha producido un descenso del 4,1% (548 millones) hasta los niveles de recaudación de 2016. Pese a esta caída, sigue siendo el impuesto que más ha crecido en España desde su creación hace 30 años. En 1990 aportaba a las arcas municipales 1.500 millones, y ahora supera los 12.800 millones. Es decir, se ha multiplicado por más de ocho veces. Y queda a sólo 3.000 millones de distancia (15.800 millones) de la recaudación de Hacienda del conjunto de las empresas españolas. Representan un 48% de los ingresos totales de las corporaciones por los tributos ligados a la producción (24.381 millones frente a los 26.855 de hace un año) y un 36% del conjunto de la recaudación (35.763 millones frente a los 39.535 millones en 2019) derivada de los impuestos locales y nacionales sobre la producción, renta y patrimonio y capital (engloba desde el IBI, a todo el catálogo de tributos sobre la vivienda y las construcciones o plusvalías, IRPF, IVA, Sucesiones, Hidrocarburos, vehículos o tasas).
Este impuesto ha conseguido que las corporaciones locales hayan ingresado más de lo que gastan en los últimos años practicando subidas ininterrumpidas
¿A qué se debe este descenso recaudatorio del IBI si las propiedades que grava no han desparecido durante la pandemia? Sorprende esta primera caída ya que, aunque ha bajado la construcción en este año, ha aumentado levemente el número de viviendas (123.00 más) y no hay constancia de que se haya producido una reducción de los tipos impositivos aplicados en los recibos correspondientes. Según los últimos datos del catastro, hay 7.700 municipios en España que emiten unos 39 millones de recibos anuales por bienes (desde viviendas a locales o garajes) por un valor catastral total (la suma del valor de la construcción y el del suelo) de unos 2,4 billones de euros.
Fuentes oficiales de ayuntamientos importantes achacan la caída de ingresos a las bonificaciones que algunas corporaciones han introducido para reducir los recibos de las actividades más perjudicadas por la pandemia. Por ejemplo, el consistorio de Madrid ha bajado un 25% la cuota de los inmuebles de uso para la hostelería, comercio, ocio o espectáculos. Mientras, en Hacienda se señala como causantes del descenso a los programas de fraccionamiento o de aplazamientos de pago de muchos ayuntamientos para evitar los impagos que se preveían. Sin embargo, las bonificaciones se han producido sólo para los propietarios de locales de negocio que ejercen estas actividades. Por tanto, el efecto de la reducción de las cuotas no ha sido muy significativo, más bien testimonial, como reconocen los fiscalistas consultados.
En Hacienda se señala como causantes del descenso a los programas de fraccionamiento o de aplazamientos de pago de muchos ayuntamientos para evitar los impagos que se preveían
Es decir, los arrendatarios de los locales de estos negocios no han podido acceder a esta ayuda, que tendría un mayor efecto amplificador si se les aplicara ya que hay muchos empresarios y autónomos que ejercen su actividad en un local que no es propio. Y también podría haberse extendido a los arrendadores (que también tienen problemas para cobrar la renta o que en muchos casos han reducido su montante) para que repercutan esta reducción a los arrendatarios. Por otra parte, las facilidades otorgadas para el pago fraccionado del IBI (hasta en nueve mensualidades como ha hecho, por ejemplo, el ayuntamiento de Vitoria) o para conceder un aplazamiento del recibo, no merman en sentido estricto la recaudación efectiva. Es decir, si la anotación contable se hace con el denominado criterio de devengo (constan los derechos de cobro sin tener en cuenta el momento del pago), se apunta el total del recibo, es decir, se anota el cobro total aunque no se haya percibido aún.
Impagos del IBI
Otra cosa es que los apuntes se hayan realizado con el criterio de caja (sólo se anota el pago en el momento de producirse). Por ello, los expertos consultados advierten de que la caída recaudatoria del IBI se debe también a un posible aumento de los impagos por el momento crítico de la economía y el empleo. De momento, el ayuntamiento de Madrid ha reducido en 56 millones la recaudación por el IBI en 2020, pero ha conseguido un superávit en sus cuentas totales. Es decir, tenía más margen para reducir las cuotas y facilitar el cumplimiento de su abono.
Mientras, por ejemplo, en la liquidación presupuestaria del consistorio de Barcelona se señala que en el año pasado ingresó 678 millones por el IBI, pero quedan 38 millones pendientes de cobro. Lo que es evidente es que las cuotas de los recibos de la contribución no han bajado durante 2020 para la mayoría de los contribuyentes a pesar de las dificultades de la pandemia y de la situación económica.
En todo caso, la caída recaudatoria de este impuesto sería aún mayor si prosperaran los miles de recursos que llegan a los ayuntamientos de los propietarios de segundas residencias, sobre todo en la costa. Alegan que, tras decreto del Gobierno que redujo la movilidad por la pandemia (y la normativa sobre confinamiento), no han podido disponer del bien inmueble durante todo el año, sobre todo en la zona costera, y cuyo pago se les ha exigido en el recibo anual. Hay más de cuatro millones de segundas residencia en España (también en manos extranjeras). Un tercio se concentra entre Alicante, Valencia y Málaga, pero también hay segundas residencias interiores sobre todo en las grandes urbes como Madrid y Barcelona.
Muchos ayuntamientos han rechazado en la primera vía administrativa los recursos, pero siguen su curso en instancias superiores. Si estos recursos prosperaran en su momento, Hacienda también tendría que revisar las declaraciones de la renta ya que la ley del IRPF determina que se ha de incluir una renta presunta del 2% o 1,1% del valor de las segundas y demás propiedades.
Hay más de cuatro millones de segundas residencia en España (también en manos extranjeras). Un tercio se concentra entre Alicante, Valencia y Málaga
Los fiscalistas señalan que hay que hacer una profunda revisión de este impuesto. Critican la doble y a veces la triple imposición para los dueños de las viviendas ya que muchos inmuebles urbanos, además de ser gravados por este impuesto municipal, también tributan en el IRPF a través de la imputación de rentas y por impuestos ligados a la financiación autonómica como son el de Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Y, en el caso de propiedades dedicadas a alguna actividad económica, no tiene sentido que la tributación por este impuesto dependa de la forma jurídica o del importe neto de la cifra de negocios sin tener en cuenta los beneficios que se obtienen.
En todo caso, los ingresos por el IBI no han sido los únicos que han bajado para los ayuntamientos como consecuencia de los efectos de la pandemia y de la situación económica. De los datos detallados que se conocen de 2020, la recaudación del Impuesto sobre la Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO) ha caído un 24% (257 millones menos); un 32% ha descendido la recaudación por el Impuesto del Valor de Los Terreros de Naturaleza Urbana (Plusvalías); y, por ejemplo, un 5% (90 millones) se ha reducido la caja del Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica (coches). Es decir, se han hecho y vendido menos casas y se han comprado menos coches. En general, los impuestos recaudados han bajado un 9,5%, aunque el saldo negativo de los ingresos totales queda en el -5,7% tras el solapamiento contable del aumento de las transferencias que el Estado les ha realizado para combatir la pandemia.
De esta forma, la Administración Local (incluyendo diputaciones) alcanzó unos ingresos totales (tributarios y no tributarios) de 73.853 millones en 2020 frente a los 78.323 millones de 2019 (4.500 millones menos). Sin embargo, esta pérdida de ingresos no ha supuesto que las cuentas hayan registrado un saldo negativo sino que, como consecuencia de la reducción del gasto del 4,8% (70.983 millones frente a los 74.575 millones en 2019), las corporaciones volvieron a registrar un nuevo superávit de 2.870 millones (pero 878 millones menos que hace un año).
Conviene aclarar que el descenso del gasto no se debe a planes de ajuste sino a que los ayuntamientos y las diputaciones han realizado menos transferencias a las CCAA por la caída de su recaudación precisamente por la pandemia (unos 2.300 millones menos) y, en particular, por un nuevo ‘tijeretazo’ a la inversión pública (unos 1.200 millones) reduciendo a la vez las posibilidades de generar actividad en el sector privado cuando más falta hace por la crisis económica y laboral.
