La actividad legislativa en España brilla por su ausencia ante la dificultad para armar las mayorías parlamentarias necesarias y la presión electoral de los últimos meses. Pese a haber entrado en el Congreso decenas de leyes -entre proyectos y proposiciones-, en lo que va de año se han aprobado únicamente dos, la de amnistía y la de enseñanzas artísticas, ambas en mayo.

En general, el volumen de leyes orgánicas y ordinarias aprobadas en el Congreso durante el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido un 30% inferior al del anterior Ejecutivo, con Mariano Rajoy al frente. Obviando el 2018, año marcado por las dos presidencias, entre 2012 y 2017 se aprobaron un total de 184 leyes, frente a las 128 sacadas adelante entre 2019 y 2024.

Sin embargo, la debilidad parlamentaria del Gobierno está siendo especialmente notable este año, con el fracaso de la ley contra el proxenetismo planteada por el PSOE y la retirada 'in extremis' de la ley de suelo -impulsada por el propio Ejecutivo- ante la previsible derrota apenas 48 horas después.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha optado en numerosas ocasiones por la fórmula del real decreto ley para sacar adelante sus iniciativas. Permite al Gobierno ponerlas en marcha urgentemente y con rango de ley vía Consejo de Ministros, aunque debe ser convalidada en 30 días por el Parlamento. Y también con ella ha cosechado derrotas parlamentarias.

El 10 de enero de 2024 Podemos tumbó el real decreto ley que incluía la reforma del subsidio por desempleo. Tuvo que diseñarse un nuevo texto que finalmente fue convalidado en junio. Ya en 2019 el Congreso derogó el real decreto ley impulsado por el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de medidas urgentes en materia de vivienda.

En todo caso, la mayoría de los reales decretos que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez, garantizándose su entrada en vigor, luego han sido ratificados en el Congreso. Algunos de gran calado, como la reforma laboral o la segunda parte de la reforma de las pensiones. Y en ocasiones, a cambio de convertirlos en proyectos de ley para permitir la introducción de enmiendas a otras formaciones políticas.

Equipo Económico (Ee) denuncia que "la necesidad de impulsar una agenda de reformas en favor de la competitividad y el crecimiento contrasta con el entorno político de fragmentación y polarización" y "la incapacidad de aunar los consensos necesarios está constituyendo una importarte rémora para la aprobación de reformas estructurales y la consolidación fiscal".

El servicio de estudios advierte que esto afecta "a la confianza y la inversión y, por tanto, a la sostenibilidad del crecimiento actual en el medio plazo". “La economía española ha demostrado en momentos relevantes de las últimas décadas ser capaz de avanzar y converger hacia la media europea gracias al impulso reformador desde el sector público", añaden.

En opinión de los economistas del think tank, "este ha de ser, de nuevo, el camino", con "la apertura a la UE y de forma estratégica al resto del mundo, el impulso a la innovación, el fomento del aprendizaje continuo y de una migración regular y ordenada, y la mejora de la eficiencia de la Administración y de sus servicios prestados".

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