Isabel Pardo de Vera ha protagonizado el último capítulo de la tensión entre el Gobierno de izquierdas y el alto sector inmobiliario encarnado por Asval, la asociación que representa los intereses de fondos de inversión inmobiliarios como Blackstone, Ares o Castlelake. Esos a los que el propio presidente del Gobierno se ha referido en campaña como "fondos buitre".

Asval precisa un nuevo presidente en sustitución del exministro socialista Joan Clos, cuyo mandato vence este mes, y la propia expresidenta de Adif llegó a trasladar su disposición al cargo apenas seis meses después de su cese como secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Según ha podido reconstruir Vozpópuli, el meollo de la historia en su conjunto, frente a lo narrado en primera instancia, estaría precisamente en la posible posición del Gobierno al respecto de la legalidad o no de que Pardo de Vera asumiera el puesto que Asval pretende ocupar la semana entrante y que, tras darse a conocer este viernes, despertó ya polémica en las redes sociales. Según ha podido corroborar este diario a partir de fuentes del entorno de la ingeniera, la renuncia se perfila como indeclinable.

Si bien la presión social habría contribuido al desenlace de la historia, el marco habría venido dado por las dificultades para hacer encajar ante los límites de la Ley de compatibilidades un acuerdo entre partes privadas que deja traslucir el mensaje de una pretendida interlocución del sector inmobiliario con el Gobierno en un momento bisagra. El 2024 marca el inicio de las conversaciones para la ejecución de la nueva Ley de Vivienda, con cuestiones sobre la mesa como el nuevo índice de actualización de contratos a partir de 2025 y las negociaciones para la cesión por parte de los grandes propietarios de miles de viviendas al Estado para que cumpla sus objetivos de promoción de vivienda asequible a cambio de contratos de 25 años que permitan a estos inversores rotar sus activos y cumplir sus ciclos de inversión.

En la línea de hacer agenda con el Gobierno, pocas personas podían reunir el expertise que se le ha presupuesto a Pardo de Vera pese a su cese en febrero de este mismo 2023 después de que la ministra del ramo, Raquel Sánchez, le trasladara la responsabilidad de la crisis ferroviaria en los túneles de Asturias y Cantabria por trenes que no servían.

Hasta entonces, Pardo de Vera era considerada una de las figuras con más ascendencia dentro del Gobierno y proximidad al Ejecutivo de Pedro Sánchez, si bien, a finales de 2022, ya manifestó públicamente su oposición al control de precios de la Ley de Vivienda que el presidente acabó aprobando con el apoyo de la izquierda, en abril de este 2023.

Posible incompatibilidad de Pardo de Vera

Desde el 1 de marzo de 2023, la ingeniera percibe una indemnización por su despido de 7.306 euros mensuales, que cobraría hasta el 25 de septiembre de 2024, avanzó este medio. Así las cosas, Pardo de Vera tendría que renunciar a la citada retribución pública en caso de recibir otra por una actividad privada.

En cualquier caso, a tenor de las fuentes consultadas, el proceso de autorización de la ex número 2 de Transportes podría haberse tornado más complejo de lo previsto para partes interesadas atendiendo a la Ley 5/2006 de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

Según establece dicha ley en su artículo 8, existen "limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese" que podrían alcanzar a "altos cargos" como Pardo de Vera. Casos como el suyo no podrán desempeñar, durante los dos años posteriores a su cese de la AA.PP., sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado.

Los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley han abocado a una delicada interpretación por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses, a la que las partes hubieron de acudir por imperativo legal.

De acuerdo a la misma normativa, "se considera que existe relación directa cuando se den cualquiera de los siguientes supuestos de hecho: a) que los altos cargos, sus superiores a propuesta de ellos o los titulares de sus órganos dependientes, por delegación o sustitución, hubieran dictado resoluciones en relación con dichas empresas o sociedades. b) Que hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dichas entidades".

El primero y, sobre todo, el segundo de estos supuestos han abocado a una delicada interpretación por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses, a la que las partes hubieron de acudir en las últimas semanas por imperativo legal. "En el plazo de un mes la Oficina de Conflictos de Intereses se pronunciará sobre la compatibilidad de la actividad a realizar y se lo comunicará al interesado y a la empresa o sociedad en la que fuera a prestar sus servicios", añade la normativa. A última hora de esta tarde, desde la Oficina de Conflictos de Intereses se limitaron, a preguntas de este medio, a incidir en que "no tenemos novedad" sobre el punto en que se encontraba el expediente relativo a Pardo sin dar más detalles.

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