Los gobiernos de la Unión Europea han pactado este viernes que la Comisión Europea evalúe el cumplimiento de los objetivos fiscales de cada país al valorar si aprueba los planes nacionales de reformas para acceder a las ayudas del fondo europeo de recuperación una vez se activen de nuevo las reglas presupuestarias comunitarias, algo que no está previsto que suceda antes de 2022.
Finalmente, España no ha conseguido eliminar la referencia que el texto hace a los "aspectos fiscales" incluidos en las recomendaciones que la Comisión Europea hace anualmente a cada país, como sugirió este martes el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, en la reunión del Ecofin y como también reclamaron Irlanda y Luxemburgo.
Por contra, los embajadores de los Veintisiete ante la UE han confirmado este viernes el acuerdo alcanzado entre los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) sin añadir ningún cambio al texto pactado entonces por los titulares de Economía de los Estados miembro, según han confirmado fuentes diplomáticas a Europa Press.
Negociaciones con el Parlamento Europeo
Este paso abre la puerta a las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre el reglamento de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF), que es el instrumento más cuantioso del fondo europeo de recuperación.
El RRF repartirá hasta 672.500 millones de euros entre todos los socios comunitarios hasta 2026. De ellos, 360.000 millones serán créditos y 312.500 millones serán transferencias directas. A España le corresponden 59.000 millones en subvenciones y hasta 85.000 millones en préstamos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha avanzado que España planea incluir 25.000 millones de este instrumento en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, pero las instituciones de la UE todavía tienen que completar una serie de etapas para que las ayudas de este plan anticrisis puedan llegar a las capitales.
Una de ellas es cerrar el reglamento que regirá el funcionamiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En ella se establecen cuestiones como que al menos el 37% de las ayudas deben estar dirigidas a impulsar la transición ecológica y el 20% a favorecer la transición digital.
Otro aspecto de estas normas es que los gobiernos podrán acceder a un anticipo del 10% de sus sobres nacionales una vez sus planes reciban el visto bueno del Ejecutivo comunitario. El resto del dinero se iría desembolsando progresivamente a medida que se cumplen una serie de objetivos y metas predefinidas.
La evaluación de los planes
Sin embargo, el reglamento también recoge los criterios que debe seguir la Comisión Europea a la hora de evaluar y proponer la aprobación estos programas nacionales de reformas e inversiones, desbloqueando así el desembolso de los fondos.
Según el texto pactado por las capitales, el Ejecutivo comunitaria debería examinar si los planes nacionales "contribuyen con efectividad a atajar todas o un subconjunto significativo de desafíos identificados en las recomendaciones específicas relevantes para cada país, incluidos los aspectos fiscales y recomendaciones" en virtud del reglamento europeo sobre desequilibrios económicos.
Esta redacción, añadida por Alemania como presidencia de turno de la UE este semestre, es nueva con respecto al borrador legislativo que proponía la Comisión, en el que se establecía que Bruselas debía analizar si el plan nacional "contribuye con efectividad a atajar los desafíos identificados en las recomendaciones específicas relevantes" de cada Estado miembro.
"Confusión"
El secretario general del Tesoro español intervino en el debate de este martes para señalar que la nueva frase era "redundante" y la referencia a la senda fiscal podría generar "confusión". Los representantes de Irlanda y Luxemburgo también propusieron cambiar la redacción de esta parte.
Sin embargo, el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, se opuso a abrir el texto para nuevos cambios con el pretexto de que ya contenía un equilibrio "muy delicado" entre las capitales.
Otro de los aspectos que recoge el documento acordado entre los Veintisiete es el que abre la puerta a una suspensión de las ayudas si Bruselas comprueba que un Estado miembro no ha adoptado las medidas necesarias para reducir un déficit público excesivo.
De nuevo, para que fuese efectiva esta disposición, primero se tendrían que activar las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que siguen suspendidas y también lo estarán en 2021.
En todo caso, se trata del artículo 9 del futuro reglamento y esta posibilidad ya estaba contemplada en la propuesta legislativa de la Comisión Europea, pero no gustaba a algunos grupos de la Eurocámara, como socialdemócratas o ecologistas, que ya han anunciado que intentarán eliminarlo durante las negociaciones.
