Según el último barómetro del CIS, la vivienda se ha convertido ya en el tercer problema más importante de la sociedad española detrás de la inmigración y la crisis económica. Incluso supera la preocupación por el paro, la situación política o la calidad del empleo. Desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa se han producido sustanciales cambios legislativos en el sector que, como pronosticaban, los agentes inmobiliarios sólo ha servido para constreñir la oferta y subir los precios. Y no hay noticias, por ejemplo, de la realización de las 184.000 viviendas públicas prometidas por el presidente del Gobierno en la última campaña electoral, con la necesidad de disponer de suelo urbanizable, mientras que los socios que sostienen al Ejecutivo preconizan la intervención pública del mercado inmobiliario.
Lo que parece evidente es que, además de los salarios, el principal problema de la catarsis del mercado inmobiliario se debe a la exigua oferta existente de suelo y de construcciones y quizá a la acumulación de estos activos por parte de algunas empresas, entidades y curiosamente también de los partidos políticos y de los sindicatos que han engordado sus balances y su patrimonio neto a costa de sumar terrenos y construcciones. Según figura en sus cuentas, los estas organizaciones reúnen más de 300 millones de euros en bienes inmobiliarios.
Es decir, aunque viven de ingentes subvenciones públicas, parecen haberse sumado al negocio del ‘ladrillo’ como una empresa más, probablemente con millones de metros cuadrados (no hay datos oficiales de la dimensión), en detrimento de su condición de entidades sociales que se supone sin ánimo de lucro. Es más, el PSOE incorpora en sus cuentas de 2023 más de 7,4 millones en el capítulo de inversiones inmobiliarias destinadas a alquiler o venta de estos activos mientras se sigue “trabajando para incorporar estados financieros de nuevas construcciones de sedes de agrupaciones locales que no están recogidas aún en el balance” (en 2023 se han asignado dos inmuebles más).
Las actividades inmobiliarias se han convertido en una de las partidas más importantes de las cuentas de los partidos y sindicatos. Figuran en capitulo de activo no corriente del balance de situación como contempla el Plan General Contable y en concreto se detalla en los asientos correspondientes al inmovilizado material y al de inversiones inmobiliaria. El primero es el más numeroso ya que, aunque algunos partidos indican cifras conjuntas, contemplan los asientos 210, relativo a Terreros y Bienes Naturales, y 211 relativo a las construcciones. Se refiere a aquellos inmuebles que poseen un valor económico, que se mantienen en el patrimonio de la sociedad para su uso, desarrollo o explotación y que contribuyen a su patrimonio neto. No tienen depreciación contable alguna, se registran al coste de adquisición inicial y se ajustan periódicamente al valor razonable de mercado siempre que sea más bajo.
El segundo, corresponde a los bienes físicos (edificaciones, obras y similares) que se mantiene para obtener ingresos o que se utilizan en el desarrollos de la actividad (los partidos están exentos de pagar el Impuesto de Sociedades así como de otros tributos). Se valoran por su coste de adquisición y luego se van amortizando a lo largo de su vida útil, con una serie de coeficientes, para reflejar el desgaste o la obsolescencia. Por ejemplo, el saldo del valor inmobiliario de las construcciones en manos del PSOE es de 85 millones de euros que tras la amortización acumulada de más de 26 millones se queda en un neto de 59 millones.
En total, los partidos políticos más relevantes suman en sus balances unos 211 millones en activos inmobiliarios mientras que la mayor parte de las organizaciones sindicales (algunos no facilitan las cifras de los últimas cuentas) supera los 80 millones. En realidad, este patrimonio en “ladrillo” y terrenos es sensiblemente superior. Por ejemplo, el PSOE no integra los bienes de los grupos municipales y los partidos catalanes independentistas mantienen su demanda de restitución o compensación de miles de inmuebles “confiscados” en la guerra civil. Es probable que esta demanda se active ahora en el proceso de apoyo parlamentario al Gobierno de Sánchez. Además, los sindicatos no incorporan, por ejemplo, los bienes del patrimonio sindical histórico y acumulado ni gran parte de los cedidos que según el auditor son también parte del inmovilizado intangible en las cuentas.
Desglose por partidos
La mayoría de los partidos y sindicatos no discriminan en los balances el valor del suelo y de las construcciones y edificaciones ni recogen en las memorias económicas los metros cuadrados de sus propiedades. En todo caso, el PNV es el partido que dispone de mayor patrimonio inmobiliario, que se supone concentrado en el País Vasco. En su último balance de 2023 constata un valor de 70,7 millones entre terrenos y construcciones, mientras que manifiesta no tener inversiones inmobiliarias ni bienes del patrimonio histórico. Le sigue el PSOE con 58,7 millones y otros 7,4 millones de ingresos por inversiones inmobiliarias. Este partido ha reclasificado desde 2020 tres inmuebles desde la cuenta de terrenos y edificaciones a la de inversiones ya que están disponibles para la venta (entre ellos se encuentra la antigua sede de Gobelas).
Casi a la par en valor se encuentra el PP con una partida en terrenos y construcciones de 57,5 millones en su activo no corriente, mientras señala no tener inversiones inmobiliarias en curso. Detrás se encuentra Izquierda Unida (IU) con 9,8 millones (unos 5,4 millones corresponden a construcciones y el resto a suelo), pero se trata de datos de 2022 (últimas cuentas disponibles). Podemos, uno de los partidos que más pide la intervención del Gobierno en la vivienda, tiene en su balance de 2022 (el de 2023 no parece disponible) 4,1 millones de patrimonio inmobiliario, mientras que EH Bildu, otro de los apoyos del Gobierno, señala tener más de 2,4 millones (2 millones se adjudican al valor de sus construcciones).
En cuanto a ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), otro de los ‘socios’ parlamentarios de Sánchez, manifiesta tener terrenos y construcciones por valor de casi 0,3 millones. Pero, en la letra pequeña de la Memoria de sus cuentas advierte que tiene presentada ante la Dirección General de Patrimonio del ministerio de Hacienda una solicitud “ad cautelam” de restitución o compensación (no aclara si monetaria o de canje de otros inmuebles) de los bienes y derechos confiscados entre 1936 y 1939. En este sentido, identifica a 1.056, incluso de fuera de Cataluña (571 en Barcelona, 290 en Tarragona, 96 en Girona, 85 en Lleida, así como 13 en las Islas Baleares y 1 en Castellón). También pide la revisión del expediente en manos de Patrimonio de octubre de 2003 para la indemnización de otros 13 inmuebles a valor de mercado.
Por su parte, Junts Per Catalunya, el partido que lidera el doblemente fugado Carles Puigdemont, no incorpora bienes inmobiliarios ni inversiones en su balance. Pero, también manifiesta en su Memoria que no ha recibido la restitución o compensación de bienes y derechos inmobiliarios. No detalla la cantidad de estos activos. Mientras, Vox y las recientes marcas como Sumar o Más Madrid tampoco indican en su balance la existencia de patrimonio alguno en suelo o edificios.
En cuanto a las organizaciones sindicales, sólo CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) tiene publicadas las cuentas de 2023. En todo caso, es el sindicato que mayor patrimonio inmobiliario incluye (44,2 millones). Por su parte, UGT dice tener (en la cuenta de 2021) 14,2 millones en su inmovilizado material y también unas inversiones inmobiliarias de 2,6 millones, mientras advierte que en esta rúbrica sólo se han clasificado los edificios y locales que “no están dedicados al uso sindical”. No menciona nada del patrimonio sindical. USO señala que acumula 4,7 millones también en inmovilizado material, sin detallar las partidas, y CCOO manifiesta disponer de 4,1 millones en activos inmobiliarios.
