Con la entrada de 2022, el reloj comienza a correr. El Gobierno presentará a Bruselas en el primer trimestre del año su modelo de pago por uso de su red de autovías. El paso definitivo para que, si nada lo impide, los conductores paguen estos nuevos peajes desde 2023.
“El pago por uso de las carreteras supone la adopción de una decisión que se viene estudiando desde hace bastante tiempo por diferentes gobiernos”, comenta Javier Romero Sullá, socio abogado de Mercantil en Cuatrecasas. “Demuestra las urgentes necesidades en materia presupuestaria, y, en especial, por las exigencias, cada vez más cuantiosas, de restaurar, conversar y mantener las principales infraestructuras de esta naturaleza”, añade.
La iniciativa nace cargada de polémica entre los consumidores y los profesionales de la carretera, pero los expertos del sector consideran que la situación actual de la infraestructura es insostenible. “Es necesario encontrar un sistema que permita cubrir el coste de mantenimiento de las carreteras pues no se puede seguir aumentando la deuda del Estado por esta cuestión y mucho menos se puede perpetuar un sistema de mantenimiento mínimo como el actualmente existente”, comentan Miguel Nieto y Zoila Jiménez, miembros del área de Transporte y Movilidad de Pinsent Masons España. “Algo tiene que cambiar, ya que actualmente seguimos aumentando la deuda y encima las carreteras están claramente inframantenidas. La respuesta lógica es implantar un modelo de pago por uso”, puntualizan.
Tal y como adelantó Vozpópuli, Moncloa ha trabajado durante este último año en dos opciones para cobrar por el uso de las autovías y que lo recaudado se destine a su mantenimiento. La primera opción ha sido transformar la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) para esta tarea. El ‘plan b’ era crear una nueva empresa pública, a imagen y semejanza de Aena, para gestionar esta red de autovías de peaje. Y, como anunció el Ministerio de Transportes al cierre de 2021, la opción que ha triunfado ha sido recurrir a la SEITT como ejecutor de este plan.
“Casi todas las infraestructuras de transporte públicas (puertos, aeropuertos y ferrocarril) repercuten un coste a los usuarios (barcos, trenes y aviones) destinado al mantenimiento y en parte a la amortización”, comenta Juan Manuel Martínez, vicepresidente de la Asociación Española del Transporte (AET). “La única excepción son las carreteras, donde teóricamente, una parte del impuesto especial de hidrocarburos (IEH) debería destinarse a este fin. Implantando el pago por uso como un ingreso finalista sin gravar con más impuestos a los ciudadanos puede ser positivo. España no puede ir contra las normas establecidas en la UE, pero hay que hacerlo bien y esto está en manos del gobierno, negociar, plantearlo de un modo racional y sin castigar más a los sufridos contribuyentes”, matiza.
Papel de las concesionarias
La alternativa que pierde fuerza para el Ejecutivo es entregar la gestión del cobro a un operador privado vía concesión. La puesta en marcha de esta medida será más compleja de entender entre la ciudadanía si se interpreta que empresas como ACS, Ferrovial, Sacyr o FCC se están beneficiando de la implantación de los peajes.
"A través de SEITT o de cualquier otro organismo público, por ejemplo, la Dirección General de Carreteras, para las grandes empresas concesionarias se abre una ventana de oportunidad inmensa", valoran desde Pinsent Masons. "El mantenimiento tradicional de las carreteras o la instalación de los nuevos sistemas de telepeaje free flow van a ser una oportunidad para las grandes concesionarias en cómo se va a desarrollar todo esto", apuntan.
El Gobierno había recibido estudios privados que cifraban en 40.000 millones de euros los ingresos públicos que generaría la vía de la concesión de estos peajes en los próximos 30 años. Desde Seopan, la patronal que integra a grandes empresas del sector como ACS y Ferrovial, llevan años defendiendo que los peajes en autovías y autopistas podrían generar al año 12.649 millones de euros. Eso sí, si la operación y conservación de estas vías se pusiera en manos del sector privado.
“Es de desear que este nuevo modelo regulatorio cuente con la colaboración del sector público, y que se apoye en figuras jurídicas ya existentes como el contrato de concesión, bien de obras o de servicios, dependiendo del objeto final del mismo, de tal forma que las inversiones a realizar tengan su origen en recursos privados que serán retribuidos mediante la explotación de la citada obra o servicio", afirma el socio abogado de Mercantil en Cuatrecasas.
Dos opciones de peaje
La SEITT será el encargado de cobrar este peaje. Más dudas existen a estas alturas en cómo lo pagaran los usuarios. La primera opción que hay encima de la mesa es el sistema de pago por viñetas, las pegatinas que acreditan el pago por el uso de la autovías y carreteras de alta capacidad. Los expertos consideran esta opción la forma más sencilla.
La segunda opción es la de pagar un importe por cada kilómetro recorrido en estas autovías. Un importe que podría rondar el céntimo por kilómetro. "Lo justo será que el sistema sea capaz de cobrar a aquellos usuarios en función de la intensidad el uso y del tipo de servicios que disfrute, penalizando por supuesto a los usuarios que más contaminen", consideran desde Miguel Nieto y Zoila Jiménez, miembros del área de Transporte y Movilidad de Pinsent Masons España.
"Esta medida debe aportar claridad y transparencia en el manejo de la gestión del mantenimiento y la mejora de las infraestructuras viarias, las carreteras y al mismo tiempo en los criterios impositivos al transporte", comenta el vicepresidente de la Asociación Española del Transporte (AET). "Pongámoslo claro, ahora la principal fuente de ingresos para el estado y de costes para los usuarios es el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), que supone el 32% del precio final de la gasolina (con el IVA sería de casi el 50% del coste que pagamos la carga impositiva). En el gasoil, el IEH es el 28% del precio final y el total con IVA de casi el 46% del precio final", asegura.
"Si se baja el IEH de manera que se equilibre la carga impositiva final, parece una buena medida cobrar por el uso de las infraestructuras, peajes directos por kilómetro recorrido. Al sector de las infraestructuras a priori puede parecer que le afectará favorablemente porque permitirá mejorar los sistemas de seguridad, los trazados, los firmes y la señalización", sugiere Juan Manuel Martínez.
Batalla política y legal
La medida ocupará grandes titulares y tertulias ciudadanas. Ni que decir tiene que en los locales de carretera se convertirá en tendencia. El Gobierno también deberá abrir la vía política para conseguir el respaldo parlamentario de este acuerdo con Bruselas. Una vía que tampoco se descarta es que los grandes afectados de los peajes abran una vía legal.
"El gobierno debe implantarlo a través de una figura jurídica adecuada, siendo éste uno de los principales retos legales existentes. Por tanto, si la fórmula que finalmente se implante consigue aunar todos estos elementos, será complicado que pueda prosperar un recurso contra la misma ya venga de consumidores o de empresas", afirman desde Pinsent Masons.
Lo justo será que el sistema sea capaz de cobrar a aquellos usuarios en función de la intensidad el uso y del tipo de servicios que disfrutePinsent Masons
"Si la regulación normativa se hace bien, con calma y meditadamente, es poco probable que puedan salir adelante. Los ciudadanos siempre nos oponemos cuando hay que pagar, sobre todo si consideramos que ya hemos pagado con anterioridad eso por lo que nos quieren cobrar, como en este caso", considera Juan Manuel Martínez. “Pese a su novedad en nuestro país, no es algo ajeno al resto de los países de la Unión Europea, que, de una u otra manera, tienen implantados sistemas de control del uso por los conductores mediante el pago de cierta cantidad, que sirve para financiar la conversación y mantenimiento de las carreteras. Y en estos países, se aplican tanto a nacionales como a usuarios extranjeros”, recuerda Javier Romero Sullá.
El pacto de Moncloa con Bruselas para instalar los peajes busca que recaudar impuestos finalistas para el mantenimiento de las carreteras que, a su vez, pretende que el transporte terrestre participe de la transición energética en el que están inmersos ambos.
