El Banco de España cree que las decisiones recientes del Pacto de Toledo de revalorizar de nuevo las pensiones según el IPC y de posponer la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023 provocará un aumento de 40.800 millones de euros, alrededor del 28%, en el gasto público destinado a pagar las pensiones.
En un informe divulgado por la entidad este lunes pronostican que para el año 2050 el gasto público en pensiones se habrá disparado 3,4 puntos porcentuales de PIB, es decir, unos 40.800 millones de euros. Actualmente el Gobierno espera gastar 144.834 millones de euros en el pago de pensiones contributivas en 2018.
En el caso de que no se aplique el factor de sostenibilidad, "según el cual el importe inicial de las pensiones se vincularía al aumento observado de la esperanza de vida a los 67 años, de modo que, cuanto mayor sea el crecimiento de esta última variable, menor será la pensión inicial", el aumento sería de 5,5 puntos porcentuales de PIB para 2060, es decir, de unos 66.000 millones.
El Banco de España explica que esta simulación conlleva "un grado de incertidumbre no despreciable", ya que asume que se registrarán tasas medias de crecimiento de PIB, inflación, salarios y número de pensiones del 1,2%, 2%, 3,3% y 1,6%, respectivamente.
Pero a pesar de los cambios que se puedan producir sobre ese escenario base, la entidad advierte al Gobierno de que las medidas recientes "requerirán actuaciones adicionales que aumenten los ingresos o reduzcan los gastos del sistema" para poder garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
Impacto a corto plazo
El Banco de España incluye estas advertencias en su último Informe Trimestral de la Economía Española, en el que repasa el impacto que tendrá en el gasto público las últimas decisiones en materia de pensiones.
En concreto, analiza la decisión de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo de que las pensiones se revaloricen de forma general en base al IPC observado, lo que implica la eliminación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que se introdujo en la reforma de 2013 y prescribía un crecimiento de las pensiones del 0,25%.
Sólo esta medida supondrá un incremento de 2.500 millones de euros en el gasto en 2018 y de unos 5.300 millones (un 0,4% del PIB) en 2019.
Por su parte, el retraso de 2019 a 2023 de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad generará un aumento de la pensión media de las generaciones que se jubilen entre 2019 y 2022 -que ahora quedan exentas de la aplicación de este factor- y un incremento de la pensión media de las cohortes que se jubilen a partir de 2023, "para las cuales el retraso de cuatro años en la aplicación del factor daría lugar a una pensión inicial mayor". Ambas cosas provocarán también un incremento del gasto.
