Los expertos han aprobado la reforma de las pensiones para desligarla del IPC y vincularla a la esperanza de vida por 10 votos a favor, uno en contra y una abstención. Finalmente, CCOO da su apoyo a la reforma, aunque emitirá un voto particular. Tras muchas idas y venidas e incluso presiones de la directiva, el técnico del sindicato, Miguel Ángel García, ha considerado que esta reforma era necesaria.
La aprobación del documento se ha retrasado simplemente para conseguir que se adapte a las peticiones de Miguel Ángel García. No obstante, los nombrados por el partido socialista, Santos Ruesga y José Luis Tortuero rehúsan respaldar esta reforma. El primero producirá un voto particular bastante negativo, mientras que el segundo sencillamente se abstendrá.
El informe se ha aprobado con 10 votos a favor de Mercedes Ayuso, Francisco Castellano, José Ignacio Conde, José Enrique Devesa, Rafael Domenech, Miguel Angel García, Manuel Lagares, José María Marín, Miguel Angel Vázquez y Víctor Pérez.
Como ya ha informado Vozpópuli, la cuantía inicial de las nuevas prestaciones se revisará en función de la esperanza de vida, y ello podría traducirse en un recorte del entorno del 5 por ciento si se comienza a aplicar en 2020 tal y como prevén el grupo de sabios y el Gobierno.
De acuerdo con las estadísticas del INE, la esperanza de vida aumenta al ritmo de un año cada ocho años. O dicho de otro forma, se ganan unos 50 días más de vida por cada pensionista que entra al año. Semejante patrón demográfico resulta insostenible, de modo que hay que incluirlo en el cálculo de la primera prestación. Al hacerlo, se recortará la cantidad percibida por jubilarse en un 5 por ciento en 2020, en un 10 por ciento en 2030, y así progresivamente hasta un máximo que ronde el 18 por ciento.
Conforme se viva más tiempo, este esquema conllevará mayores reducciones. Aunque según las sugerencias de los expertos, el ciudadano siempre podrá compensar la pérdida continuando en el trabajo.
La otra pata de la reforma articulada por los 12 sabios consiste en cambiar la manera en que se revalorizan cada año las pensiones ya existentes. Éstas no se actualizarán con la inflación y, en su lugar, se vincularán a una fórmula que tenga en cuenta la relación de ingresos y gastos de la Seguridad Social.
