Isidro Fainé no podrá compatibilizar sus cargos de presidente de La Caixa y Caixabank. Economía ha vetado la propuesta del también presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), defendida por el Consejo de Estado en la fase de consulta pública de la tramitación de la nueva Ley de Cajas, de que los máximos dirigentes de las antiguas cajas pudieran mantener sus cargos en éstas y en los bancos que ejercen su negocio financiero. De esta manera, Fainé, al igual que el resto de banqueros que se encuentren en esta situación, tendrán que elegir, dentro de un año, por uno de estos dos sillones.
"El Gobierno va a solicitar al grupo parlamentario popular que no acepte enmiendas sobre este tema en la tramitación parlamentaria", explican fuentes de Economía. Guindos y su equipo no descartan que pudiera abrirse alguna fisura al texto legislativo en las negociaciones de pasillo del Congreso a cambio de algún tipo de apoyo futuro por parte de CiU o PNV.
"Está claro que tanto Fainé como Mario Fernández (Kutxabank) van a pedir a Convergencia y PNV que se intente algún tipo de cambio en este aspecto", explican en Moncloa. La vía que podría presentarse en el Cogreso sería el último intento de Fainé para conseguir sus objetivo, que pretendía que la incompatibilidad afectara sólo a los cargos ejecutivos, pero no a los dominicales, según explican fuentes del sector. En la misma situación que Fainé en La Caixa y CaixaBank se encuentran Braulio Medel en Unicaja, Amado Franco en Ibercaja, Mario Fernández en KutxaBank y Manuel Menéndez en Liberbank.
Las presiones del sector si han surtido efecto, sin embargo, en dos aspectos de la nueva ley. Por un parte, se suavizan los requisitos para repartir dividendo y, la segunda, permite a las nuevas fundaciones bancarias acudir a las ampliaciones de capital de los bancos.
El sector ha valorado que "a lo largo del proceso de tramitación el proyecto ha experimentado mejoras técnicas, destacando en particular las planteadas por el Consejo de Estado en su reciente dictamen", según afirma la CECA en un comunicado. Además, recuerda que estas medidas "han contado siempre con el apoyo del propio sector, que las ha promovido en el marco de las recomendaciones de los organismos internacionales". La explicación es que "favorecerá el cumplimiento de objetivos tan importantes como la atracción de inversores privados a los nuevos bancos de cajas".
Según la ley aprobada, las fundaciones en las que a partir de ahora se convertirán las antiguas cajas de ahorros con una participación igual o superior al 50% en los bancos, podrán acudir a las ampliaciones de capital de las entidades en donde agrupen su negocio bancario, frente a la negativa prevista al anteproyecto de ley. No obstante, no podrán ejercer los derechos políticos correspondientes al incremento de su participación. Pese a que no han conseguido que se impida la dilución de su participación, ésta si se efectuará de una forma más lenta.
Además, las fundaciones con una participación superior al 50%, o que estando por debajo de esta cifra mantengan una posición de control sobre el banco, tendrán que dotar con sus propios recursos un fondo de reserva para cubrir posibles necesidades de capital futuras del banco. Este nuevo requerimiento de capital no será homogéneo entre las entidades sino que se modulará en función de una serie de factores como si el banco cotiza o no en Bolsa, el nivel de concentración de riesgos de la entidad, las necesidades de recursos propios previstas en el plan financiero y el valor de los activos ponderados por riesgo de la entidad participada y el volumen de la participación de la fundación bancaria en la entidad.
Junto a este fondo de reserva, las fundaciones tendrán que mantener la obra social con las aportaciones de los diviendos que reciban de su participación en los bancos. En la práctica, la mayoría de las entidades no podrán soportar ambas situaciones por lo que en el Gobierno se espera que se produzca una desinversión de las antiguas cajas en sus bancos para no tener que cubrir ese nuevas provisiones.
En cuanto a la la política de dividendos, la remuneración al accionista deberá ser aprobada por el 66% de los accionistas con derechos de voto, frente al 75% contemplado anteriormente. La ley de las cajas, según ha recordado el ministro, es “prácticamente” el último compromiso que tenía pendiente de cumplir España del Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate financiero. Además, Guindos ha explicado que, en esencia, el proyecto devuelve a las cajas a su modelo clásico y que el objetivo que ha guiado el proceso es garantizar su independencia.
