Hoy, por fin, se celebra la Junta de Accionistas de Pescanova que deberá nombrar un presidente y un consejo para dar paso a una etapa de normalidad que pasa por el levantamiento de la intervención concursal. La suspensión de pagos de la empresa gallega ha sido un episodio entre lo sainetesco y lo caótico, de la que se han escrito ríos. Dos ‘facciones’ quieren nombrar consejeros. La liderada por Damm, cuyo candidato para ser presidente no ejecutivo es Juan Manuel Urgoiti y la de Cartesian-Cremades (y, oficiosamente, el ex presidente, Manuel Fernández Sousa), que asegura controlar un 15% de la delegación de voto y que anuncia algunos consejeros que en ningún momento han confirmado su compromiso.
Damm contiene en su lista a Urgoiti, Françoise Tersch de Luxempart, Fernando Harce de Iberfomento, José Carceller de la propia Damm, Yago Méndez, de Amper, Luis Miguel Sánchez-Merlo (Sareb) y Ángel Legarda, de CAF. El otro bando contiene a otros como Baldomero Falcones (quien, después de un controvertido paso por FCC, suena como potencial presidente), Mariano Pérez Claver (de Sos Cuétara, también con pasado controvertido), Álvaro González Bereijo (ex presidente del TC), el ex ministro José Manuel Otero Novas, así como cuatro abogados del despacho Cremades y otra serie de nombres, no del todo cerrada.
Algunos de los que han sonado no han confirmado en ningún momento su adhesión al 'proyecto Sousa'. Ni la ex ministra socialista, Elena Espinosa, contactada por el propio Manuel Fernández Sousa y el ex directivo y consejero Alfonso Paz-Andrade, ni Pío Cabanillas, contactado por Javier Cremades, han confirmado su disposición a participar en el proyecto Pescanova. Al contrario.
Absurdo
Entre otras cosas, porque podría darse un caso que rozaría el absurdo, como sería la competencia de Cabanillas, alto ejecutivo de Acciona, con Urgoiti, vicepresidente y consejero de la firma que preside José Manuel Entrecanales.
Pero, además, la posición de los bancos acreedores, al frente de los cuales está Sabadell como entidad a la que más se le debe, es firme: quieren dar viabilidad a Pescanova y negociarán. Aceptarán una quita “del 70%, 80% o más, si el plan financiero nos convence, pero es condición sine que non que no esté en los órganos de dirección ni el ex presidente ni nadie afín”. Esto dicen en las principales entidades bancarias.
Un 70% de quorum
Desde el grupo de Damm aseguran tener firmado, en la mano y listo para ser verificado más del 40% de los votos. Confían en alcanzar un apoyo del entorno del 70%, o superior. El otro bando maneja un 15%, que incluye el 7% de Sousa y el 3% de Paz Andrade, ambos paquetes sujetos a embargo judicial.
Los proxy advisors ISS y Glass Lewys recomiendan a los fondos que contactan que apoyen la ‘candidatura’ de Damm.
Hoy se intuye una Junta que puede ser hasta divertida. Habrá que ver si la asociación de minoritarios Aemec, institución con cierta fama de ‘revientajuntas’, capitaneada por el abogado Javier Cremades, saca algún as de la manga. Por cierto, esta entidad de minoritarios no ha demandado a Sousa.
No cabe descartar nada en una historia en la que ha habido de todo. “El caso Pescanova es el de una empresa que se ha saltado todas las reglas”, se comenta en la CNMV.
Su cúpula, al frente de la cual estaba con mano de hierro Manuel Fernández Sousa, ocultó una deuda que cuando se supo, era de unos 3.600 millones, cuando se reconocían menos de 1.000, siendo, por tanto, la mayor suspensión no inmobiliaria de la historia española reciente.
La suspensión de pagos se anunció in extremis en el regulador, como una pequeña formalidad ya que unos consejeros molestos se negaban a firmar las cuentas y unos bancos díscolos no refinanciaban.
Se contrató un banco de inversión (Houlihan Lokley) para establecer el perímetro real de la deuda, que fue despedido a las 48 horas. El presidente se negó a convocar más consejos extraordinarios pese a la gravedad del asunto emitió y una vez celebrado el encuentro ordinario, emitió Hechos Relevantes que fueron desmentidos puntualmente por los demás consejeros.
Una vez relevado de las funciones ejecutivas, Sousa se valió de las claves CNMV que teóricamente no debía usar, para pedir desde las páginas del regulador su reposición en el cargo, mediante comunicado de la propia Pescanova.
Posteriormente, se dedicó a realizar un road show por medios diciendo que no declaró las ventas de sus propias acciones en un periodo previo a la suspensión del valor porque “era lo mejor para la compañía”. Anunció un crédito de su propio dinero a la empresa, con tipos más altos que los de mercado.
El asunto ha sido una enorme bomba de relojería que le estalló a Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV desde principios de año, que se las ha visto y deseado para evitar las presiones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo para que fuera benévola con Sousa. Por cierto, Pescanova sale en los papeles de Bárcenas en asuntos de financiación al PP.
Precisamente, Feijóo es el único brazo amigo que le queda al ex presidente de la compañía. En las alturas, desde Mariano Rajoy, pasando por Luis de Guindos, José Manuel Soria, Manuel Arias Cañete o la propia CNMV opinan que debe ponerse al frente de la compañía un equipo profesional de prestigio y no ven con malos ojos a Urgoiti, con Damm y Luxempart detrás.
El último episodio del sainete ha sido la mujer de Fernández Sousa, ‘pillada’ cuando intentaba mandar dinero a China desde Portugal. Episodio que roza lo esperpéntico, sobre todo porque el fondo Cartesian, liderado por el inversor chino Peter M. Yu, que inicialmente parecía apoyar al Grupo Damm en sus reclamaciones contra Sousa.
Una historia para realizar un auténtico ‘case study’ en las facultades de empresa y que, sin duda, habrá sido una auténtica pesadilla para la CNMV.
