Los beneficios fiscales son la parte de los Presupuestos Generales del Estado a la que recurren todos los ministros de Hacienda para 'sacar dinero' cuando ya no se puede exprimir más a los contribuyentes por la vía de la subida de impuestos, sin correr el riesgo de una de explosión de indignación popular, que siempre acaba reflejándose en los resultados electores posteriores.
Para el ejercicio en curso, están consignados en los Presupuestos 41.939 millones de euros, 3.700 millones más que en 2021. Este aumento se circunscribe al IVA y por la especial situación sanitaria y energética que se vive, pero no se ve reflejado en el IRPF, cuyos beneficios fiscales permanecen prácticamente invariados en el entorno de los 11.200 millones.
Los beneficios fiscales no son más que la disminución de ingresos que Hacienda soporta cada año por la existencia de incentivos orientados al logro de determinados objetivos de política económica y fiscal, tal y como define el concepto el propio Ministerio de Hacienda.
El problema es que entre esos objetivos del Ejecutivo de Pedro Sánchez no está el ahorro a largo plazo a través de los planes de pensiones privados. En sus algo más de dos años al frente del Gobierno de coalición ha reducido el límite de las aportaciones individuales en dos ocasiones: llegó a La Moncloa cuando se podían aportar hasta 8.000 euros cada año con derecho a deducción fiscal y las ha dejado en 1.500 euros.
Este recorte del 81,25% se ha dejado sentir en esta modalidad de ahorro a futuro en la que están comprometidos 7,43 millones de personas, de acuerdo con los últimos datos de Inverco, la patronal del sector. En el primer trimestre del este año, las aportaciones realizadas por los partícipes en los sistemas individuales han totalizado 495 millones de euros, 90 millones menos que las del pasado año, y un 31,25% inferiores a las efectuadas en 2020. Todo, para reducir la factura de los beneficios fiscales en este capítulo en cinco millones todo el pasado año y en 91 millones éste, si se cumplen los pronósticos de los PGE.
Los tres primeros meses de este año han sido los más duros de lo que va de siglo para los fondos de pensiones. Nunca antes, con la excepción de 2013 (429 millones) se habían realizado menos aportaciones por parte de los suscriptores. Pero 2013 fue el peor año para la economía española si no se tiene en cuenta, por su excepcionalidad, 2020.
Evolución de los planes de pensiones
Según los datos de Inverco, en enero, los partícipes de planes individuales aportaron 173 millones de euros; 158, en febrero; y 164, en marzo. Los reembolsos -el dinero devuelto en derechos adquiridos- ascendió a 253, 236 y 248 millones de euros, respectivamente, hasta sumar 737 millones. El saldo negativo del trimestre es de 84 millones.
El devenir de los planes de pensiones está íntimamente relacionado con la fiscalidad que soportan. Su principal atractivo no está en la rentabilidad que se obtiene por el dinero depositado a largo plazo, sino por las ventajas fiscales de las que se benefician las aportaciones realizadas anualmente por los partícipes. Esta cantidad se resta de la base de ingresos sobre los que se calcula el IRPF. Como señala ING, “la cantidad que se aporta no paga impuestos”.
Los planes de pensiones fueron regulados por ley en junio de 1987, con un límite de aportación individual con derecho a deducción fiscal de 500.000 pesetas de entonces (3.000 euros). En su primer año de funcionamiento efectivo, 1989, consiguieron 318.000 partícipes, que se multiplicaron por tres en 1992 y por diez, en 1999. Y es que, en aquellos años, un producto inédito ofrecía beneficios fiscales a las aportaciones de 750.000 pesetas (4.500 euros) en 1992; de 1,1 millones de pesetas (6.600 euros) en 1998.
A partir de 2003, los incentivos para la suscripciones de estos planes fueron creciendo gobernara el partido político que fuera elegido. Se llegaron a beneficiar fiscalmente las aportaciones de 8.000 euros en general, más 1.250 euros por cada año que se cumplía a partir de los 52, con un máximo de hasta 24.500 euros en el caso de las personas de más edad.
Máximo histórico en 2008
A nadie puede extrañar que el número de partícipes alcanzase en 2008 su máximo histórico, con 8,647 millones en los planes de pensiones individuales. Ni tampoco que, en 2006, las aportaciones en el primer trimestre del año ascendieran al que hoy sigue siendo el dato más elevado, 1.245 millones de euros entre planes individuales y de empleo. O que en todo 2004, los ciudadanos invirtieran en sus planes 7.226 millones y solo rescataran 2.779 millones.
Pero las cosas han cambiado mucho. El Gobierno de Rajoy, acuciado por los malos datos económicos de 2013, redujo a 8.000 euros la aportación máxima, con independencia de la edad de los contribuyentes, para el año siguiente, lo que supuso un recorte en la práctica de un 20% de la cifra que estaba vigente para los más jóvenes y del 36% para los mayores de 52 años. Estas condiciones se mantuvieron hasta el año 2020.
El objetivo de todos estos recortes llevados a cabo desde 2014 no ha sido otro que limitar los beneficios fiscales con el fin de intentar mejorar el déficit público
A partir de ahí todo han sido recortes. En 2021, la aportación máxima se redujo a 2.000 euros de golpe (un 75%) y en los PGE de este año, a 1.500 euros. El objetivo de todos estos recortes llevados a cabo desde 2014 no ha sido otro que limitar los beneficios fiscales con el fin de intentar mejorar el déficit público. En 2013, los beneficios fiscales imputables a los planes de pensiones individuales ascendieron a 1.889 millones de euros; en 2014 cayeron a 1.086 millones, aunque el número de partícipes se mantuvo en torno a los 7,8 millones.
En estos dos últimos ejercicios la reducción de las aportaciones se dejan sentir en la confianza de los partícipes. De los 5.562 millones de euros que invirtieron en 2020 en los dos sistemas se bajó a los 3.833 del pasado año. Hay también 70.000 partícipes menos. El presente ejercicio va camino de empeorar estas cifras.
