Portugal no descarta que las cosas salgan mal en su acuerdo con España para topar el precio del gas con el que se produce la electricidad. El Gobierno portugués contempla suspender la medida energética pactada con Pedro Sánchez tanto “por razones de interés público” como por “circunstancias excepcionales” y cancelar su acuerdo.
Así lo manifiesta el Ejecutivo que lidera António Costa en el artículo 14 de su real decreto-ley del pasado 14 de mayo. Eso sí, Portugal matiza que la suspensión de esta controvertida medida, en el caso de que se produjera, se realizará con el consentimiento de su organismo regulador, la Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), y con un visto buen del propio Gobierno español.
La suspensión de la medida en Portugal desmontaría prácticamente el objetivo de esta ‘excepción ibérica’ y provocaría “un gran lío”, tal y como definen a Vozpópuli desde el mercado. Los generadores portugueses dejarían de recibir la compensación y los consumidores portugueses dejarían de pagar. Eso dejaría a los ciclos combinados de gas portugueses fuera de mercado, por demasiado caros, y aumentaría la producción de los ciclos españoles para exportar a Portugal más energía subsidiada.
España financia la medida de Portugal
Aunque desde el sector energético español consideran que Portugal es el gran ganador del acuerdo y, por ello, es difícil que abandone esta medida. Las estimaciones que se manejan es que España financia a Portugal con una factura cercana a los 500 millones de euros. Los consumidores españoles representan el 90% de la demanda eléctrica que asume la diferencia que existe entre el precio real del gas y el tope marcado por la limitación ibérica.
Por su parte, los consumidores portugueses representan el 10% restantes por el menor número de clientes que dependen del mercado mayorista (pool), que es quien asumirá desde el principio este coste. El mercado eléctrico español es la tres cuartas partes de la producción eléctrica que tiene gas y carbón que recibe esta compensación, mientras que Portugal tiene el otro 25%. La balanza está descompensada en contra del bolsillo de los hogares e industria española.
A la espera de Bruselas
Los planes ya están publicados en los dos boletines oficiales. Pero todavía la medida no está en vigor. España y Portugal están pendientes de que Bruselas dé luz verde a su esperado plan para bajar el precio de la luz. Con sus previsiones, según calculó la propia ministra Teresa Ribera, la puesta en marcha de su medida bajará en cerca de un 40% el precio mayorista de la electricidad, hasta unos 130 euros/MWh de media.
Desde el sector redujeron esta medida de hasta el 30% en la factura final del cliente. Este miércoles, Teresa Ribera ha reducido sus expectativas hasta un recorte del 15% del precio de la electricidad. El mecanismo afectará de forma inmediata aquellos consumidores que estén acogidos a la tarifa regulada.
Es decir, el pacto entre ambos países llevará a un 37% de los hogares españoles, que son cerca de 11 millones de consumidores domésticos, y hasta el 70% de los industriales, que son los que están acogidos a la tarifa regulada. Por otro lado, los usuarios del mercado libre lo notarán de forma progresiva según vayan renovando sus contratos con sus compañías.