La huelga que los sindicatos de AENA han convocado en los aeropuertos españoles a partir de la segunda quincena de septiembre podría abrir una nueva batalla entre los ministerios de Fomento y Hacienda, cuyas relaciones no han sido las mejores en los últimos años. El departamento que dirige Íñigo de la Serna decidió trasladar a Hacienda las reivindicaciones de los trabajadores del gestor aeroportuario, lo que deja en manos del ministerio comandado por Cristóbal Montoro la posibilidad de desactivar unas movilizaciones cuyo anuncio ha generado gran alarma en el sector del turismo.
A comienzos de la semana, el presidente de AENA, José Manuel Vargas, y el director general de Enaire (la sociedad pública dependiente de Fomento que controla el 51% del Estado en el gestor aeroportuario), Ángel Luis Arias, se reunieron con representantes sindicales para tratar de impulsar un acercamiento de posturas con el fin de evitar la huelga programada a lo largo del último tramo del presente año.
En el encuentro, tanto AENA como Enaire asumieron las reclamaciones de los sindicatos en cuanto al incremento de plantilla y de salarios que plantean, hasta el punto de que han trasladado formalmente a Hacienda la conveniencia de proceder a estas modificaciones.
De este modo, ahora corresponde a Hacienda tomar una complicada decisión, de la que dependerá el funcionamiento de los aeropuertos españoles, que hasta ahora llevan un año de récord absoluto en cuanto a número de pasajeros. Una presión que no ha sido bien acogida en el departamento de Cristóbal Montoro, que acumula un amplio historial de desencuentros con Fomento.
Precedentes inmediatos
Uno de los más destacados ha sido a cuenta del proceso para solventar el problema de las concesionarias de autopistas de peaje en quiebra. En su día, Hacienda bloqueó varias fórmulas para proceder al rescate de las sociedades debido a que supondría un golpe definitivo a sus esfuerzos por reducir el déficit público y cumplir así con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea.
Ambos departamentos también tuvieron sus más y sus menos con el desarrollo de la red ferroviaria de alta velocidad, cuando los problemas de liquidez de Adif derivaron en impagos a las empresas constructoras que les llevaron a plantarse y paralizar varias obras hasta que no se resolviera esta situación.
Volviendo al terreno de los aeropuertos, el proceso de privatización de AENA no contó precisamente en Hacienda con uno de sus aliados más destacados.
En una nota publicada el pasado lunes, AENA recordaba que, pese a que no depende de los Presupuestos Generales del Estado (como en el caso de Enaire), puesto que se financia directamente con sus propios ingresos, sí precisa de la pertinente autorización de Hacienda para llevar a cabo los cambios que permitan tanto un incremento de la plantilla como de los sueldos.
