El Gobierno ha presentado en Bruselas una ruta de consolidación fiscal que no ha anunciado y detallado en España. De acuerdo con el 'Informe sobre la acción efectiva adoptada por España', el desembolso total en la remuneración de empleados públicos se recortará al ritmo de 5.000 millones anuales hasta 2016, una cantidad superior a los 4.500 millones que reportó la eliminación de la paga extra.
En concreto, el tajo ascenderá a unos 4.000 millones en 2014; 5.000 millones en 2015 y 6.000 millones en 2016, tal y como se esboza en el cuadro publicado abajo (un punto de PIB equivale aproximadamente a unos 10.000 millones y, por lo tanto, una décima representa unos 1.000 millones).
Y el problema estriba en que no hay un plan explicitado sobre cómo se van a llevar a cabo tales ajustes. Según el proyecto de Presupuestos de 2014 que se discute este miércoles en el Congreso, el Estado central sólo tiene previsto ahorrarse unos 51 millones de euros en su gasto en personal gracias a la no reposición de funcionarios, desde los 15.846 a los 15.975 millones.
De hecho, pese a toda la reducción de empleo público, en el entorno de los 70.000 efectivos durante el primer semestre según la EPA, este año se recoge que la partida de remuneración de los asalariados públicos del conjunto de las Administraciones subirá unos 2.000 millones tras haber repuesto la paga extraordinaria, cuyo ahorro alcanzó en 2012 los 4.500 millones. Es decir, que a fuerza de eliminar puestos de trabajo públicos sólo se está consiguiendo la mitad del ajuste prometido a Bruselas en esta materia.
Parece que todo se fía más bien a una nueva ronda de reestructuraciones de plantilla en las CCAA y al bálsamo de Fierabrás de la reforma de las Administraciones, también conocida como Cora.
Pensiones y desempleo
Y lo mismo sucede con las prestaciones sociales. Esta partida cae en unos 8.000 millones hasta 2016, de los que 5.000 corresponden a las ayudas a los desempleados. O sea, que el conjunto de las pensiones, incluidas las clases pasivas de los funcionarios, se rebajan en unos 3.000 millones hasta 2016 pese a que el gasto está disparándose en la actualidad a un ritmo cercano al 5 por ciento interanual.
O lo que es lo mismo: si se tiene en cuenta que este capítulo supera de largo los 100.000 millones y repunta empujado por la demografía en el entorno del 5 por ciento, entonces el gasto en pensiones avanza a más de 5.000 millones al año. Y tal y como ha planteado el Gobierno la reforma de las pensiones, no se va a atajar de raíz semejante incremento de los desembolsos. El grueso de los cambios se retrasa a 2019 y la no actualización sólo rebajará el gasto en 800 millones en 2014; 1.600 millones en 2015 y 2.500 millones en 2016, según las cifras manejadas por el propio Ejecutivo. Es decir, otra vez se dibujan unas cantidades claramente insuficientes como para que se justifique esa senda de consolidación ofrecida a Bruselas.
Tampoco se ve muy claro que el desembolso en prestaciones por desempleo vaya a descender tanto como prevé el Ejecutivo. A pesar de que muchos han agotado su prestación contributiva, este capítulo apenas ha menguado durante la crisis incluso habiendo recortado y endurecido las ayudas.
Por último, los consumos intermedios disminuyen a una tasa de 3.000 millones al año. Y del mismo modo que con los conceptos antes mencionados, no hay ningún paquete de iniciativas previsto para asegurar esa disminución del gasto.
Los ingresos tributarios
Del lado de los ingresos, el problema más bien reside en unas expectativas de recaudación tributaria demasiado elevadas de cara al 2013. Al tiempo que se deprimen las bases imponibles, el plan del Gobierno contempla un aumento de la caja entre directos e indirectos del orden de los 12.000 millones. Sin embargo, la mayoría de los expertos consultados sostienen que la cifra se antoja difícil de conseguir, máxime cuando hasta junio sólo se habían ingresado 259 millones más que el año pasado. No obstante, tras la aparición por arte de birlibirloque de unos 6.000 millones en la recaudación debido a un cambio en la manera de computar las devoluciones, el objetivo se encuentra un poco más cerca.
En cualquier caso, de todo ello se infiere que no hay un plan coherente para reconducir el déficit público, por más que lo exija la UE. Faltan medidas y no se ha dado a los ciudadanos una explicación detallada de los esfuerzos que aún se van a precisar para cumplir con lo comprometido con Bruselas.
