Los jóvenes que hoy cercan el Congreso tienen razones para protestar. El ajuste que están aplicando los políticos está diseñado para preservar los intereses de sus progenitores y, por lo tanto, pone una losa aún peor sobre una generación con peores perspectivas que sus padres por primera vez en muchos años. Una suerte de pelea generacional desnivelada porque los mayores votan más y el ‘baby boom’ comprendido entre finales de los 40 y la década de los 70 supone una importante mayoría en las urnas.
Pensiones. El Gobierno se resiste a tocar las pensiones, el mayor gasto de la Administración y cuyo montante en la actualidad ronda los 115.000 millones, aproximadamente un 40 por ciento de todos los desembolsos del Estado central. Esta partida se financia a través de las cotizaciones de los trabajadores y por tanto repercute en el coste del empleo para las empresas. En estos momentos, hay unos 8 millones de pensionistas para unos 16,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, es decir, la relación se sitúa prácticamente en los dos trabajadores por cada pensionista, una ecuación insostenible que encarece y, por consiguiente, hace poco competitivo al trabajador en España. Lo que a su vez se traslada a las altas cotas de paro juvenil.
Por otro lado, los pensionistas cobran por lo general más de lo que han contribuido durante su vida laboral. Un estudio de Analistas Financieros Internacionales afirma que la Seguridad Social presenta un balance negativo porque las aportaciones (cotizaciones) que paga el ciudadano son menores que la prestación que luego recibe. Y esto es así incluso para los que más aportan. Debido a que cada vez vivimos más años, los individuos terminan ingresando más de lo que han entregado al sistema público. Según este informe, la rentabilidad media de la pensión supera a la de la renta fija, la inversión considerada por los expertos como más segura y en la que están depositados los fondos de la Seguridad Social.
Pese a que sus cotizaciones son caras, los jóvenes difícilmente van a disfrutar de unas jubilaciones tan generosas, proporcionadas por un sistema que sólo se sostiene por su estructura piramidal. Los ciudadanos con menos de 30 años van a empezar a cotizar muy tarde y mucho menos. Sólo este año se han tomado 4.500 millones ya del fondo de las mutuas para poder hacer frente al pago de las pensiones. A ese ritmo, el Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones que dispone de unos 67.000 millones, se agotará en menos de una década. Los jóvenes podrían preguntarse legítimamente que para qué están costeando algo que ellos no tendrán. Y lo mismo sucede con la Sanidad.
La Sanidad. Otra partida importante de los presupuestos estriba en el sistema sanitario. Desde que se entregó éste a las comunidades, el gasto se ha duplicado desde los 40.000 millones hasta cerca de los 90.000 millones. Otra vez, semejante situación favorece a los mayores. Los jóvenes apenas lo usan y cualquier forma de copago rebajaría la carga que les supone bien vía impuestos, bien por haber encarecido sus costes laborales.
El tamaño del Estado. En este nuevo estatus económico, el país es más pobre y debe reducir sus estructuras de administración. Hay que fusionar ayuntamientos, suprimir las diputaciones, cerrar empresas públicas y recortar en general todo el aparato autonómico y político. En lugar de esto, se refuerzan a las diputaciones para tomar el control de los ayuntamientos pequeños que menos estructura tienen y sustituir a las mancomunidades. En Cataluña, incluso se habla de crear una estructura de Estado.
Respecto a los funcionarios, el Estado no se saca plazas nuevas y los jóvenes no tienen oportunidad de competir por estos puestos. En cambio, sus mayores en este campo tienen trabajos asegurados y poco productivos, aunque no siempre estén bien pagados. Y con la excusa de que no quieren generar más paro, los mandatarios mantienen unas organizaciones poco productivas que no consiguen financiarse con lo recaudado por impuestos. De modo que todo ello acaba con los políticos recurriendo al endeudamiento para seguir financiando el exceso de grasa.
La deuda. El recurso a la deuda sustrae crecimientos futuros y por tanto que deberían disfrutar los jóvenes. Esta generación tendrá que soportar años de desendeudamiento. La deuda pública se acerca ya al 80 por ciento del PIB y podría colocarse en el entorno del 90 en un par de años. En esos niveles, según los estudios de Rogoff y Reinhart, el crecimiento se estanca. Y el problema es aún mayor si se atiende a la deuda privada, que supera el 200 por ciento del PIB y representa el gran lastre de la economía española. En buena medida, ésta se ha utilizado para costear una vivienda sobrevalorada y para sobreinvertir en unas estructuras que no generarán los réditos suficientes para pagarlos. La consecuencia peor de todo consiste en que se inflaron los precios de tal manera que lo que producimos ahora no vale semejantes precios en un mercado global.
Además, los jóvenes heredarán esta trampa de liquidez por la cual no puede haber financiación porque los bancos son zombies sin sanear y, por lo tanto, poco dispuestos a prestar para nuevos proyectos. Por fin, el Gobierno aborda una política para sanear las entidades estableciendo un banco malo que los limpie. Pero para ello más tarde se tendrán que devolver los hasta 100.000 millones de línea de crédito abierta con Europa. Las entidades no se liquidan para impedir que las pérdidas sean todavía mayores para los ahorradores y pensionistas, es decir, gente con la suficiente trayectoria como para haber generado rentas e invertirlas. Todo ello ralentiza e impide el ajuste del sistema financiero para que éste, sometido a un proceso de selección natural, pueda recobrar su fuerza y prestar allá donde sí se generarán crecimientos basados en la productividad. Por ahora, las entidades tienen todos sus recursos empantanados sobre todo en la construcción de la que han vivido los mayores.
Vivienda. Buena parte del ahorro nacional se ha destinado a la vivienda y los dueños no tienen interés alguno en bajar los precios. Además, los bancos se han tragado ingentes cantidades de activos inmobiliarios. Cuanto más caiga el precio, más perderán las entidades. Gracias a la creación del banco malo y el proceso abierto de recapitalización de entidades, el Gobierno dispone de herramientas para reducir el precio de los pisos. ¿Cómo? Puede fijarlos muy bajos al comprar los inmuebles de los bancos para traspasarlos al banco malo, lo que ayudaría a hacer de nuevo asequible la vivienda. Sólo cuando los precios se hayan ajustado, habrá una recuperación sostenible. Sin embargo, en lugar de eso el Ministerio de Economía pretende dar un valor razonable que distará del ajuste que se precisa. Tanto para reactivar ya la economía como para aguantar a la banca, el Gobierno está anunciando que el precio de la vivienda empieza a encontrar suelo. No obstante, históricamente la vivienda absorbía unos 4 años de la renta bruta de las familias. Durante la burbuja, esta relación se ubicó en los 7 años. En la actualidad, se requieren algo más de 5 años. Ello implica que el precio aún debe bajar al menos un 20 por ciento.
Mercado laboral. Todos los estudios confirman que las generaciones que intentan incorporarse al mercado laboral durante una crisis afrontan muchas más dificultades. Eso a corto plazo es evidente. Sin embargo, los análisis también constatan que luego la trayectoria de toda su carrera se ralentiza de forma muy significativa.
La indemnización por despido se mantiene y no se ha optado por el modelo de contrato único en parte porque se considera inconstitucional. Sin embargo, tal status quo protege a los empleados con el despido más caro y expulsa a los temporales, cuyo despido sale más barato. Provoca un mercado dual con un 50 por ciento de desempleo entre los jóvenes. Además, éstos no han cotizado y no pueden cobrar la prestación por desempleo, que supone otra partida importante de los presupuestos por valor de unos 30.000 millones.
Fraude fiscal. La economía sumergida ha aumentado en la crisis, en parte por una cuestión de supervivencia. Esto se comprueba por lo recaudado sobre el dinero en circulación y por los consumos de energía eléctrica. El Gobierno debe endurecer la lucha contra el fraude y ayudar a que las empresas ganen tamaño, porque cuanto más grandes son, menos defraudan.
Educación. Los informes de Pisa certifican que los estudiantes españoles se sitúan por debajo de la media europea. Este sistema educativo es el producto de la falta de un consenso para mejorarla entre todos.
