Del ajuste pendiente para este ejercicio de 12.300 millones, 5.350 procederán de los ingresos extra derivados de la eliminación de algunas deducciones en el impuesto sobre Sociedades, de una regularización fiscal con la que se busca recaudar a corto plazo 2.500 millones, y de 4.450 del recorte en el gasto. Los Ministerios van a sufrir un recorte medio en sus presupuestos de casi el 17%, y en la lista de los más afectados figuran los de Exteriores, Fomento, Industria y Medio Ambiente.
En el Presupuesto presentado este viernes por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría inversiones reales sufren una merma de casi el 20% mientras que los intereses de la deuda suben en casi 1.500 millones, hasta los 28.876. Esta última partida, sumada a las prestaciones por desempleo, que se mantienen en el entorno de los 33.000 millones, y a la actualización de las pensiones, en cuyo pago se irán más de 112.000 millones, hacen de éste un Presupuesto cautivo y con muy escaso margen de maniobra.
Entre los gastos que se ven condicionados por estos recortes figuran algunos políticamente muy sensibles como son la ayuda a la dependencia, la ayuda al desarrollo, la integración de los inmigrantes, las ayudas para el acceso a la vivienda, las transferencias a educación y las llamadas políticas activas de empleo. Sindicatos y empresarios serán los más perjudicados por el adelgazamiento de esta última partida.
En el supuesto de que este año el Gobierno consiga reducir el déficit hasta el 5,3% del PIB, quedaría pendiente para el ejercicio que viene un recorte de 24.000 millones de euros como mínimo, el equivalente a reducir el déficit hasta el 3% pactado con Bruselas. El segundo gran capítulo del ajuste se deja, pues, para 2013, a no ser que el Gobierno vea margen en el verano para subir algunos tipos de IVA y también los impuestos especiales que gravan las gasolinas y el alcohol. Por definición, este tipo de aumentos impositivos nunca se anuncian con antelación. En estos Presupuestos el Gobierno ya ha modificado el tributo sobre el tabaco y ha introducido el copago para algunos trámites judiciales.
Según explican fuentes gubernamentales, se ha tratado de conseguir un equilibrio entre el ajuste que demanda Bruselas y la necesidad de no hundir todavía más la actividad económica. De ahí que no se haya querido ir más allá y que se haya echado mano, por ejemplo, de una regularización fiscal con la que buscan nuevos ingresos sin afectar a la actividad económica.
Regularización de última hora
Pero la medida que puede arrastrar un mayor coste político para el Gobierno es la regularización fiscal que pretende aflorar 25.000 millones de euros mediante un nuevo gravamen por el que el dinero que venga de fuera tendrá que pagar el 10%.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tenía esta medida guardada bajo siete llaves, pues ni siquiera la conocían algunos de sus asesores, y fue planteada en la misma mesa del Consejo. En el Gobierno se opina que a corto plazo podrán recaudarse alrededor de 2.500 millones de euros, pero no se descarta que esta cifra se multiplique por cuatro. Montoro dejó claro este viernes que esta es la “última ventana” para quienes estén interesados en repatriar dinero oculto que tengan fuera de España.
Tal como adelantó Vozpópuli, el Gobierno llevaba barajando desde hacía tiempo alguna forma de facilitar a los patrimonios domésticos que han salido de España una puesta al día que contribuya a elevar la recaudación. La vicepresidenta económica, Soraya Sáenz de Santamaría, abordó este problema cuando el pasado enero habló de la necesidad de combatir el fraude fiscal.
Los ‘hispabonos’ se retrasan
Los llamados ‘hispabonos’ han quedado aplazados hasta que Andalucía haga sus deberes y encare el ajuste que tiene pendiente. Cuando el grueso de las comunidades hayan aplicado la ley de Estabilidad Presupuestaria convalidada en el Congreso a principios de marzo, el Gobierno avalará a través de un ente de nueva creación las emisiones de deuda de las autonomías para que puedan financiarse a unos tipos de interés similares a los que rigen para el Reino de España.
Montoro advirtió este viernes que no habrá ningún tipo de auxilio a las comunidades que no cumplan con los objetivos de estabilidad.
