Uno de los problemas más graves a los que se enfrentará la economía española será el reto de encarrilar el déficit público después de que este año se dispare hasta el entorno del 11-14% del PIB, y contener la deuda pública, que permanecerá 20 años como mínimo por encima del nivel de 2019, en torno al 120-130% del PIB. Uno de los efectos colaterales de este riesgo serán los problemas de financiación que podrían sufrir las empresas.
En el año 2009, España alcanzó su máximo de déficit público del 11,06% del PIB, y una década después, en 2019, sólo había conseguido reducirlo ocho puntos hasta el 2,82% del año pasado, lo que deja un ajuste medio anual de ocho décimas de PIB con un crecimiento económico elevado. Este año, el país superará ese récord de déficit, según los pronósticos, y tendrá que intentar reducirlo en el futuro con un crecimiento económico muy inferior y con una elevada tasa de desempleo.
"La persistencia de un déficit público elevado obliga a ahorrar al sector privado, limitando así las palancas de crecimiento económico", han advertido reputados economistas que participan en el Grupo de Trabajo Mixto Covid-19, coordinados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que explican a Vozpópuli que "si el Estado necesita tomar prestado mucho dinero, no quedará financiación para el sector privado".
Si el país copa toda la voluntad de compra de los inversores y del propio BCE, que tiene que comprar deuda pública en vez de corporativa, las empresas no podrán financiarse en los mercados de renta fija como podrían hacerlo si éste no estuviera inundado de deuda pública.
Este es uno de los riesgos que puede tener la persistencia de un déficit estructural superior al 5% y el hecho de que "las necesidades de financiación del sector público en los próximos años vayan a ser más exigentes que las de 2020" incluso.
Subir los impuestos, la última opción
España confía en que a pesar de los elevados volúmenes de deuda y de déficit, su prima de riesgo no sufra gracias a la capacidad de compra del BCE, pero los expertos recuerdan que "no puede esperarse que esta financiación del BCE sea ilimitada y permanente. Hay que evitar cualquier tipo de complacencia y la tentación de pensar que la UE y el BCE financiarán indefinidamente a la economía española, independientemente de sus políticas y del cumplimiento de sus compromisos fiscales".
Al igual que ha hecho la Airef, advierten al Gobierno de que es necesario diseñar ya un plan de ajuste fiscal para sanear las cuentas españolas cuanto antes.
"Dada la magnitud del reto de sostenibilidad de las cuentas públicas, no basta con pequeños retoques en los ingresos y gastos públicos. Es necesario un amplio conjunto de medidas con efectos potentes: abordar reformas que aumenten el crecimiento potencial y los ingresos públicos, racionalizar el gasto público, mejorar la estructura fiscal y, en último término, aumentar los impuestos de forma que perjudique lo menos posible el crecimiento económico, la inversión y el empleo", reclaman.
Subir los impuestos, dicen, debe ser la última opción. En su lugar, recomiendan empezar por reformas que aumenten el crecimiento potencial -y que serán recibidas con los brazos abiertos en Bruselas-; racionalizar el gasto público y mejorar su eficiencia, para lo que podrían usar como base los estudios Spending Review de la Airef; y mejorar la estructura fiscal.
"Por último, si con lo anterior no fuera suficiente para garantizar la sostenibilidad presupuestaria y financiar el nivel de servicios públicos que la sociedad española demanda, habría que estudiar qué aumentos de impuestos podrían ser necesarios, buscando siempre minimizar su efecto negativo sobre el crecimiento y el empleo", apuntan. En cualquier caso recomiendan que esta estrategia cuente con "un amplio político político y social".
