A principios de esta semana, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunciaba en un multitudinario acto con tintes electorales el bautizado como “Programa Común Progresista”, formado por 370 medidas con las que espera poder convencer al líder de la formación morada, Pablo Iglesias, de pactar y formar gobierno.
En el interior del documento, se incluyen un total de 24 propuestas para mejorar el sistema público de salud. Entre ellas incluyen, muy brevemente, la promesa de introducir “progresivamente” la atención bucodental en la cartera de servicios de la sanidad pública a partir de 2020. Una medida, que, de hacerse realidad, amenazaría a una industria que mueve millones de euros al año sin apenas competencia de las instituciones públicas.
En 2018, el mercado generado por las cadenas de clínicas dentales obtuvo unos ingresos de más 1.100 millones de euros, lo que implicó un aumento de más de un 8%, según el último informe de la consultora DBK Informa. Este año, se espera que esa cifra continúe aumentando a un ritmo similar.
Mercado al alza
Las clínicas dentales en nuestro país siempre han tenido, hasta ahora, la demanda asegurada. El negocio es tal, que durante los últimos años, las principales cadenas dentales -Dentix, Vitaldent y Vivanta- han protagonizado una serie de proyectos de expansión potenciados por la continua inyección de capital que están recibiendo.
Más allá del crecimiento de los ingresos que ha experimentando en los últimos años, que no han hecho más que crecer, el sector dental se ha convertido en uno de los mercados sanitarios con más actividad, con 12 grandes operaciones en el último año, como la compra de Vitaldent -una de las más grandes, con una facturación de más de 300 millones al año- por el el fondo estadounidense Advent International.
Por otro lado, las grandes aseguradoras de salud no hacen más que ampliar su red de clínicas para captar más clientes. Sanitas, por ejemplo, espera alcanzar las 300 clínicas dentales en 2025, mientras que Adeslas ha ampliado su red hasta los 191 centros propios y lidera el mercado, con una cuota del 50%.
Silencio y escepticismo en el sector
Desde Vozpópuli nos hemos puesto en contacto con algunas de las principales empresas del sector, como Dentix y Vitaldent, que no han querido hacer valoraciones sobre el posible impacto que tendría para su negocio el introducir la atención bucodental dentro de la cartera de la seguridad social.
No obstante, el riesgo es claro: si se comienza a introducir los empastes, endodoncias y prótesis dentales dentro de las coberturas que ofrece la seguridad social, este tipo de empresas perderían una enorme cantidad de pacientes.
Desde los colegios de dentistas, sin embargo, continúan mostrándose escépticos ante esa posibilidad, ya que alegan que ni es nueva ni es demasiado creíble. Antonio Montero, presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y estomatólogos de la primera región (COEM) en Madrid, asegura que desde su organización valoran la propuesta “muy positivamente”.
“El problema es que para llevar esto a cabo se necesitarían unos fondos muy importantes, porque implicaría un gasto público muy grande”, apunta. Desde el COEM, explica, siempre han defendido la introducción progresiva de servicios relacionados con la odontología en especial “los relacionados con los sectores más desfavorecidos”.
Multiplicar por 50 el número de dentistas
En la actualidad, el sistema nacional de salud sólo se ocupa de lo que denominan como “asistencia primaria” o de urgencia. Es decir, problemas infecciosos o inflamatorios, extracción de muelas del juicio en caso de que sea necesario, traumatismos o lesiones en el área bucodental.
Decidir qué servicios están incluidos es competencia de las diferentes comunidades autónomas. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los menores tienen prácticamente cubiertas todos los tratamientos dentales.
“Otra historia completamente distinta sería cubrir a los adultos. Por desgracia hay muchísima patología y cubrir eso económicamente sería casi inviable”, señala Montero, que se ha mostrado escéptico ante la falta de concreción de la medida en el programa del PSOE. “Es tan sólo una frase, lo que muchas veces se traduce en un poco de demagogia. Luego articular esa frase dentro de unos presupuestos nacionales es difícil”, concluye.
En esa misma línea se muestran desde el Consejo General de Dentistas, que aplauden la propuesta siempre y cuando se lleve a cabo de una “manera coherente, razonada y planificada”. “Habría que aumentar los recursos material y humanos, multiplicando, como mínimo por 50, el número de dentistas e higienistas de la Sanidad Pública”, advierte Óscar Castro Reino, presidente de la organización. “Supondría un gasto de miles de millones de euros en tan sólo tres años”, añade.
