Cuatro días ha tardado la fiscal Carmen Launa en realizar su alegato final contra los acusados por el 'caso Bankia'. Se espera que la representante de la Fiscalía finalice hoy su exposición, tras 15 horas de intervención en la que sólo ha hablado ella.
Launa ya ha expuesto gran parte de lo acontecido en Bankia en la época en la que Rodrigo Rato fue presidente. No obstante, la fiscal aún tiene que justificar su acusación por falsedad contable con los resultados reformulados de la entidad.
El pasado miércoles acusó a Rató y a Francisco Verdú de haber orquestado las cuentas de 2011. Señaló que el interventor del banco, Sergio Durá, y al exresponsable de auditoría interna Miguel Ángel Soria, también trataron de "evitar la entrega de las tasaciones de activos inmobiliarios, de los inventarios y de los estados financieros".
Anticorrupción considera que esta estrategia se realizó para ocultar los deterioros latentes desde las construcción del SIP que dio lugar a BFA-Bankia y que la fiscal ya explicó en otras sesiones. Las pérdidas consolidadas de BFA en 2011 pasaron de 30 millones a 4.952 millones de euros, tras la reformulación de las cuentas. Por otro lado, el beneficio pasó de 309 millones de beneficio a pérdidas de 2.979 millones de euros.
La fiscal ha relatado que había una necesidad de provisiones a 31 de diciembre de 2011 de 1.484 millones de euros en Bankia y 700 millones en BFA.
Según por los testimonios recogidos por Launa, los inspectores del Banco de España trataron de hacer ver un déficit de 2.000 millones de euros. Estos deterioros no fueron incluidos en las cuentas de 2011 formuladas en marzo de 2012, sino que se recogieron en la reformulación de mayo.
Sin embargo, pese a ser conscientes de la realidad, tanto Rato como Verdú mantuvieron estas cuentas, por las que ahora se les acusa de estafa a inversores y falsedad contable.
Las penas
El Ministerio Fiscal pide ocho años y medio de cárcel para Rato, la pena mayor. Por debajo se encuentra la del exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas y el ex consejero delegado José Manuel Fernández Norniella, que se enfrentan a cinco y seis años de prisión, respectivamente.
El que fuera director de riesgos del grupo, Ildefonso Sánchez Barcoj, se enfrenta a dos años y medio de cárcel.
La acusación se hace extensible a otras diez personas -los propios Soria, Celma, Durá y Verdú, así como los exconsejeros del grupo con presencia en las comisiones de auditoría como el exministro del Interior Ángel Acebes- para los que solicita entre dos años y seis meses de prisión.
