Los lobbies vuelven a la agenda política (una vez más). El PSOE y Unidas Podemos han incluido en su acuerdo de Gobierno de coalición abordar "la regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia política, con registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas".
Por ahora, los grupos de presión no están sujetos a ninguna normativa para ejercer su actividad más allá de la autorregulación. Los pasos más relevantes que se han dado en los últimos años son el registro voluntario de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los impulsados por los gobiernos autonómicos. Con la propuesta de Sánchez e Iglesias, el registro pasaría a ser obligatorio.
Según se desprende de la propuesta, los políticos también deberían hacer públicas las reuniones que mantienen con empresas, su contenido y la duración de las mismas, tal y como ya sucede en otros países donde sí existe una regulación clara sobre una actividad cada vez más en boga.
Lobbies
En pocas palabras, el lobby es la representación de los intereses particulares de una empresa ante los reguladores. Las compañías encargan a los lobistas que defiendan sus intereses ante los poderes públicos para tratar de conseguir una regulación favorable.
Para conseguirlo, los lobbies se encargan de 'traducir' para la clase política los intereses de sus clientes, generalmente grandes empresas y asociaciones. Por ejemplo, si el Gobierno anuncia una tasa para las bebidas azucaradas, una empresa de refrescos con una fuerte presencia en ese segmento de mercado puede contratar un lobby para gestionar la aprobación del citado impuesto y tratar de diluir (o eliminar) su impacto.
Pese a las connotaciones negativas que tiene la palabra lobby, muchas veces asociada a prácticas oscuras, lo cierto es que es el propio sector el que más veces ha reclamado la regulación de su actividad para, entre otras cosas, ayudar a explicar a qué se dedican exactamente y ofrecer una imagen de profesionalización.
A este respecto, cabe recordar que la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) hizo hace unos años una propuesta de regulación del sector. "APRI lleva desde el año 2007 reclamando la regulación del sector en línea con los principales estándares europeos que contemplan la creación de un registro de grupos de interés para hacer más transparentes las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública", señala la asociación en su web.
Sea como fuere, esta no es la primera vez que se aborda este tema en España. Ciudadanos ya propuso incluirlos en la Ley de Transparencia y el PP llevó al Congreso de los Diputados hace dos años una propuesta que finalmente quedó en nada.
