Los empleados públicos cobran 7,7 euros más por cada hora trabajada que los trabajadores del sector privado. En concreto, en 2021 los ocupados de ambos sectores trabajaron una media de 35 horas semanales, pero los salarios medios no fueron homogéneos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los últimos datos salariales publicados por el Instituto, que hacen referencia al año 2020, reflejan que mientras los funcionarios cobran un media de 2.885 euros mensuales, el sueldo medio en el sector privado es de 1.819 euros al mes. En este sentido, si se toman como referencia estos salarios medios, los empleados públicos cobran 20,6 euros por hora trabajada, frente a los 12,9 euros del sector privado.
La brecha entre los salarios públicos y privados se ha ido agrandando con los años y alcanza ya los 1.000 euros de media al mes. Esta diferencia es especialmente significativa en este momento, cuando la inflación se encuentra en niveles récord de hace tres décadas y amenaza el poder adquisitivo de los españoles. Gobierno, empresarios y sindicatos negocian ahora la fórmula para subir salarios sin provocar una espiral inflacionista.
Los sindicatos reclaman una subida cercana al 5% para que las rentas no pierdan poder adquisitivo; frente a la patronal, que apunta a la pérdida de productividad que esto supondría, además de que amenazaría con convertir el problema de la inflación en estructural.
El Gobierno, por su parte, pide cautela y aboga por un pacto de rentas para repartir el impacto de la subida de precios. El Banco de España también reclamó este martes un pacto de rentas entre trabajadores y empresarios "en el que todos acabarán ganando en el medio plazo, pero en el que todos han de asumir una pérdida en el corto plazo".
Los salarios públicos crecen más que los privados
El INE explica que los factores fundamentales que influyen en las diferencias del salario medio entre ambos sectores vienen explicados por la diferente estructura ocupacional, el mayor peso de los trabajadores con estudios superiores, la menor proporción del empleo a tiempo parcial y la mayor antigüedad en el sector público.
Sin embargo, la brecha ha ido creciendo a lo largo de los años: mientras en 2015 los funcionarios cobraban 866 euros más que los empleados del sector público, la cifra ascendió en 2020 a 1.066 euros. Es decir, que la brecha ha crecido en 200 euros en apenas cinco años. Esto se debe a que aunque el sector privado también ha aumentado los salarios en estos cinco años, apenas han crecido 100 euros entre 2015 y 2020, frente a los 300 euros de subida del sector público.
La tendencia salarial público-privada coincide, también, con la contratación récord experimentada en los últimos años en el sector público con motivo de la pandemia. A cierre de 2021 había 3,47 millones de empleados públicos, aunque las horas trabajadas totales fueron inferiores a las registradas antes de la pandemia. Teniendo en cuenta esta cifra de empleo, la brecha entre los salarios de los funcionarios y de los trabajadores del sector privado supone un sobrecoste próximo a los 45.000 millones de euros en términos de gasto público.
La brecha salarial entre sectores no es algo propio únicamente de España, pero sí contrasta con los modelos de otros países como Suiza o Dinamarca, donde apenas existen estas diferencias. En Dinamarca, por ejemplo, la remuneración media salarial en el sector público fue en 2018 de 5.730 dólares y, en el privado, de 5.897, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (ILO).
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) menciona precisamente a estos dos países como ejemplos a seguir en términos de eficiencia del gasto público en un informe publicado recientemente. Según el IEE, España podría reducir su gasto público en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios si lograra mejorar su eficiencia hasta alcanzar niveles similares a los de la OCDE. En términos absolutos, hay un margen de mejora de 60.000 millones de euros, calculan los expertos.
Además, el IEE apuesta en otro informe previo por una mayor externalización por parte del sector público español para mejorar su eficiencia. "La externalización de determinados bienes y/o servicios permite a las Administraciones que los contratan aprovechar la mayor especialización y eficiencia de las empresas que los ofrecen, lo que debería trasladarse a una mayor calidad en los servicios prestados, junto con un ahorro de coste para la Administración, favorecido por las economías de escala que proporciona", señala.
Además, el servicio de estudios de la CEOE añade en este informe que "la externalización de determinados servicios introduce una mayor flexibilidad, permitiendo respuestas más ágiles frente a una demanda puntual, específica o cambiante". Así, "la principal ventaja en este ámbito es el ahorro de costes derivado de la gestión de la subactividad", sentencia.
