El Ministerio de Hacienda se debate entre tomar el camino más fácil e incluir el impuesto a grandes fortunas como una enmienda a la proposición de ley a banca y energéticas que tramita el Congreso o llevarlo como proyecto de ley. Desde la Secretaría de Estado de Hacienda se plantea esta última opción, la más garantista para un impuesto contra el que las comunidades autónomas gobernadas por el PP ya han anunciado una catarata de recursos ante el Tribunal Constitucional.
Se trata precisamente de la fórmula que se desechó para los nuevos impuestos a banca y energéticas, como informó Vozpópuli el 11 de julio, para saltarse al Consejo de Estado y a otros organismos, una vía exprés que además ha permitido que registraran la norma en la Cámara Baja los grupos de PSOE y Podemos, un gesto político y una forma de acelerar unos impuestos que deben estar en vigor en enero.
Una ley no orgánica que crea un impuesto como la que se perfila en principio no necesitaría ser examinada por el Consejo de Estado, su dictamen no sería preceptivo (obligatorio), pero sí que es facultativo, es decir, el Gobierno puede pedirlo y es aconsejable que lo haga para mejorar el texto.
Sin embargo, los juristas a los que ha consultado Vozpópuli trasladan que en este caso sí se necesitaría de informe obligatorio del máximo órgano consultivo al tratarse de un impuesto que recentraliza competencias de las comunidades autónomas y que asume el espacio del Impuesto de Patrimonio. A la espera de ver el detalle de la norma, creen que necesitaría del citado dictamen si la aprobara el Consejo de Ministros.
El Gobierno no está obligado a incorporar las observaciones del Consejo de Estado pero es recomendable que las tenga en cuenta, al menos algunas de ellas, para mejorar las leyes y blindarse de pleitos.
Impuesto permanente
Cuestión diferente es que una reforma de este tipo necesita de una ley orgánica, como venía planteando la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando ERC proponía desde 2020 una recentralización del Impuesto de Patrimonio como la que ahora prepara el Fisco, una armonización por la puerta de atrás, que entonces rechazaba.
Así lo reconoce ahora mismo implícitamente Montero cuando responde a la petición de Podemos de que el impuesto sea permanente, lo que Hacienda no descarta en su debido momento, que ese camino debe seguirse dentro de la reforma de la financiación autonómica, es decir, con ley orgánica.
Preguntada por qué plazos prevé para la tramitación del impuesto a grandes fortunas en una entrevista con El Periódico de España, Montero se abría este domingo a que se incorpore en la proposición de ley de banca y energéticas. En su respuesta subraya que "el objetivo es que todas estas medidas estén en vigor el 1 de enero".
En el caso de banca y energéticas, la premura es mayor, ya que se prevé las empresas afectadas paguen el primer pago fraccionado, del 50% de la cuota, en febrero, y se declare el impuesto, que grava 2022, en septiembre.
Pero no hay tanta prisa con el impuesto a grandes fortunas previsto en 2023 y 2024 que deberá pagarse por primera vez en la primavera de 2024, como el de Patrimonio, junto con la Campaña de la Renta, y que se aplicará sobre el patrimonio de los contribuyentes el 31 de diciembre de 2023.
