El Brexit ya es oficial. El Reino Unido ha salido definitivamente de la Unión Europea (UE) en la madrugada de este sábado tras la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada, con todo lo que eso implica para los ciudadanos, las instituciones y las empresas. El futuro de Iberia es uno de los que más preocupa por su compleja estructura accionarial al formar parte del holding anglo-español IAG junto a sus 'hermanas' Vueling, British Airways, Aer Lingus y Level.
Las aerolíneas deben cumplir con los requisitos de propiedad y control marcados por la Comisión Europea, entre los que destaca la obligatoriedad de que más del 50% del capital social de la empresa esté en manos comunitarias. Este requisito es indispensable para mantener sus operaciones intactas una vez se haga efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
El hecho de que una compañía se considere europea no depende de dónde tiene su sede, sino de quién ostenta la propiedad y control de la compañía. Es decir, que las acciones pertenezcan a ciudadanos comunitarios y que cuenten con la mayoría de los derechos económicos.
Miguel Nieto, socio de Andersen Tax & Legal, explica a Vozpópuli que el hecho de que IAG cotice en Bolsa hace difícil identificar si sus acciones se encuentran o no mayoritariamente en manos comunitarias, como exige Bruselas. El experto explica que "la normativa de la UE permite el libre tráfico en los países miembros sólo a las empresas comunitarias, mientras que el resto tienen que operar bajo un convenio internacional con Bruselas".
El primer accionista del grupo es Qatar Airways con el 21% del capital, seguido de los fondos de inversión norteamericanos Capital Research, con más de un 10%, y Europacific Growth Fund (EUPAC), con un 5,2%; del británico Lansdowne Partners International, con un 4,1%; y de la gestora estadounidense Invesco Limited, una de las mayores del mundo, con un 2%.
Por eso el pasado año IAG prohibió las compras de paquetes accionariales de origen extracomunitario que pudieran poner en riesgo el control sobre el capital comunitario, un veto que se mantuvo durante meses y levantó hace apenas unas semanas. Además, el holding ha presentado los planes de contingencia con la titularidad del capital de cada aerolínea por separado, para no perjudicar el futuro operacional de ninguna de ellas.
En su plan de contingencia, la aerolínea se escudaba en que El Corte Inglés posee la totalidad de los derechos políticos de IB Opco (Iberia Líneas Aéreas) a través de Garanair, una filial del gigante de la distribución. Sin embargo, los derechos económicos están en manos de IAG, -con casi el 40% de las acciones en manos extracomunitarias, según la compañía- por lo que El Corte Inglés aseguró entonces que "no ostenta el control sobre IB Opco", desmontando la coartada de Iberia.
Desde IAG siempre han mantenido que sus compañías se ajustan a las exigencias de la UE. "En el mes de abril las aerolíneas de IAG presentaron sus planes sobre propiedad y control a las respectivas autoridades nacionales en España, Irlanda, Francia y Austria. Los reguladores de estos países confirmaron que los planes cumplen con la normativa aplicable sobre propiedad y control de la Unión Europea en caso de un Brexit sin acuerdo", aseguraron entonces.
Sin embargo, es Bruselas quien tiene la última palabra. Marta Guerrero, abogada del despacho Monlex, detalla a este medio que una posible solución sería sacar la participación del principal accionista de IAG, Qatar Airways, fuera del cómputo de propiedad no europea; bien porque la aerolínea redomiciliara su participación en Europa o porque IAG recompre su actual participación, elevando el peso de los accionistas comunitarios".
Un año para negociar
Frente a las dificultades que hubiera supuesto un Brexit 'duro' o sin acuerdo, la salida ordenada de la Unión Europea trae consigo un periodo transitorio -que comprende desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2020- para determinar los acuerdos comerciales que afectan a Reino Unido y, en este caso, al holding aéreo. Es decir, que a efectos prácticos, al menos hasta el próximo año no habrá ningún cambio en la operativa de la aerolínea.
Este periodo se podrá prorrogar dos años más si ambas partes así lo deciden. Marta Guerrero detalla que en ese tiempo se buscará "un acuerdo bilateral que reconozca el carácter intracomunitario de vuelos desde y hacia Reino Unido o un pacto con la consideración de accionistas británicos como comunitarios, situación que difícilmente podrá producirse".
Si tras el periodo de transición IAG no demuestra el 51% de capital comunitario y no se llega a un acuerdo bilateral, "las aerolíneas pertenecientes al holding podrán perder temporal o permanentemente sus licencias para operar dentro de la Unión Europea", apunta. Esto implicaría, entre otros, "una reducción del flujo del tráfico desde y hacia los aeropuertos de la red Aena", según Guerrero.
En el peor de los casos, según explica Miguel Nieto, si Reino Unido y la Unión Europea no llegaran a un acuerdo sobre las operaciones de las aerolíneas, "se debería establecer un convenio internacional" para regular el tráfico aéreo entre ambos países, como ocurre con el resto de compañías aéreas extracomunitarias -como es el caso de China- que operan en los países miembros.
Por nacionalidades, Reino Unido es el país que más turistas emite hacia los destinos turísticos de nuestro país, con el avión como principal medio de transporte. A su vez, un importante número de españoles viaja a la región británica por turismo o negocios. Según datos del gestor aeroportuario español Aena, el número de pasajeros que viajaron entre ambos países en 2019 superó los 44 millones, una cifra que refleja la importancia de las conexiones aéreas y su futuro.
