El Gobierno traslada la reforma laboral a la función pública: quienes no acepten la “movilidad geográfica”, es decir, el traslado, podrán ser despedidos. Así se desprende de la letra oficial de la reforma del sector público publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que incluye mayores recortes para los empleados públicos de los que anunció el Consejo de Ministros: además del recorte en las pagas extras y de sus días libres, los funcionarios que se pongan enfermos perderán parte de sus ingresos para “evitar el absentismo”. El objetivo –según el Boletín Oficial del Estado—es “ahorrar gastos de personal e incrementar la calidad y productividad del empleado”. El resultado es que la administración pública pasa a tener el mismo régimen que el que la reforma laboral de Rajoy introdujo en el sector privado.
La letra del BOE dicta que Hacienda establecerá criterios "vinculantes de movilidad y asignación de puestos" con los que el Ejecutivo podrá trasladar a los funcionarios y empleados públicos de unos puestos a otros. Según reza el decreto del Ejecutivo, el ministerio se reserva la capacidad de realizar traslados "para una asignación más eficiente y adecuada de los recursos humanos".
El texto aprobado por el Ejecutivo permitirá al Gobierno despedir a los empleados públicos que se nieguen a aceptar el traslado.
De igual modo, entre los recortes que se aplicarán a los funcionarios está el de rebajar la retribución que cobran si se ponen enfermos para –según afirma el texto publicado en el BOE—frenar el “elevado absentismo”. Durante los tres primeros días de enfermedad cobrarán la mitad de su retribución ordinaria y desde el cuarto y hasta el vigésimo día de baja percibirán el 75% de su retribución. Además, el Ejecutivo insta a autonomías y ayuntamientos a “adoptar medidas para reducir el absentismo de su personal”.
Los empleados públicos que cobren menos de 962 euros al mes conservan la extra de Navidad
Los recortes también van más allá cuando llegan al papel que cuando los anunció el Presidente Mariano Rajoy: el Gobierno no sólo suprime la extra de Navidad sino también “los complementos específicos” y las “pagas adicionales” que se perciben en ese mes para la mayoría de empleados públicos.
Sí seguirán cobrando la extra de Navidad los empleados públicos con un salario inferior a 962,1 euros al mes
Ese recorte se aplicará de una sola vez a final de año aunque el Gobierno admite la posibilidad de empezar a cobrarlo a partir del mes que viene de manera “prorrateada” en aquellos casos en los que los representantes de los trabajadores así lo acuerden mediante la negociación colectiva. De hecho, los jueces y fiscales verán como se les recorta ya mes a mes la parte proporcional a esa extra de Navidad.
A cambio, sí seguirán cobrando la extra de Navidad aquellos funcionarios que cobren menos de 962,1 euros al mes, es decir, aquellos cuyo salario no supere en 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional. En su caso, se les mantienen tanto la extra de diciembre como los complementos o pagas extraordinarias de ese mes.
Se suspenden los convenios colectivos
El gesto más significativo en la suspensión de derechos lo introduce un nuevo párrafo que se añade al Estatuto Básico del Empleado Público. En él, se afirma que los gobiernos podrán decretar la suspensión de los convenios colectivos y de los acuerdos firmados con los sindicatos cuando se produzca “una alteración sustancial de las circunstancias económicas”. La redacción de ese párrafo abre la puerta a dejar sin poder efectivo a los sindicatos y representantes de los trabajadores.
Unos recortes sin marcha atrás
El Gobierno ha hablado oficialmente de una “aplicación temporal” de estas medidas de recorte para los funcionarios. El BOE, de hecho, afirma que “tienen carácter temporal” y que “queda supeditada su vigencia a la subsistencia de la difícil coyuntura económica actual que afecta a la sostenibilidad de las cuentas públicas”.
Los recortes podrán mantenrse tras la crisis alegando "razones de interés público"
Sin embargo, los funcionarios subrayan que ese mismo Boletín Oficial del Estado introduce una frase que permitirá mantener los recortes más allá de la crisis, cuando afirma que también “quedan supeditada su vigencia a razones de interés público que hicieran necesaria su aplicación en el futuro”.
