Cataluña se encamina a convertirse a la primera comunidad autónoma española que regule los precios del alquiler. Los partidos independentistas catalanes y la coalición Comú Podem presentaron el miércoles una proposición de ley para controlar los precios, basada en una propuesta ideada por organizaciones asociativas lideradas por el Sindicat de Llogaters (conocido como el Sindicato de Inquilinos fuera de Cataluña).
"Cuando dijimos que regularíamos el precio del alquiler, no íbamos de farol", escribió ayer en Twitter Jaime Palomeras, al frente del sindicato que representa a inquilinos y heredero de los tiempos en los que la hoy alcaldesa Ada Colau encabezara la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. "Hoy registramos una proposición de ley con amplio apoyo parlamentario. Ahora hay que asegurarse de que entra en vigor y se extiende a todas partes", añadió.
La proposición presentada contempla declarar municipios en los que se regulará el precio del alquiler, en aquellos "que disponen de índice de referencia de precios en el que las rentas del alquiler han sufrido un incremento superior al veinte por ciento en el período comprendido entre los años 2014 y 2019, incluidos en el Área Metropolitana de Barcelona o con población superior a veinte mil habitantes".
La proposición "aumentará la litigiosidad entre propietarios e inquilinos", advierte la asociación Asval
La cuantía máxima de la renta que puede ser convenida en el momento de formalizar el contrato no podrá "sobrepasar el precio que hay que considerar como precio de referencia para el alquiler de una vivienda de características análogas, incrementado o minorado, como máximo, en un cinco por ciento".
La renta tampoco podrá sobrepasar "la consignada en el último contrato de arrendamiento, en el supuesto de que la vivienda haya sido arrendada dentro de los cinco años anteriores", con determinadas excepciones.
Los autores del texto proponen que se ejecute la regulación de los precios en dos fases, primero con la creación de un régimen excepcional de contención de rentas de alquiler aplicable en las zonas fijadas.
En una segunda fase, "más adelante, en un plazo breve que la disposición final primera de esta ley fija en nueve meses", se presentará por parte de la Generalitat "un proyecto de ley de regulación integral de los contratos de arrendamiento de bienes (...)".
Mayor litigiosidad
La propuesta presentada el miércoles ante el Parlament no ha sido bien recibida por fondos inmobiliarios y organizaciones que representan a los propietarios.
"El control de precios no favorece el mercado del alquiler, y genera inseguridad jurídica", subrayó en una conversación telefónica con este diario Beatriz Toribio, directora general de Asval. "Ya se ha probado en ciudades como Berlín y París y se ha demostrado que no da resultado, la solución debe ir por aportar mayor seguridad jurídica también a los propietarios", sostiene.
La proposición de ley presentada ayer miércoles "provocará un aumento de la litigiosidad entre inquilinos y propietarios", auguró. "Llegue o no finalmente a aprobarse, solo ya su presentación genera inquietud e inseguridad jurídica entre los propietarios", advirtió.
La propuesta para regular los precios del alquiler está firmada por representantes de JxCat, ERC, la CUP, y de Catalunya en Comú Podem, por lo que si se mantiene el apoyo de estos partidos al texto presentado, mayor aún en un posible contexto electoral, posiblemente sea aprobada en el Parlament.
