En plena negociación de la Unión Bancaria, Berlín no quiere dar más dinero, se planta y pretende que a partir de 2016 se impongan quitas a los bonistas senior de los bancos rescatados. En un mercado con mucha liquidez y las entidades más saneadas, nadie se acuerda del riesgo de quitas. ¿Pero qué pasaría si vuelven las turbulencias? Rajoy tiene una semana para intentar corregir esto y librarse de unas quitas que acarrearían un nuevo estigma para la banca española si se reproduce la crisis.
Alemania manda y ha impuesto su ley. Pese a que se pretendía que la Comisión Europea se convirtiese en el organismo que establece si una entidad necesita una recapitalización o incluso una liquidación, al final la idea se ha diluido y el poder de decisión lo retendrán los Estados, tal y como exigía Berlín. Un consejo compuesto por las respectivas autoridades nacionales de resolución, es decir los Frobs nacionales, será el que emita las recomendaciones de recapitalización o liquidación de entidades. Cuando esa propuesta implique un desembolso de fondos, entonces se precisará para su aprobación una mayoría de dos tercios, con el peso de los países a la hora de votar ponderado por el tamaño, lo cual significa que en la práctica Alemania junto a sus compañeros halcones de Finlandia y Holanda podrán bloquear cualquier decisión.
Una vez emitida la recomendación, la Comisión podrá aprobarla, modificarla o rechazarla. Sin embargo, otra vez se vuelve a rebajar el poder del Ejecutivo Europeo, porque si la Comisión considera que hay que modificar o rechazar la propuesta, ésta se pasará al Consejo Europeo, que tendrá la última palabra. E incluso así, por si acaso, el país afectado mantendrá el poder de veto cuando un rescate bancario requiera la inyección de fondos nacionales. O sea, que aunque se haya hecho la mayor concesión de soberanía desde el euro, a través de su decisiva influencia en los Consejos Europeos, Alemania seguirá dominando la escena europea en materia bancaria.
Muy pocos recursos
España ha cedido buena parte de su soberanía en uno de los principales brazos de la política económica: el control de las entidades financieras. Sin embargo, ¿significa eso que conseguirá el respaldo de los fondos europeos? Pues más bien parece que poco. El fondo de garantía paneuropeo se irá construyendo poco a poco con las aportaciones de los bancos privados, y el primer año se mutualizará un 10 por ciento, el segundo un 20, el tercero un 30, y así sucesivamente a un ritmo de un 10 por ciento al año, hasta que en el 2026 el cien por cien de los fondos estén disponibles por un montante aproximado de unos 55.000 millones.
Sin embargo, este fondo tiene una letra pequeña. Cualquier uso que se haga deberá consumir primero las cantidades puestas por los bancos del país en cuestión. Y muy probablemente luego se fije un límite a la cantidad de fondos comunes de los que se puede disponer, de forma que un solo Estado nunca fulmine todos los recursos.
Vistas las inyecciones necesitadas en los últimos años, esa porción de los 55.000 millones que podrá emplearse se antoja manifiestamente insuficiente si de verdad se reedita una crisis. Y pese a que se había barajado la opción de que el fondo de garantía pudiese tomar prestado de los 500.000 millones del Mecanismo de Rescate Europeo, de todo esto ahora nada se sabe. Simplemente se aparca. En definitiva, no se explicita qué ocurre si el fondo de garantía europeo no es suficiente...
¿Una cesión demasiado cara?
Aun habiendo cedido la supervisión del 95 por ciento de nuestro sistema bancario, no está nada claro que de verdad el nuevo fondo de garantía europeo vaya a asumir todo el coste de las recapitalizaciones de nuestras entidades. Lo lógico habría sido que, una vez se ha traspasado la responsabilidad de la supervisión, se trasladase también a Europa toda la carga de los desembolsos. Sería absolutamente indignante que un Estado entregue su soberanía, pero al mismo tiempo tenga que apechugar con la factura de algo que ya no controla y de lo que por lo tanto ya no es responsable. De mantenerse semejante esquema, en ningún caso se rompería el vínculo entre los Estados y las cuentas de los bancos, precisamente aquello que el presidente Mariano Rajoy considera tan esencial.
Mientras tanto, hasta que llegue el 2026, lo único medianamente claro es que se aplicará el modelo seguido en el rescate español. El Estado que lo precise pedirá la ayuda, recibirá la inyección de dinero y a cambio se someterá a un estricto programa plagado de condiciones. Pero Alemania no quiere apoquinar más dinero. Así que con el objeto de reducir la factura de cualquier rescate que se presente, Berlín ha exigido que a partir de 2016 los acreedores privados o bonistas senior encajen pérdidas, algo que no ha ocurrido en ningún rescate en Europa salvo en Dinamarca y Chipre.
¿Acaso no se acuerdan del desplome que provocó Dijjselbloem sobre los parqués cuando mentó la bicha de las quitas? Menos mal que el mercado no se ha tomado en serio la amenaza de que vaya a sufrirlas, pues ahora disfruta de la abundante liquidez provista por los bancos centrales y confía en que los bancos están más saneados. ¿Pero qué pasaría si surgen de nuevo las dudas? Con los tipos cerca de cero y un crecimiento anémico, las entidades no conceden crédito, no hacen negocio y, por consiguiente, apenas ganan dinero. En cualquier momento, se podría cuestionar de nuevo su rentabilidad y solvencia. Y llegado ese punto, a alguien en los mercados se le puede ocurrir leer la letra pequeña, recordar que puede encajar una quita y poner pies en polvorosa, provocando un pánico que volvería a distinguir entre el centro y la periferia, entre las entidades respaldadas por Estados solventes y las que no.
Aunque semejante perspectiva se pueda vislumbrar lejana, Rajoy tiene hasta la semana que viene para intentar enderezar esto. Los ministros de Finanzas europeos han convocado para el 18 de diciembre un Ecofin de urgencia que ultime todos los detalles, de forma que el Consejo de jefes de Estado pueda suscribirlo los días 19 y 20.
No obstante, como dicen los británicos, el diablo está en el detalle. Se han dado unas líneas generales, pero aún queda por concretar qué sucede si se acaban los fondos, qué condicionalidad se demandará, cómo se repartirán los votos y si tendrán más peso los Estados afectados, qué tipo de bancos entran y cuánto dinero ponen… Vamos, casi todo lo conflictivo.
