La mayoría de principales rescates que evalúa el Gobierno no tendrán que pasar por Bruselas. El Estado concederá ayudas directas a empresas estratégicas afectadas por la pandemia a través de su fondo de 10.000 millones de euros -que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero sólo se necesitará el visto bueno de la Comisión Europea en aquellas que superen los 250 millones de euros, tal y como informó Vozpópuli.
La normativa europea relativa a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía obliga a solicitar "una notificación separada de las ayudas individuales que superen el umbral de 250 millones de euros" y "evaluar si la financiación en el mercado o las medidas horizontales existentes para cubrir las necesidades de liquidez son insuficientes para garantizar la viabilidad del beneficiario".
De la misma forma, el Gobierno detalla en el acuerdo sobre el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, publicado en el BOE el pasado 24 de julio, que "las intervenciones superiores a 250 millones de euros por beneficiario serán objeto de notificación individualizada" en el contexto del actual brote de covid-19, eximiendo de esta obligación a las que estén por debajo de ese umbral.
Celsa, Duro Felguera o Barceló
Sin embargo, casi ninguna de las solicitudes de grandes empresas que hasta ahora se han hecho públicas alcanzan esa cifra. Por el momento, solo la supera el grupo Globalia (dueño de Air Europa), que demanda 400 millones de euros al Estado para recapitalizarse y sortear la quiebra técnica, tras la caída de la actividad turística por la pandemia.
Además de la aerolínea, la ingeniera asturiana Duro Felguera ha pedido una ayuda al Gobierno por cien millones de euros. La siderúrgica catalana Celsa también estudia acudir a un rescate público por 200 millones. Barceló también ha solicitado información sobre las condiciones de financiación a través de este fondo, pero la cuantía tampoco supera los 250 millones.
No obstante, estos grandes grupos en apuros sólo suman el 10% del total del fondo y, tal y como señalaron fuentes gubernamentales a Europa Press, ha habido más compañías que se han interesado en conocer las condiciones que deben cumplir para acogerse a esta ayuda. Así, es previsible que a medida que se agoten otras vías de financiación, aumenten las solicitudes a la SEPI.
Bruselas también estudiará que la ayuda sea "proporcionada". En este sentido, el importe "no puede superar el mínimo necesario para garantizar la viabilidad" de la empresa y "no debe ir más allá del restablecimiento de la estructura de capital previa a la pandemia, es decir, de la situación a 31 de diciembre de 2019".
Asesoramiento de bancos y bufetes
La SEPI, con la autorización del Consejo de Ministros desde el pasado 22 de septiembre, ha puesto en marcha una licitación valorada en 42 millones de euros dividida en dos lotes, el primero para buscar asesores económico-financieros y el segundo para fichar asesores jurídicos. El organismo no se atreve a precisar el número de empresas que van a necesitar ayuda, pero prevé que el número de solicitudes sea “importante” y alerta de la complejidad financiera y jurídica de los rescates.
Según fuentes de banca de inversión consultadas por este medio, la institución pública ya está contactando con banqueros y asesores para debatir qué tipo de financiación es la más adecuada para cada compañía. No obstante, el objetivo de SEPI es constituir un panel formado por hasta 20 asesores económicos y otros 20 jurídicos y, en función del tipo de operación y su complejidad, se escogerán a aquellos más especializados para cada asunto.
Los seleccionados se encargarán de dar cobertura al Consejo Gestor del fondo constituido por el vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco; la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen y el secretario general y del Consejo y director jurídico de SEPI, Javier Loriente.
