Además de afrontar gasto creciente en el pago de prestaciones, la Seguridad Social tiene que hacer frente a un reto demográfico que va más allá del envejecimiento: sólo un 42% de la población española trabaja y paga cotizaciones sociales para contribuir a las arcas del sistema de la Seguridad Social, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos a 2019.
El número de inactivos en España (mayores de 16 años que ni trabajan ni buscan empleo) ha vuelto a un batir récord y se sitúa a cierre de diciembre en 16,27 millones de personas (un 34% de la población).
De ellos, 6,47 millones son jubilados o prejubilados; 3,6 millones se dedican únicamente a las labores del hogares; 2,89 millones son estudiantes, 1,63 millones reciben alguna pensión distinta a la de jubilación (de viudedad, por ejemplo); 1,25 millones han sido declarados incapacitados permanentes, y 7.300 personas se dedican a hacer actividades de voluntariado no remuneradas.
Nunca antes España había contado con tantos jubilados ni con tantos estudiantes, mientras que el número de personas que se dedica a labores de hogar sigue bajando -a medida que las mujeres incrementan su presencia en el mercado laboral-, y se mantiene más o menos estable el número de perceptores de otras pensiones y el de aquellos que realizan trabajos sociales.
De los 46,79 millones de personas que viven en España, 16,27 millones son inactivos. De los restantes, 7,36 millones son menores de 16 años y por tanto no están en edad de trabajar; 3,19 millones de personas están en paro y 19,96 son trabajadores. Estos dos últimos constituyen lo que se denomina población activa.
De los trabajadores, 16,7 millones pertenecen al empleo privado (son asalariados de empresas o bien autónomos), mientras que 3,25 millones son funcionarios o empleados públicos con cargo a la Administración.
