Si alguien en el Gobierno de Pedro Sánchez está hablando claro sobre las tareas que le competen, esa figura la encarna la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. En sus diferentes apariciones en los medios de comunicación (las últimas en la Cadena Ser y en eldiario.es), no ha rehuido el debate en torno al futuro de la energía nuclear y, aunque no ha anunciado ninguna medida concreta, sus palabras no auguran un escenario esperanzador para este tipo de instalaciones. Por el momento, el sector prefiere mantener la prudencia y esperar acontecimientos.
Y eso es, precisamente, lo que no quiere hacer la ministra. "Lo más importante es no esperar a que las cosas ocurran y ya está", apuntó Ribera en la entrevista que concedió a la Cadena Ser, en referencia a que en los próximos años las siete centrales nucleares que operan en España alcanzaran el final de su vida útil, programada a 40 años.
La ministra, un auténtico referente en la transición energética y la lucha contra del cambio climático, señaló que la intención del Gobierno es adelantarse a los acontecimientos para que los procesos se sucedan de forma ordenada.
"No hay un plan de cierre de centrales, pero sí debe haber una capacidad de anticipación y de entendimiento de lo que está por venir", aseguró Ribera en otra entrevista publicada por eldiario.es. En sus diferentes intervenciones en los medios desde que forma parte del Gobierno, Ribera ha insistido en la necesidad de estudiar el impacto de un posible cierre, de la capacidad de cubrir el hueco que dejaría la energía nuclear con otras tecnologías y también la opinión de los ciudadanos.
El programa del PSOE
No obstante, en todos los casos la ministra insiste en remitirse al programa electoral del PSOE que, en lo referente a las plantas nucleares, apuesta por no prolongar su vida útil más allá de los 40 años, en confrontación con la posición que mantenía el Gobierno de Mariano Rajoy.
Es decir, el actual Ejecutivo está más centrado en los escenarios posteriores que en el debate en sí, que considera, por su parte, superado. A partir del próximo año, las operadoras de las centrales tendrán que empezar a tramitar las correspondientes autorizaciones en el caso de que quieran prolongar la vida de las plantas. Como sucediera en el caso de Garoña, el Consejo de Seguridad Nuclear llevará a cabo el preceptivo informe y será finalmente el Ejecutivo el que tenga la última palabra.
La estrategia del Gobierno tampoco será frenada por el argumento de los costes de cerrar las centrales, que en ocasiones ha sido esgrimido para defender su pervivencia más allá de los 40 años. "Nada apunta a que va a ser más barato cerrar más tarde que cerrar más pronto".
Estrategia definida
Una suerte similar correrán también el resto de instalaciones térmicas, a las que Ribera también se ha referido prácticamente en pasado. Así, la ministra habla de planes para auxiliar a las comarcas que viven de estas plantas cuando éstas dejen de funcionar.
Por el momento, el sector nuclear guarda un prudente silencio, a la espera de que el Gobierno tome sus primeras decisiones en firme. Las empresas lograron que el Gobierno de Rajoy redujera a un año el plazo para solicitar las licencias para prolongar la vida de las centrales esgrimiendo como argumento que la estrategia energética del Ejecutivo aún no estaba definida y este factor imposibilitaba tomar una decisión sin correr muchos riesgos. Cuando ha llegado el momento de esa definición, la suerte de las nucleares parece estar echada.
