La guerra que enfrenta a Cataluña con el resto de España no solo es política, ideológica, lingüística, sentimental o económica, sino que puede tomar derroteros insospechados. El campo de batalla puede trasladarse a, por ejemplo, las infraestructuras: a comienzos de 2010 el servicio autonómico de Cercanías Rodalies de Catalunya fue transferido a la Generalitat. El 1 de enero de 2011 se hizo lo propio con los trenes de Media Distancia. Ahora, dos años después de la primera cesión, Rodalies reconoce pérdidas en el ejercicio de 2011 por valor de 135,7 millones de euros, pero la Generalitat, cuyo próximo inquilino se dirimirá el domingo, no asumirá este déficit millonario.
Y no será otra sino Renfe Operadora -es decir, el Estado- la que cargue con los números rojos de los ferrocarriles catalanes. Así lo pone de manifiesto una auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que obliga a Renfe a incluir ese saldo negativo en los resultados del ejercicio actual. Un ejercicio que va camino del desastre, agravado por la contabilidad chapucera practicada por la anterior dirección socialista de la compañía estatal y por la cúpula actual, copada por el PP. Y es que hasta hace muy poco Renfe preveía obtener beneficios de 66 millones de euros este año; sin embargo, la cuenta de resultados de la empresa arroja pérdidas de 90 millones entre enero y septiembre pasados.
Cuando se tranfirieron Cercanías y MD a la Generalitat no hubo acuerdo sobre contrapartidas económicas.
¿Por qué ha de asumir una entidad pública nacional las pérdidas de otra compañía transferida a la Generalitat? Cuando se cedió la gestión de los Cercanías, primero, y de los trayectos de Media Distancia, al año siguiente, no hubo acuerdo sobre las contrapartidas económicas. “Queremos que nos traspasen todo lo transferible y un poco más", declaró en agosto de 2011 el actual consejero de Economía en funciones, Andreu Mas-Colell. Cataluña exige 4.000 millones de euros de inversiones y cambios legislativos que permitan, si el Gobierno catalán lo deseara, sustituir a Renfe por otro operador. Un ruego que tiene otra lectura: CiU y otras fuerzas nacionalistas quieren que la Comunidad pueda gestionar su propio proceso de liberalización ferroviaria, ajeno al que emprenderá Renfe Operadora en 2013. Una batalla inconclusa con mucha relación con otra lidia, la del concierto económico exigido por el president Artur Mas.
La guerra Renfe-Generalitat, que encubre otra de dimensiones mayores, cobró una nueva dimensión a principios de este mes tras las sanciones (nada menos que 125 multas) impuestas por el Govern al operador ferroviario. Cataluña culpa a Renfe de los continuos retrasos del servicio de Cercanías y trenes regionales ocurridos en septiembre.
Las transferencias costaron varias huelgas a Renfe convocadas por los sindicatos ferroviarios. Y el arranque del proceso liberalizador, anunciado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, se ha saldado con otros tantos paros, que aún no han terminado. “Cataluña puede abrirse al mercado todo cuanto quiera”, confía un dirigente sindical ferroviario. “Ya estamos cansados de contrarrestar los argumentos pro liberalizadores del tren, que no se sostienen. Francia y Alemania descartan empezar desde ya el proceso, y el Govern quiere imitar al Gobierno de Rajoy en lo peor. Perfecto, pero, ¿quién va a ser el listo que asuma unos Cercanías que pierden 135 kilos y que están fuertemente subvencionados? ¿Quién nos asegura que va a mantenerse esa Obligación de Servicio Público con las garantías actuales”?.
