Una de las medidas fiscales propuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez es la subida del Impuesto de Patrimonio en un punto porcentual para los que tengan más de 10 millones de euros, de forma que la última de las ocho bandas en las que se aplica este impuesto pasará de pagar un 2,5 a un 3,5%.
Con esta reforma, el Gobierno prevé incrementar su recaudación fiscal en 339 millones al año pero lo que no ha explicado es que para poder cumplirse esta estimación es preciso, por un lado, que se apruebe una ley antes del 31 de diciembre para permitir que el nuevo tipo empiece a funcionar el 1 de enero y, por otro, que todas las comunidades autónomas sigan esta norma, para lo que todas (menos cuatro) tendrían que modificar su legislación a este respecto.
Esto se debe a que el Impuesto sobre el Patrimonio está cedido a las comunidades así que cada una de ellas tiene libertad para regular el mínimo exento, el tipo impositivo, las deducciones y las bonificaciones, y todas han aprovechado esa posibilidad a excepción de Aragón, Castilla y León, Canarias y Castilla-La Mancha, en las que se replica sin cambios la norma estatal.
En el resto, sin embargo, hay muchísimas disparidades. Destaca entre ellas la Comunidad de Madrid, en la que el impuesto está bonificado al 100%, por lo que los grandes patrimonios no pagan ni un euro a la Hacienda autonómica, o La Rioja, donde se bonifica el 75%. En cuanto a la escala del gravamen, Cataluña es una de las comunidades en las que es más reducida (del 0,21 al 2,75%) mientras que Extremadura se sitúa en el extremo opuesto (del 0,3 al 3,75%).
Teniendo en cuenta que 2019 es un año de elecciones autonómicas, parece demasiado optimista pensar que las comunidades autónomas vayan a aceptar la idea de Sánchez y vayan a proponer una subida de impuestos, una decisión que pueden tomar libremente y que –de no ser adoptada de forma unánime- puede colocarlas en situación de desventaja competitiva a la hora de retener grandes patrimonios.
En Aragón, Castilla y León, Canarias y Castilla-La Mancha la modificación se aplicará de forma inmediata, siempre y cuando el Gobierno saque adelante la ley que necesita, pero en conjunto estas cuatro comunidades ingresarán por esta vía un total de 6 millones de euros adicionales, según cálculos del Ministerio de Hacienda recogidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Este organismo considera que la medida aportará “una pequeña cuantía” y dado que para ello es necesaria la aprobación de una ley antes de fin de año han decidido “no incorporar el efecto previsto” de esta reforma en su estimación de recaudación fiscal para 2019.
Necesidad de prorrogarlo
El Impuesto de Patrimonio se instauró en el año 1978 para gravar a los grandes capitales de forma complementaria al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y fue cedido a las comunidades autónomas. En 1991 se incorporó al sistema tributario con vocación de permanencia y con el objetivo de mejorar la redistribución de la riqueza.
Con la bonanza económica, en el año 2008 se aprobó un periodo de exención en el que el impuesto se bonificaba al 100%, que duró tres ejercicios fiscales (2008, 2009 y 2010), pero con la crisis económica se restableció de nuevo con la finalidad de lograr una recaudación adicional de forma temporal.
Sin embargo, desde entonces el Impuesto se ha ido prorrogando para los siguientes ejercicios con cada Ley de Presupuestos Generales del Estado, algo que Sánchez tendrá que hacer también con los de 2019.
