El Gobierno que resulte de las próximas elecciones tendrá varios frentes abiertos en materia de fondos europeos. El primero, cumplir la obligación que se autoimpuso el Ejecutivo de Pedro Sánchez de tener antes de 2024 adjudicados a sus destinatarios los 70.316 millones de euros incluidos en el Plan inicial, aprobado en abril de 2021 y cuyo plazo de ejecución finaliza a finales de 2026.
"Para conseguir un rápido impulso de la economía, el Plan de Recuperación prevé que las transferencias se movilicen antes de terminar 2023", defiende el Gobierno en la página web del Plan de Recuperación.
De momento, según los cálculos de Llorente y Cuenca (LLYC), aún faltan 13.629 millones por comprometer. Además, de lo que el Estado ya ha resuelto, 5.800 millones han quedado desiertos sólo en los fondos que gestiona el Estado (de las CCAA no se dispone información) y tendrán que encontrar un nuevo destino. Es uno de cada cuatro euros que adjudica el Estado.
En el último informe sobre el Plan de Recuperación, publicado esta semana, Llorente y Cuenca destalla que en lo que llevamos del año 2023, se ha producido una ralentización en el ritmo de compromiso de fondos (lanzamiento de convocatorias de subvenciones y licitaciones).
En 2021 se comprometieron 20.620 millones (casi todos en el segundo semestre, dado que el Plan se aprobó en el mes de abril); y en 2022, 12.856 millones en la primera parte del año y 15.540 millones en la segunda. Sin embargo, "el volumen de fondos comprometidos durante el primer semestre de 2023 ha bajado a sólo 7.770 millones", según LLYC.
Entre los motivos, la consultora destaca la prolongada negociación final de la adenda que presentó el Gobierno en junio para captar otros 94.000 millones y los trámites burocráticos que dependen de Bruselas, pero también los cambios organizativos en ministerios claves para la ejecución, como el Ministerio de Industria.
"Es factible comprometer lo que falta en el segundo semestre, pero el ritmo de lanzamiento de las convocatorias debería acelerarse respecto a la primera parte del año. En lo que queda de 2023, el Gobierno deberá comprometer prácticamente el doble que en el primer semestre, en un contexto que incluye el periodo electoral, el postelectoral, la necesaria dedicación ministerial a la presidencia del Consejo de Europa y la pausa veraniega del mes de agosto", comenta LLYC.
"Se puede prever que será complicado hacerlo pero, si lo que depende de la Comisión se desbloquea, y se mantiene una continuidad lógica en el cuerpo administrativo español, sea cual sea el escenario postelectoral, parece factible, siempre que exista voluntad política al respecto", añade.
Las otras tareas antes de 2024
Cumplir este compromiso no será la única tarea que tendrá el próximo Ejecutivo en materia de fondos europeos. Aún está pendiente la solicitud del cuarto pago, 10.000 millones de euros que debían haberse solicitado ya y que estarán supeditados a la evaluación que haga la Comisión Europea de la polémica reforma de pensiones.
Además, hay hitos y objetivos que no se han cumplido para el desbloqueo de este cuarto tramo, como la entrada en vigor de la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, que debía inicialmente cumplirse durante el cuarto trimestre de 2022 y ha quedado bloqueada en el Congreso por el anticipo electoral.
Una opción es que el Gobierno solicite este tramo en funciones, como trasladaban a finales de junio fuentes próximas a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Si se hace sin que todos los hitos se ajusten a lo marcado, existe la posibilidad de que la Comisión realice el primer pago "parcial" a España, es decir, que nos 'descuente' parte de los 10.000 millones por no haber cumplido con todo.
Hay que recordar que la Comisión Europea concretó una serie de sanciones millonarias para estos casos después de que el Tribunal de Cuentas de la UE se lo pidiera. Lo hizo, precisamente, tras analizar el caso de España y percibir que no cumplió totalmente uno de los hitos, pero Bruselas le transfirió el pago entero con el compromiso del Gobierno de mejorarlo.
La otra posibilidad es que finalmente el Gobierno actual deje pasar la solicitud y le toque hacerlo al próximo Ejecutivo. Entonces, se podría dar margen para modificar la reforma de las pensiones impulsada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y con la que el PP no está de acuerdo.
A la vez, el Gobierno que entre tendrá que seguir cumpliendo los hitos y objetivos marcados en el calendario para estas fechas, y que condicionarán el quinto pago, para el que ya vamos con retraso. Este pago, de 7.000 millones, estaba previsto que se solicitara en el segundo semestre de este año, cuando previsiblemente se pedirá el cuarto.
Por último, si el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, tomas las riendas, tendrá apenas un mes para negociar con Bruselas una modificación de las nuevas reformas e inversiones que Sánchez presentó en junio a Bruselas para captar otros 94.000 millones. La adenda debe pasar por los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) y entrar en vigor el 31 de diciembre como tarde.
