El Gobierno retrasa la presentación de la adenda del Plan de Recuperación a Bruselas y mantiene en la recámara estos préstamos UE para financiar anuncios electorales como el de la vivienda. El foco está puesto en las medidas para paliar los efectos de la inflación, cuando el precio de los alimentos sigue disparado. A la espera de conocer el IPC adelantado de abril, que coincide con el cierre del primer trimestre, Pedro Sánchez se reserva más medidas, como ha apuntado en el Congreso este miércoles.

El Ejecutivo se hace cargo de la situación, ha planteado. "El Gobierno está trabajando con todas sus fuerzas para amortiguar el impacto de la inflación. En la medida de sus posibilidades y sin tener competencias monetarias, está trabajando para proteger el impacto en los bolsillos de las familias" que está teniendo la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania. Así lo ha subrayado Sánchez poco antes de anunciar una nueva iniciativa de vivienda social que se financiará con fondos europeos.

Y ha insistido en que van a "comprometer todos los recursos necesarios para proteger a las familias, industrias y empresas" del impacto económico, antes de recordar que ya llevan "más de 45.000 millones de euros centrados en eso, en proteger a la gente, empresas e industrias". Cifra que engrosan los avales del ICO que se movilizan, ya que con los datos de ejecución de la IGAE, se situaría la ejecución en cerca de 20.000 millones por debajo.

El Real Decreto-ley con el último paquete de medidas, que aprobó el Consejo de Ministros el 27 de diciembre, extiende las ayudas hasta junio e, incluso, diciembre, pero ya fija un primer hito, mayo, de evaluación de su eficacia. Precisamente para la rebaja del IVA de alimentos establece que podría finalizar en mayo si la inflación subyacente se situara por debajo del 5,5%. Al contrario, el indicador de los alimentos está disparado al 7,5%, pero este plazo ya sitúa un momento para analizar su eficacia y plantear medidas adicionales.

Otro de los mensajes en los que el presidente ha incidido ha sido en que España es "el único país que ha recibido un tercer pago de fondos europeos". Y es que España es el Estado más aventajado en la negociación con Bruselas de los tramos del plan y en el manejo de los tiempos. Ahora mismo está pendiente la petición del cuarto tramo, con la reforma de las pensiones, cuya aprobación se ha retrasado hasta marzo, en el objetivo, y la adenda.

Cuenta atrás para la adenda

La adenda permitirá movilizar 7.700 millones de euros adicionales en transferencias y hasta 84.000 millones de euros en préstamos, además de 2.600 millones para reducir la dependencia energética de Rusia, bajo el paraguas del mecanismo RepowerEU. Para ello, la adenda recoge un conjunto adicional de inversiones y reformas dirigidas a profundizar y ampliar el impacto económico estructural del Plan de Recuperación en la economía española, adaptado a las necesidades del entorno económico y geopolítico actual.

Esta última parte del Plan se anunció en un primer momento para la primavera de 2022; luego se retrasó a la vuelta del verano y a finales de año se fiaba para las "próximas semanas". Al ser preguntados por este asunto, desde el Ministerio de Economía utilizan la misma referencia temporal: aseguran que la adenda se enviará en "las próximas semanas".

De esta forma, el envío de la propuesta del Gobierno para enmendar su Plan de Recuperación y recibir más fondos se ha ido retrasando en el tiempo. La presentación oficial se hizo ya en diciembre de 2022, un periodo en el que inicialmente se esperaba que se hiciera formal la propuesta. En todo caso, el plazo máximo recomendado por Bruselas es el 30 de abril, aunque es indicativo, no obligatorio.

El límite legal marcado por la Comisión Europea para la presentación del Plan modificado con una solicitud de préstamo es, en realidad, el 31 de agosto. "Después no habrá garantías de que el proceso de evaluación y adopción pueda concluir a tiempo para la firma de los acuerdos de financiación y/o préstamo. En tal caso, el Estado miembro corre el riesgo de perder el 30% de su asignación de subvención y su acceso a los préstamos", señala Bruselas.

La mayor parte de los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales se destinarán a reforzar los 11 PERTE ya en marcha y al lanzamiento de un nuevo proyecto estratégico. En total, España reforzará los proyectos estratégicos destinándoles más de 26.300 millones de recursos públicos adicionales, provenientes de las transferencias y de los préstamos asociados a la adenda.

España movilizará el total de préstamos a los que puede acceder, hasta 84.000 millones de euros, que se canalizarán a través de préstamos mediante 12 fondos, destinados al tejido productivo y proyectos regionales. Los préstamos permitirán reforzar los fondos ya existentes de apoyo empresarial y crear nuevos instrumentos financieros para sostener el esfuerzo de inversión pública y privada y mantener el impacto contracíclico y de apoyo a la estabilidad macroeconómica, financiera y fiscal.

Los préstamos procedentes de la Comisión Europea dan acceso a una financiación sostenida a un menor tipo de interés que la obtenida por el Tesoro Público y con plazos largos de amortización. Según detallan desde el Ministerio de Economía, los 4.000 millones de euros serán una nueva línea dedicada a financiar la construcción de vivienda pública. 

Los 4.000 millones para vivienda 

Los 4.000 millones de euros vía ICO procedentes de fondos europeos para liberar 43.000 viviendas con el fin de destinarlas al alquiler "asequible" se enmarcará dentro de las actuaciones del Componente 2 del PRTR, dedicado a la "Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana". En el Plan de Recuperación, tal y como está plateado ahora, ya hay precedentes en este sentido. 

En concreto, hay un Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes que "pretende incrementar el parque público de viviendas destinadas al alquiler social o a precio asequible con altos estándares de eficiencia energética, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción o la rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda sobre terrenos de titularidad pública", según detalla el Ministerio de Transportes. 

Este programa está dotado con 1.000 millones de fondos UE para habilitar 20.000 viviendas nuevas en alquiler social antes del segundo trimestre de 2026. El plan es transferir los fondos a las CCAA entre 2022 y 2023 en proporción al número de hogares de cada región. El requisito, igual que el de las nuevas viviendas anunciadas por Sánchez, es que se destine a alquiler social durante al menos 50 años. En este caso la ayuda aportada es de hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda con un máximo de 50.000 euros por vivienda. 

El Gobierno ya avanzó el pasado diciembre que las empresas y los autónomos podrán contar con hasta 15.000 millones de euros en préstamos, canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para facilitar las inversiones en energías renovables, eficiencia energética y economía circular, lo que permitirá también consolidar el desarrollo de las finanzas sostenibles en España.

De esta forma, se apoyará a las empresas en su adaptación al nuevo marco de sostenibilidad de la economía, y en el refuerzo de su competitividad y acceso a nuevos mercados. Es aquí donde se situaría la promoción de viviendas para el alquiler anunciada este miércoles. También se prevé la creación de instrumentos financieros para apoyar inversiones sociales y en el ámbito audiovisual.

• Tags
• Elecciones
• Fondos europeos
• Pedro Sánchez
• vivienda