Al menos el 55% de inversores privados. La obligación que impone el Memorándum de Entendimiento (MOU, en inglés) para conformar el accionariado del banco malo ha obligado al Gobierno a preparar toda una batería de rebajas fiscales para evitar la sequía de inversores en la Sareb. Incluso se pretenden eliminar algunos tributos, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITT) y de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para captar a esos grandes fondos, principalmente internacionales, que no parecen muy interesados en entrar en la sociedad de gestión de activos.
"A pesar de todas estas ventajas fiscales apenas habrá entrada de inversores foráneos en la sociedad. Los primeros contactos no han resultado muy alentadores", explican de forma unánime varias fuentes del sector. Estas voces explican que los fondos buitre sólo se plantean una operación a partir de una rentabilidad mínima anual del 25% y ni siquiera la alfombra roja que prepara el Gobierno cubre ese umbral.
Los planes del Gobierno pasan por reducir a la mínima expresión la carga impositiva por su participación en los Fondos de Activos Bancarios (FAB), los subfondos en los que se dividirán los distintos tipos de activos tóxicos que tiene la banca nacionalizada y en apuros en sus balances. Según las enmiendas presentadas por el PP al último decreto de reforma financiera, aprobado el pasado 31 de agosto, los inversores que participen en esta sociedad y en los fondos que ésta constituya tributarán como una Sicav. Eso supone que sus beneficios abonarán el 1% del Impuesto de Sociedades y que sus reembolsos lo harán al tipo de tributación general en el caso de las personas jurídicas.
Ni siquiera estas rebajas fiscales alcanzan el umbral mínimo de rentabilidad del 25% que exigen los fondos buitre para entrar en una operación
En caso de prosperar las enmiendas, que cuentan con el apoyo mayoritario del partido del Gobierno en el Congreso, todos los movimientos de activos inmobiliarios en el entorno del banco malo estarán exentos del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, lo que supone una media del 8% sobre el valor de cada inmueble en cada traspaso. Estas medidas ya se adoptaron con Bankia cuando creó su particular banco malo.
En este sentido, la nueva normativa que introducirá las enmiendas carga contra el comprador final del paquete de activos de la FAB el pago de estos dos impuestos, con lo que el ahorro para el banco malo (y su consiguiente traducción en rentabilidad para los inversores) será muy importante. Por tanto, todos los movimientos de activos que se produzcan de forma interna en la Sareb estarán exentos de tributación.
El Gobierno quiere eliminar el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados. Ambos suponen una media del 8% sobre el valor de cada inmueble traspasado
Además, la reglamentación permite retrasar hasta el momento de venta definitiva el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. En este caso, y pese a ser un porcentaje sustancial sobre el valor catastral del inmueble, la Sareb y los FAB no se ahorrarán el pago sino que se transferirá al momento de la venta. Este impuesto es una de las bases de los ingresos de los ayuntamientos, con lo que les causaría un grave quebranto su eliminación si se tiene en cuenta que puede suponer hasta un 5% del valor catastral de más de 170.000 activos.
El Gobierno espera que este ventajoso paquete fiscal estimule la entrada de inversores foráneos. En paralelo, Antonio Carrascosa, director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), está manteniendo reuniones con los grandes banqueros españoles para intentar eliminar las reticencias de los principales grupos a convertirse en los accionistas de referencia de la Sareb.
