Las mutuas adscritas y financiadas por la Seguridad Social están recurriendo a agencias de detectives privados para perseguir el fraude y destapar estafas al sistema en lo relativo a bajas e incapacidades.
La última en hacerlo ha sido Ibermutua, especializada en el sector industrial y de la construcción, que ha sacado a concurso público una licitación para contratar a una agencia de detectives privados que le ofrezca un "servicio de investigación y seguimiento en el ámbito nacional que evite las situaciones de fraude en materia de prestaciones de la Seguridad Social que pudieran acontecer".
El contrato, de 95.760 euros al año, se extenderá durante todo 2020 y podrá ser prorrogado también en 2021. La Seguridad Social ha recibido ofertas de siete agencias de detectives. Según explican, su catálogo de servicios incluye seguimientos a la persona que está de baja para destapar posibles estafas.
Las pruebas recabadas por el detective se utilizan como pruebas que quedan reflejadas en un informe y son válidas ante los tribunales de justicia.
"Estas conductas originan muchas pérdidas económicas a las mutuas. Estas grandes empresas han tenido que ponerse las pilas en la protección de sus intereses pero lo cierto que es que los estafadores también se han reinventado y han agudizado su maldad para cometer todo tipo de estafas. Ante esta situación de picaresca, las agencias de detectives privados han entrado al juego y se han convertido en elementos claves de la tabla, haciendo que los estafadores tengan que ingeniárselas aún más cada dia", señala la agencia Arga.
Delito desde 2012
El delito de fraude de prestaciones de la Seguridad Social se tipificó en el año 2012 mediante la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, para proporcionar un tratamiento penal diferenciado de la obtención fraudulenta de ayudas y subvenciones y ofrecer una respuesta eficaz a los supuestos de fraude contra el patrimonio de la Seguridad Social.
Este delito se diferencia de otros en que no requiere una cuantía mínima para considerarse como tal y las penas van de seis meses a tres años. Puede ser por obtención o por prolongación indebida.
El Observatorio de la Seguridad Social
En junio del año pasado, el Ministerio de Trabajo creó el "Observatorio para luchar contra el fraude en la Seguridad Social", pero como adelantó Vozpópuli éste no contaba con ninguna dotación presupuestaria adicional, ni con nuevos trabajadores ni pretendía integrar los organismos clave en la lucha contra el fraude (como el SEPE o la Policía Nacional).
Fuentes de la Seguridad Social explicaron entonces que se financiaría con los recursos actuales de la Seguridad Social, a pesar de que continuamente organismos como el Tribunal de Cuentas o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estaban pidiendo que se redujera la carga de costes que tiene que asumir el Sistema para que pueda dedicarse únicamente al pago de pensiones (su gran gasto).
El actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y expresidente de la Airef, es partidario de aliviar los costes del sistema, por lo que habrá que ver la evolución de este Observatorio.
