El Gobierno intentará emplear sus propios recursos para recapitalizar los 19.000 millones que precisa Bankia. El Frob o Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria dispone de unos 5.000 millones, tiene que recuperar casi 2.000 millones de Banca Cívica y además está habilitado para emitir hasta 100.000 millones. Por otro lado, más adelante espera obtener fondos de las privatizaciones.
Por el momento, no se contempla que se inyecten títulos de deuda pública en el capital de las entidades a cambio de acciones. Este instrumento lo ideó el economista estadounidense Gregory Mankiw, y fuentes del Gobierno lo consideran una opción marginal. Permitiría contar con recursos sin tener que recabarlos del mercado y las entidades podrían intercambiarlos por liquidez en el BCE.
Pero el inconveniente principal reside en que los economistas alemanes se muestran cada vez más reacios a que el banco central acepte tantos colaterales españoles para prestar dinero. Creen que habría que aplicarles un descuento mucho mayor y por tanto conceder menos fondos a nuestras entidades.
Sobre todo porque se está depositando un activo susceptible de perder valor -un bono que cotiza en un mercado a la baja- por dinero bueno. De ahí que los expertos apunten que resultaría mejor inyectar bonos a cambio de activos inmobiliarios. Justo lo que se hizo en Irlanda y Alemania. De esta forma, se extirpa un activo problemático de la entidad por otro de más calidad y que de paso se puede llevar al BCE para lograr liquidez.
En cualquier caso, los inversores lo considerarían igualmente un incremento de la deuda, por lo que el Gobierno quiere intentar demostrar primero que puede arreglárselas solo. Si el Ejecutivo consigue atajar las dificultades de Bankia por sus propios medios, habría dado un paso de gigante en la reordenación de sistema financiero español, pues según el diagnóstico que hizo el FMI de nuestra banca la entidad ahora presidida por Goirigolzarri representa el mayor problema.
Fuentes de la UE comentan que también sería posible recurrir a los fondos europeos sin que ello conlleve condiciones como en otros salvamentos. La regulación de los flotadores de la eurozona se ha modificado para que un Estado pueda solicitar dinero para sanear su banca sin exigencias anexas.
De hecho, hace algunos meses el FMI -uno de los entes que pondría el dinero- reformó sus líneas de crédito con el fin de poder prestar sin que exista un programa de medidas, entre ellas se encuentra la Flexible Credit Line a uno o dos años con posibilidad de renovación y que no exige nada salvo una trayectoria de cumplimiento y buenos fundamentales económicos. También se ha establecido la Precautionary and Liquidity Line, la cual sólo entraña que el país aplique reformas para corregir los desequilibrios a posteriori.
Sin embargo, los analistas creen que existe un riesgo de que denote la incapacidad del país para captar los fondos, se simplifique y se acabe calificando de paso previo al rescate, lo que puede depender de si los tipos de interés impuestos son o no demasiado elevados. Al final, si las condiciones son excesivas se pierde el control y se termina como Grecia. En ese supuesto, los expertos también destacan que estas líneas de crédito suelen ahuyentar a los inversores porque son preferentes y en caso de default los acreedores oficiales son los primeros en cobrar.
El Gobierno opina que las cantidades que pueda arrojar la recapitalización bancaria son asumibles y se pueden conseguir. Sin embargo, ahora el mercado está cerrado y eso el Ejecutivo lo atribuye a la incertidumbre sobre el euro y no a las dudas sobre nuestra banca. El Gabinete de Rajoy explica que han adoptado todas las reformas posibles y que se continuará por ese camino. De modo que la responsabilidad para que la prima de riesgo se rebaje y así España pueda afrontar su limpieza del sistema financiero se sitúa allende nuestras fronteras, en Berlín.
