El Gobierno ha dejado para el principio de febrero la aprobación de medidas sociales como la subida del SMI y la paguilla de los funcionarios que va a validar en la antesala de las elecciones gallegas del 18 de febrero. Se prevé que el Consejo de Ministros les dé luz verde "muy próximamente", según fuentes del Ejecutivo, lo que se perfila para el próximo martes 6 de febrero o, incluso, el 13 de febrero.

Un periodo en el que el Ejecutivo va a exhibir que ha renunciado a aprobar una amnistía de máximos que exigía Junts y que intenta mantener la que intentó aprobar este martes porque tiene líneas rojas.

Este martes, Junts ha tumbado la ley de amnistía en el Congreso porque exige que incluya todos los delitos de terrorismo. El texto vuelve a la Comisión, que tiene un plazo de hasta un mes, prorrogable si no hay acuerdo.

Alfonso Rueda convocó las elecciones gallegas el jueves 21 de diciembre y el Ejecutivo aprobó el Real Decreto-ley de medidas anticrisis, que incluye la subida de las pensiones, justo una semana más tarde, el 27 de diciembre.

Sin embargo, la subida salarial de los funcionarios quedó aparcada y lo ha seguido hasta la última semana de febrero.

La subida del SMI se acordó el 12 de enero entre Gobierno y sindicatos a espaldas de CEOE y se aprueba en un Real Decreto que necesita un trámite de audiencia pública que acabó el pasado 23 de enero.

El Ministerio de Trabajo impulsaba además la mesa de negociación de la reducción de jornada sin recorte salarial. Una mesa que nace de una polémica medida del pacto de investidura entre el PSOE y Sumar a la que el Ministerio de Economía se opuso y que no urge, a diferencia de la reforma del subsidio de desempleo, de la que penden fondos europeos, y que tumbó el Congreso el 11 de enero.

Con todo, patronal y sindicatos han pedido al Gobierno que se retire de la mesa de la jornada, que prefieren negociar bilateralmente entre los dos afectados.

Los acuerdos

Además de la subida mínima obligada que debe realizar este año el Gobierno en los salarios públicos, del 2%, tiene que subirlos otro 0,5% adicional con efecto retroactivo a enero de 2023 porque el PIB nominal en 2023 fue una décima mayor al que aparece estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado.

"En 2023, si el incremento del PIB nominal fuera igual o superior al que aparece estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado, se aplicará una subida complementaria de un 0,5%. Este posible incremento complementario del año 2023, de carácter consolidable, tendría efectos de 1 de enero de 2023", reza el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado por Hacienda, UGT y CCOO en octubre del año pasado.

La Contabilidad Nacional publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se situó en 2023 en el 8,6%, frente al 8,5% previsto por el Gobierno. Esta previsión es posterior, pues en el proyecto de Presupuestos para 2023 lo situaba en el 6%. Esto obligará a la Administración Pública a llevar a cabo la subida salarial adicional del 0,5% con efectos desde 2023.

El incremento medio que verán en su nómina mensual será de 13 euros, pero al tratarse de una medida con efecto retroactivo a 1 de enero de 2023, también recibirán una 'paguilla' por los 15 meses anteriores que rondará los 200 euros, según ha publicado Vozpoópuli.

El salario medio en el sector público, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se situó en 2022 en los 34.025 euros anuales. Sobre esa base el Gobierno aplicó a principios de 2023 una subida del 2,5%, lo que habría elevado la cifra a los 34.872 euros.

Sin embargo, en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI los sindicatos pactaron con Hacienda que si "la suma de la variación del IPC armonizado del 2022 y de septiembre de 2023" superaba el 6%, se les subiría otro 0,5%. Esto ocurrió y en octubre cobraron la subida también con efecto retroactivo a 1 de enero.

El Gobierno cuenta con llevar el incremento base del 2% para este año en los Presupuestos de 2024, Cuentas ahora en entredicho por el retraso de la amnistía. Este alza, sin embargo, puede aprobarse de forma independiente.

En lo que respecta al SMI, Gobierno y sindicatos pactaron una subida del 5%, a 1.134 euros, a espaldas de los empresarios 12 de enero. La patronal se había retirado del acuerdo, días antes entre acusaciones al Gobierno de "chantaje".

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, avisó a CEOE antes de la reunión anterior de que si no firmaba una subida del 4%, acordarían con los sindicatos una subida "más ambiciosa" para 2024.

Rebaja fiscal condicionada

Si la subida del SMI se acordó el viernes 12 de enero, el lunes 15 Hacienda improvisó una rebaja del IRPF a rentas bajas que pretende minimizar el impacto de la subida del SMI para responder a Alberto Núñez Feijóo, que la había reclamado poco antes. Este alivio fiscal se aprobará junto con la subida del SMI.

Una rebaja que impactará en febrero para que quienes cobren entre los 15.000 euros que marca hasta ahora el umbral de no tributación y lo que supone el nuevo SMI de 1.134 euros en 14 pagas no tengan que declarar. 

Con la rebaja que ha anunciado Hacienda, ahora no pagará a partir de febrero. En enero, según el Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento del IRPF en materia de retenciones, mientras no esté en vigor, lo que no se espera hasta febrero, se aplica la normativa vigente a 1 de enero, con lo que los salarios y pensiones más bajos han pagado a Hacienda en enero.

Esto implica que los beneficiados por la subida del SMI no podrán disfrutar de la rebaja del IRPF de enero si se quiere que no presenten declaración, pero cabe suponer que Hacienda ideará un sistema para compensarles lo retenido de más en enero sin que tengan que declarar.

Su exención de pagar a partir de febrero aplicará siempre que no tenga dos pagadores o determinadas contingencias.

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