Gran malestar entre los socios de Pedro Sánchez y la mayoría de grupos parlamentarios por el estilo de negociación que sigue el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con el proyecto de planes de pensiones de empleo, que en estos momentos no tiene asegurado que salga adelante. El acuerdo que ha cerrado el propio ministro con Ciudadanos ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Se trata de un acuerdo que el Grupo Socialista trasladó que desconocía y que se cerró este martes una vez terminada la Ponencia, en la que el Grupo que apoya al Gobierno no había pactado nada y remitió el texto con todas las enmiendas vivas a la Comisión.
Esto significa que el pacto alcanzado poco después con Cs no tiene efecto objetivo por el momento. Y, en estos momentos, Podemos maniobra para introducir enmiendas, algunas de las cuales son contrarias a las que ha pactado el ministro con los naranjas, tónica que se sigue en el resto de grupos.
En el caso de BNG, formación que planteó el veto a la totalidad y su devolución al Gobierno, que secundaron la mayoría de socios de Sánchez y que no salió adelante gracias a PP, Cs y Vox, la línea roja está clara. Si no se configura un sistema completamente público como reclaman sus enmiendas, votará en contra.
La semana pasada, Escrivá buscaba el apoyo de Cs in extremis para salvar el proyecto, que se rompe entre las reivindicaciones de sus socios de que no haya rebajas fiscales y que sean completamente públicos; y las de PP, Cc y Vox, que reclaman rebajas fiscales y menor control estatal.
El PP vota en contra
Finalmente el acuerdo con Cs se produjo en la tarde del martes con una llamada del ministro, que aceptó que las empresas puedan deducirse el 10% de lo que aporten a planes de empleados con sueldo de hasta 27.000 euros y menos control estatal. En concreto, para modificar la regulación de la Comisión de control especial, se quiere exigir al menos 10 años de experiencia en la gestión de fondos o planes de pensiones y se evita que los miembros designados por el Gobierno tengan derecho a veto para determinadas decisiones.
El Grupo Popular ha trasladado que el Gobierno ya les había comunicado la aceptación de la propuesta de rebaja fiscal, pero también su rechazo a otra enmienda para aumentar las deducciones por aportaciones a planes de pensiones individuales como medida transitoria. Por ello, no se suman a un acuerdo y mantienen su oposición al proyecto.
Esta reforma está comprometida con Bruselas en el tercer tramo del Plan de Recuperación a cambio de 6.000 millones y debe estar lista antes del 30 de junio. Los planes de empleo que crea se quieren incluir en la negociación salarial como manera de elevar salarios sin ligar las alzas a la inflación, como se ha hecho en el preacuerdo de la Construcción, que sólo se concretará si el proyecto de ley se aprueba.
