Un informe de Standard & Poor’s da la razón al estudio de balanzas fiscales patrocinado por Hacienda y se la quita a la Generalitat de Cataluña. Sus conclusiones sostienen que Valencia, Andalucía y Madrid están infrafinanciadas en términos per capita y teniendo en cuenta que las competencias no son iguales en cada Comunidad. En cambio, de acuerdo con esta agencia de rating independiente, Cataluña no está peor financiada que la media (vea aquí la presentación del estudio).
Y a la luz de estos datos, S&P propone una reforma del sistema de financiación que sencillamente compense a las Autonomías que reciben menos recursos. Esto es, se ponen más fondos para que las que reciben menos que la media sean niveladas con el resto. Según las estimaciones de esta entidad, tal iniciativa precisaría la aportación adicional de 4.780 millones, a repartir entre Valencia (1.983 millones), Andalucía (1.362 millones), Madrid (1.041 millones), Murcia (307 millones), Baleares (69 millones) y Castilla La Mancha (18 millones).
Además, la agencia de rating calcula otras dos reformas posibles implantando el principio de ordinalidad, una exigencia de Cataluña que consiste en que las regiones más ricas no pierdan posiciones en la financiación después de haber entregar fondos a las más pobres: una a coste cero de recursos adicionales y otra sin que pierda fondos ninguna Comunidad. Para que ninguna pierda recursos, según S&P se necesitaría una financiación adicional de 21.500 millones de euros, una cantidad imposible de costear en medio de un contexto de restricción presupuestaria.
En cambio, de aplicarse la reforma de la financiación a coste cero, bajo el principio de ordinalidad la primera más beneficiada sería Madrid con un 11 por ciento más de recursos, seguida de Valencia y Cataluña con un 7 por ciento más y Baleares con un 6. Extremadura perdería un 18 por ciento, La Rioja un 16, Cantabria un 13 y Galicia y Castilla y León un 8.
El estudio de la agencia de calificación estadounidense también incide en el hecho de que cuatro Comunidades presentan una deuda como porcentaje de los ingresos operativos consolidados del entorno del 270 por ciento, unos niveles insostenibles y que en el mercado se consideran bono basura. Entre ellas se incluye a Cataluña, Valencia, Baleares y Castilla La Mancha. En el caso de Cataluña llama la atención que está financiada dentro de la media pero en cambio es la que acumula con mucho la mayor deuda sobre ingresos al alcanzar el 297 por ciento, una prueba de la mala gestión de la Generalitat durante los últimos años.
Por el contrario, Standard & Poor’s destaca que Valencia y Baleares cuentan con poco margen para ajustar sus presupuestos debido al explosivo cóctel de escasa financiación per cápita y alta carga financiera.
Tan pronto se conocieron los resultados del estudio de balanzas fiscales que presentó el profesor Ángel de la Fuente, el president Artur Mas los calificó de sospechosos. Pero ahora se puede comprobar que el informe de una agencia estadounidense no es tan diferente del respaldado por Hacienda.
El problema radica en que la Generalitat catalana busca confundir siempre el sistema de financiación con los saldos fiscales. El sistema de financiación debe medir si una Comunidad tiene unos recursos suficientes para proveer unos servicios o al menos en unos niveles similares al resto. En cambio, el saldo fiscal tan sólo refleja que unas Comunidades son más ricas que otras, no si los servicios están bien o mal financiados respecto a otras. Interesadamente, al Govern de Artur Mas le gusta destacar el saldo fiscal para afirmar sin rubor alguno que ése sería su dividendo fiscal fruto de la independencia. O lo que es lo mismo, el dinero de más que tendrían por separarse de España. Sin embargo, esos números de la Generalitat están artificialmente inflados y nunca cuentan todo el déficit en el que incurre el Estado central para costear las prestaciones por desempleo y las pensiones en Cataluña.
