El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se mantendrá en 2020 en 900 euros al mes con 14 pagas (12.600 euros al año), el mismo nivel que alcanzó por primera vez en el año 2019 después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aplicara la mayor subida de la historia (del 22,3%), desde los 735,9 euros al mes en los que estaba fijado en 2018.
Aunque el propio Sánchez había prometido de forma reiterada que subiría el SMI hasta 1.000 euros en el año 2020, fue cambiando paulatinamente su relato, como ya contó Vozpópuli, y sustituyó esta promesa por la voluntad de incrementar el salario mínimo hasta los 1.200 euros, pero no en 2020, sino de aquí al final de la legislatura -un horizonte que podría situarse dentro de cuatro años, en 2024-.
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, siempre ha trasladado el mensaje de que hasta cierre de año (y concretamente hasta la celebración del último Consejo de Ministros del año) había aún margen para hacer esta subida que el Gobierno había prometido a los sindicatos y que Unidas Podemos siempre ha reivindicado.
Sin embargo, el descontento de la patronal, el frenazo en la creación de empleo y el riesgo de que empeore la ralentización económica parecen haber disuadido al presidente en funciones de ejecutar una nueva subida para 2020.
Por su parte, los sindicatos, han confirmado a este medio que aceptarían una subida más tardía del SMI si el Gobierno a cambio les hace otras concesiones, como por ejemplo la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral.
La subida de 2019 fomentó la economía sumergida
Ya en 2019, cuando aprobó la subida a 900 euros, el presidente se ganó las críticas de todos los sectores. Patronal y sindicatos le reprochaban que se había saltado su acuerdo, ya que había acelerado la subida del SMI, mientras que instituciones como el Banco de España o distintos servicios de estudios le advirtieron de que una subida sin precedentes como esa destruiría puestos de trabajos (125.000, calculó el supervisor).
El Gobierno defiende que el alza del SMI no ha destruido empleo, pero sí reconoce que ha generado otros problemas como el trasvase al mercado negro de más de 13.000 empleadas del hogar, que antes estaban dadas de alta a la Seguridad Social cobrando el salario mínimo y que ahora han sido dadas de baja y han sido sustituidas por trabajadoras que cobran en negro.
A pesar de conocer el problema, el Ejecutivo se escuda en el derecho a la inviolabilidad del domicilio para argumentar que no puede hacer nada contra ese fraude, a pesar de que ese mismo derecho lo disfrutan las empresas, en las que la Inspección tampoco puede irrumpir sin disponer de una autorización judicial.
