El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como testigos a los coordinadores del equipo de supervisión del Banco Popular en el Banco Central Europeo (BCE) Ignacio Pardo y Carlo Giorgis, y ha pedido al organismo que suspenda la inmunidad y el secreto profesional de ambos.
En un auto fechado este martes, el juez que investiga a los dos últimos equipos gestores del banco antes de su resolución ha citado a los dos funcionarios para que presten declaración como coordinadores del equipo de supervisión del Banco Popular en relación con la información que obtuvieron en el ejercicio de sus funciones profesionales.
El pasado 1 de julio, el magistrado solicitó al BCE información de los equipos de seguimiento que supervisan el banco de forma permanente y de los equipos asignados a las inspecciones in situ (OSI on-site inspections).
Pero tres meses y medio después, el BCE no ha enviado la documentación solicitada, y únicamente le ha indicado al juez que "el Banco Popular lleva disuelto desde hace bastante tiempo y la solicitud apunta a periodos concretos, la recogida de los datos solicitados podría llevar algún tiempo”.
Para el magistrado, la tardanza del supervisor bancario europeo está generando un “evidente retraso” en la instrucción de la presente causa, sujeta a los plazos que prevé el artículo 342 la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El retraso es lo que llevado al juez instructor a citar directamente a quienes fueron los responsables de dichos equipos, para que aporten datos esenciales.
“Máxime cuando lo que solicitó el juzgado en su auto de 1 de julio, era básicamente la identidad de los miembros de ciertos equipos de supervisión. Por tanto, no se alcanza a entender que se necesite tanto tiempo para un trámite en apariencia sencillo”, señala Calama.
El retraso es lo que llevado al juez instructor a citar directamente a quienes fueron los responsables de dichos equipos, para que aporten datos esenciales para la instrucción de la causa dado el conocimiento exhaustivo que tenían sobre la situación del balance del Banco Popular, su modelo de negocio y gobernanza.
Calama pide la suspensión de la inmunidad
“Reiteramos que su testimonio devendrá relevante en materia de provisión de activos dudosos, refinanciaciones y gestión de activos adjudicados, incluyendo las tasaciones de las garantías inmobiliarias. También, en materia de liquidez”, añade el juez.
Por ello, Calama pide al BCE, a través del Banco de España, que suspenda la inmunidad de ambos y, tras ello, les autorice a revelar la información que como miembros del equipo de supervisión obtuvieron en el ejercicio de sus funciones profesionales.
El testimonio de los citados inspectores "no comprometerá ni los intereses de la Unión Europea (UE) ni los del BCE. El procedimiento que estamos instruyendo es de naturaleza penal e investiga hechos relacionados con la gestión del Banco Popular. A nuestro juicio, el BCE debe ponderar que dicha entidad fue resuelta en junio de 2017 y, posteriormente, perdió su personalidad jurídica”, concluye el juez.
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular.
“Después de más de cuatro años -desde que se resolvió el banco- es difícil imaginar que dicho testimonio pueda dañar los intereses de la UE o del BCE”, agrega.
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.
