Las miradas del taxi están puestas en el próximo 14 de septiembre. Ese día, el Gobierno habilitará a las Comunidades Autónomas para que puedan asumir las competencias de regular las licencias de vehículo de alquiler con conductor (VTC), aquellas que utilizan para operar empresas como Uber y Cabify. Un paso previo para que estas competencias lleguen a manos de los ayuntamientos.
Una de las principales exigencias de los taxistas. Pero, pese a esta concesión, el problema no está solucionado para el sector. La justicia continuará otorgando licencias que se solicitaron en la etapa en la que el sector estaba desregulado. Y, de nuevo, el gran protagonista de este hecho será Madrid. Según confirman fuentes cercanas a este conflicto, la Comunidad de Madrid tendrá que otorgar en los próximos meses 2.700 licencias VTC procedentes de sentencias judiciales.
Porque este proceso golpea la otra gran exigencia del taxi, que se cumpla el ratio de un VTC por cada 30 taxis. Y en Madrid ese ratio está muy lejos de cumplirse y los estará aún más en los próximos meses. En la actualidad, la Comunidad de Madrid tiene un VTC por cada 3,2 taxis. La llegada de estas nuevas licencias recortaría este ratio hasta el 1/2.
Por lo tanto, el trabajo que tiene que hacer tanto la Administración que preside Ángel Garrido, como la que preside Manuela Carmena, roza la 'misión imposible' para contentar la exigencia de sus cerca de 15.400 trabajadores del taxi.
La Comunidad de Madrid tiene un VTC por cada 3,2 taxis. La llegada de estas nuevas licencias recortaría este ratio hasta el 1/2
Sin duda, será la comunidad con mayor dificultades para cumplir el 1/30, si finalmente asume las competencias que le ofrecerá el Gobierno en septiembre. De las más de 7.000 licencias de VTC que hay en España, 4.800 están la Comunidad de Madrid.
De ellas, 4.100, el 85%, han sido concedidas a través de sentencias judiciales, según han confirmado fuentes cercanas a la Comunidad de Madrid. Si se suman las 2.700 que asoman por la puerta, el número de licencias VTC se elevará hasta las 7.500 y el porcentaje de estos permisos que han llegado por petición de la justicia se eleva hasta el 90%.
¿Por qué la justicia obliga a dar licencias VTC?
Este proceso se traslada a la Ley Ónmibus del Gobierno de Zapatero, que en diciembre de 2009 liberalizó el sector. Una liberación que por entonces no provocaba ningún problema entre taxistas y otros conductores. Pero la irrupción de Uber y Cabify provocó las quejas de esta normativa por parte del sector del taxi.
La resolución fue que en julio de 2013, ya con el Ejecutivo de Rajoy, se llevó a cabo una modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) para volver a fijar esa limitación de una VTC por cada 30 taxis, que era la que imperaba antes de Ley Ónmibus.
En noviembre de 2015, la LOTT se completa con el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, o ROTT. La intervención de la justicia en este conflicto tiene que ver con las licencias de VTC que se solicitaron entre la LOTT y la ROTT, donde en esos momentos había un limbo legal.
La Comunidad de Madrid continuó negándose a otorgar nuevas licencias. Pero la demanda de VTCs se disparó por el elevado volumen de negocio que ofrecía la capital. Y el conflicto llegó a manos de la justicia que terminó dando la razón a aquellas peticiones y ahora sus licencias tiene el 'sello' judicial.
La doble licencia de Barcelona que también quiere Madrid
La esperanza de los taxistas para que las competencias de las VTC tiene un motivo. Barcelona les marcó el camino. La Área Metropolitana de Barcelona (AMB) puso en marcha un reglamento que, a parte de la licencia VTC, los conductores de empresas como Uber y Cabify tenía que solicitar a la administración local una segunda autorización.
Un permiso que se otorgaría respetando el ratio de una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi. Un escenario perfecto para poder quitar validez a los permisos que se habían dado hasta entonces y lograr el equilibrio que pretenden los taxistas. Esta medida ha sido respaldad por el Ayuntamiento de Madrid y es lo que abre la esperanza, ya que entre ambas ciudades suman cerca del 70% de las licencias VTC del país.
Pero este reglamento no convence a la justicia. El Tribunal Superior de Justica de Cataluña (TSJC) decidió suspender este reglamento de Barcelona, por petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo considera que la Administración municipal carecía de competencias para ello, y de que el reglamento suponía en la práctica revocar licencias de VTC ya concedidas. Un conflicto que puede volver a reabrirse en septiembre.
